:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/eGBVA414ywy2f6hUoOHC1gaYvUU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/ZWMJ2KJGNVF2RIQFPU5EGK27XI.jpg)
Desde que comenzó su trámite en el Congreso, la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) fue motivo de candentes debates y fuertes críticas por parte de diferentes sectores políticos y ONG, que señalaron que se trataba de una norma inconstitucional que iba en contra de los intereses del campesinado colombiano.
Pese a las múltiples oposiciones y las varias demandas –que se encuentran en estudio en la Corte Constitucional–, la ley fue aprobada en el Legislativo en diciembre de 2015 y sancionada en enero pasado por el presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que el propósito era desarrollar, con un enfoque productivo, más de siete millones de hectáreas ubicadas en la Altillanura, La Guajira, el Urabá chocoano y La Mojana.
Con la firma presidencial, lo único que falta es la expedición del decreto reglamentario. Un trámite que también está generando debate. El Ministerio del Interior –cuyo titular, Juan Fernando Cristo, fue designado para conocer el proceso luego de que el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, se declarara impedido– publicó en su página web, el pasado 14 de julio y durante cinco días hábiles, el borrador del decreto que reglamenta la ley, con el objetivo de permitir a los ciudadanos que entregaran sus opiniones y propuestas sobre la materia.
Sin embargo, hay quienes consideran que el mecanismo para dar a conocer el decreto no fue del todo incluyente. El senador del Polo Democrático Alberto Castilla aseguró que se trató de una consulta “ficticia” que dejó por fuera a las comunidades campesinas: “El proyecto de decreto fue colgado en la página web del Ministerio durante cinco días hábiles, y con eso el Gobierno pretende brindar participación a la ciudadanía”, enfatizó.
De acuerdo con Castilla, las únicas que terminaron participando fueron las empresas de agroindustria, que son las más beneficiadas con la ley. “Nadie les ha preguntado a las comunidades campesinas qué opinan del decreto y el Gobierno no puede pretender que las comunidades campesinas ni la ciudadanía en general estemos consultando internet y que en tan solo cinco días leamos, analicemos y comentemos un decreto de 17 páginas”, puntualizó.
El senador había enviado el pasado 13 de julio un derecho de petición al Ministerio del Interior en el que preguntaba sobre el estado actual de la reglamentación y el procedimiento para consultar a la ciudadanía. En la respuesta, enviada al despacho de Castilla la semana pasada, se aclaró que la cartera daría cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, según el cual las autoridades deben “mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo”.
Asimismo, dicha ley establece que, aunque el propósito es recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, “en todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general”.
Aun así, el senador del Polo considera que el mecanismo no fue el adecuado y que al Gobierno le tiene sin cuidado la opinión del campesinado. “El decreto es más de lo mismo, permite a los empresarios tomar las riendas de la política agraria, pues serán ellos quienes decidirán qué porción de tierra le darán al campesinado dentro de las Zidres, decidirán la modalidad jurídica mediante la cual quieren apropiarse de los baldíos de la nación y crearán nuevas figuras en las que este Gobierno ha insistido, como el derecho real de superficie”.
De acuerdo con lo estipulado en esa reglamentación, que será firmada en los próximos días, la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (Upra) será la encargada de determinar en qué zonas se establecerán las Zidres. Una labor para la cual contará con los insumos que le sean entregados por varias entidades como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro, las oficinas de catastro, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, entre otras.
Asimismo, el documento plantea las restricciones a la constitución de las Zidres en territorios declarados como resguardos indígenas, zonas de reserva campesina, territorios colectivos titulados o en proceso y territorios que comprendan áreas declaradas como ecosistemas estratégicos, parques naturales, páramos y humedales.
Se trata de un tema neurálgico, pues se cruza con lo acordado entre Gobierno y Farc en la mesa de diálogos de La Habana sobre el punto de desarrollo rural. De hecho, esa guerrilla ha señalado en varias oportunidades que la ley va en contravía de lo pactado y que, en últimas, lo que permite es una mayor concentración de tierra. “En contravía de estos acuerdos, en el Congreso se ha aprobado la ley de Zidres, reafirmando el propósito de persistir en ese ciclo de victimización e inequidad extrema que han sufrido nuestros pobladores rurales y que ha sido la causa del conflicto armado”, sseñaló recientemente Pablo Catatumbo, uno de los jefes negociadores de las Farc.