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El senador Wilson Arias, del Polo Democrático, señaló este martes que las proposiciones que habían sido presentadas por su colega Ciro Ramírez, del Centro Democrático, para que fuesen incluidas en la ponencia para segundo debate en Senado del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y que estaban relacionadas con tierras baldías, fueron finalmente excluidas del documento.
“Hemos acordado el retiro de los tres artículos e instalar una comisión representativa de partidos políticos, pero también con miras a ser un proceso democrático de amplia difusión y participación de la sociedad, para discutir a fondo lo que pueda ser un proyecto serio sobre el tema de ley de tierras”, explicó el senador de la oposición.
Informe de la subcomisión de baldíos: victoria parcial, evitamos que se pupitriara el #mico de legalización de acaparamiento de #baldíos, hemos acordado constituir una mesa multipartidista de tierras, para discutir en un proyecto de ley y en debate público el tema. #PND pic.twitter.com/CahGybJpKQ
— Wilson Arias (@wilsonariasc) April 23, 2019
Contexto: Nuevo mico en el PND favorece a los que robaron tierras al Estado
En una reciente columna publicada en El Espectador, Arias consideró que era “arbitrario pretender que legisladores validen la adquisición de tierras baldías de la nación a través de formas o procedimientos contrarios a esas expresas normativas, salvo que se trate de individuos con expectativas legítimas por ser, demostradamente, sujetos de reforma agraria en los términos que establece la Ley 160 de 1994 y solo son ellos, porque ninguna expectativa legítima pueden albergar, quienes se apropiaron de tierras baldías no siendo campesinos”.
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Además, calificó la propuesta de los congresistas del Centro Democrático como un intento de “borrón y cuenta nueva, legalizando así la adquisición ilícita de millones de hectáreas del Estado por parte de particulares”.
Sobre el trámite del PND, que tiene plazo para ser aprobado hasta el 7 de mayo próximo, el presidente del Senado, Ernesto Macías, anunció que, una vez tramitadas las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP se agendará la discusión sobre el documento que es considerado como la hoja de ruta del Gobierno para los próximo cuatro años.