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Si bien el Gobierno despejó las dudas y aseguró esta semana que dará continuidad a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) –donde permanecen concentrados excombatientes de las antiguas Farc y cuya figura jurídica finalizaba hoy–, no deja de generar preocupación entre sus inquilinos el anuncio de que 11 de ellos serán susceptibles de traslado. Este jueves, la Farc en Antioquia expresó reparos y advirtió que eventuales “desmantelamientos” abrirían el espacio “para el retorno de la guerra”.
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A través de un comunicado, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), a través de su Consejo Departamental de los Comunes, salió en defensa de los cuatro ETCR que permanecen en la región en las poblaciones de Dabeiba, Anorí, Remedios e Ituango (estos dos últimos en estudio de reubicación) y aseguró que desde allí han cumplido con lo pactado alrededor del Acuerdo de Paz.
“Reivindicamos más apoyo para los Espacios Colectivos de Reincorporación y no su cierre. Insistimos, desmantelarlos es un grave error, que abrirá más el espacio para el retorno de la guerra, de esto no tenemos dudas”, manifestó la Farc en Antioquia.
En esa línea, rechazó lo dicho por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien se opuso a la continuidad de los ETCR y dijo que son territorios que “están llenos de coca”, donde no pueden acceder los habitantes y en los que se han establecido “zonas de control de interés criminal”, según declaraciones recogidas por el diario El Colombiano.
En respuesta, la Farc señaló que no hay disposición del gobierno departamental para dar cumplimiento al Acuerdo y defendió que ha hecho acompañamiento a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en 12 municipios de la región, pese a que –indican– han sido desconocidos por el gobierno antioqueño, “donde se sigue criminalizando a los campesinos cultivadores de hoja de coca en lugar de brindarles oportunidades”.
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“Afirmamos que las autoridades desconocen el Acuerdo, no se le impulsa ni se le apoya y, como si fuera poco, luego se le endilga a la Farc y a las comunidades campesinas las consecuencias negativas de una implementación cuasi-inexistente. Se nos achaca ahora la responsabilidad de la violencia y el abandono que sufren las comunidades rurales por ausencia del Estado en todos sus niveles”, manifiestan.
Destacando que ha puesto a disposición de las autoridades los bienes de guerra y ha respaldado el fondo para la reparación a las víctimas, aunque denuncian que no hay “un reporte oficial sobre su destino”, la Farc en Antioquia sostuvo que ha participado en actos de perdón y reconciliación, lo que les ha permitido construir tejido social de paz e impulsar actividades económicas legales en municipios como Mutatá, Anorí, Ituango, Dabeiba y Remedios.
“Todos ellos dan muestra del potencial constructivo y del empoderamiento real que tenemos en las áreas con nuestra histórica presencia. Allí donde amenaza la ilegalidad o simplemente nunca se ha ido, nosotros somos la única alternativa real y actual que, con las cooperativas y formas asociativas, pueda enlazar la esperanza junto con las comunidades”, agrega la Farc.
Invitando a opositores, organizaciones y medios de comunicación a visitar los ETCR, la organización insiste en su anhelo de “seguir viviendo en las mismas condiciones” y reivindica su voluntad de paz y trabajo dentro de la legalidad: “Constaten que el abandono del campo en el departamento no es culpa nuestra, sino que engendra violencia y delincuencia, precisamente en el nicho que posibilita la inacción estatal”, rematan.
Un proceso de transformación para los espacios territoriales
Este miércoles, el Gobierno dijo reafirmar su compromiso con la reincorporación de los excombatientes y anunció que someterá los ETCR a un proceso de “consolidación, evolución y transformación”. Según el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper, fue promulgado un decreto de transformación territorial de los ETCR, teniendo en cuenta que esa figura jurídica termina este jueves 15 de agosto.“El fin de la figura jurídica de los ETCR no implica que los espacios territoriales desaparezcan físicamente o que los excombatientes vayan a ser desalojados de estas zonas. Vamos a adelantar un proceso de consolidación, de evolución y de transformación con cada una de estas zonas; ese es el compromiso del Gobierno”, afirmó Stapper.
Según el funcionario, estos espacios territoriales serán transformados en veredas, centros poblados o corregimientos, según lo que determinen las autoridades municipales en donde se encuentran ubicados. “La transformación va a durar entre un año y medio y dos años, mientras llegan los servicios públicos, la interconexión vial, los proyectos de vivienda y la operatividad de los bienes y servicios”, agregó.
Frente al eventual traslado de 11 de estos 24 espacios territoriales en el país, defendió que la reubicación obedece a que están localizados en parques nacionales naturales, resguardos indígenas o en sitios donde el ordenamiento territorial del municipio no permite su continuidad.
“Se tienen dispuestos más de $16.000 millones, administrados por el Fondo Colombia en Paz, para comprar cada uno de los territorios, con el fin de apoyar la estrategia de estabilización y el tránsito a la legalidad de esta población en proceso de reincorporación con legalidad”, concluyó el director de la ARN.