A responder por chuzadas

Comisión de Seguimiento a la Ley de Inteligencia citó al ministro de Defensa y al director del Ejército para que expliquen las actividades de inteligencia

La fachada del restaurante que inteligencia militar utilizaba para realizar interceptaciones. / Archivo

La novela sobre las presuntas chuzadas de la inteligencia militar a miembros de la oposición política, periodistas que cubren el proceso de paz y las delegaciones en La Habana (Cuba) tendrá un nuevo capítulo hoy en el Congreso de la República, pues la Comisión de Seguimiento a la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia llamó a rendir cuentas, en sesión reservada, al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y al comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez.

El Espectador accedió al cuestionario de 62 preguntas que tendrán que responder los funcionarios citados. El documento indaga sobre cuáles son las dependencias del Estado que tienen a su cargo equipos para la interceptación de teléfonos y computadores; también pregunta cuáles son los parámetros para decidir a quiénes se intercepta y en busca de qué.

Al mismo tiempo, los parlamentarios piden a los altos mandos militares definir cuáles son las funciones de la Central de Inteligencia del Ejército y quién regula y supervisa las labores que allí se desempeñan. En este mismo sentido, los congresistas solicitan al ministro y al alto oficial que expliquen cuántas salas de interceptación operan en el país, cuántas están autorizadas y quién es la autoridad que las controla, vigila e inspecciona.

De una manera más específica, los congresistas piden explicaciones sobre el caso de la sala de interceptaciones denunciada hace unos días por la revista Semana. Al respecto, el cuestionario pregunta quién es el propietario del local de Galerías, en Bogotá, donde estaba instalada la sala de interceptaciones; de igual manera, si existe algún contrato de arrendamiento o de compra del local por parte del Estado. En este punto, el cuestionario empieza a hacerse cada vez más preciso.

Dice, por ejemplo, si el personal que operaba la sala estaba adscrito al Ejército o tenía algún vínculo contractual con el Estado, indaga cuál era la misión de esta fachada encubierta y si se garantizó la presencia del CTI o la Fiscalía en las labores de inteligencia. Y, al mismo tiempo, señala que de ser afirmativa la pregunta anterior, se debe responder por qué se adelantó un allanamiento por parte del ente investigador.

Luego presenta una serie de preguntas respecto a la participación de civiles en las labores de inteligencia, así como quién del Gobierno Nacional tenía conocimiento de que esta sala de interceptaciones existía. También pregunta qué funcionario autorizó las interceptaciones y quién conocía de los resultados de estas actividades. Finalmente, el cuestionario indaga a profundidad sobre si las actividades de inteligencia se ocuparon del proceso de paz que avanza en La Habana.

La sesión reservada promete dar detalles sobre la polémica fachada de inteligencia del Ejército en la que, supuestamente, se interceptaron las comunicaciones de miembros del equipo negociador del Gobierno. Todo esto se da en momentos en que la polémica sigue viva e incluso la cadena Univisión reveló el listado de periodistas que cubren el proceso de paz en La Habana que también fueron interceptados, al parecer desde la fachada militar del local en Galerías, en Bogotá, conocida como ‘Andrómeda’.

Entre los afectados se encuentran reporteros colombianos, de agencias internacionales y hasta escritores. Los correos y mensajes de los comunicadores, según Univisión, terminaron en poder de la central de inteligencia del Ejército. Al mismo tiempo, Noticias RCN divulgó que una comisión de fiscales e investigadores se desplazó ayer a la sede de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec) con el objetivo de recaudar más evidencias sobre el denunciado escándalo de espionaje.

Por ejemplo, se pretende verificar quiénes accedían a los computadores, si estos uniformados tenían órdenes para la creación de la fachada ‘Andrómeda’ y si en sus archivos tecnológicos figuran rastros de este presunto seguimiento a los negociadores de paz en Cuba. Al mismo tiempo, trascendió que hay por lo menos 30 militares investigados preliminarmente por la Inspección del Ejército y por la Fiscalía. Todos ellos han tenido que dar explicaciones sobre las denuncias de irregularidades en ‘Andrómeda’ y en la llamada Sala Gris, de inteligencia del Ejército, que en agosto pasado fue trasladada a la Fiscalía.