Retroceso en Senado y estancamiento en Cámara, así fue la participación femenina en 1974

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Una sola mujer, Bertha Hernández de Ospina, tuvo puesto en Senado; mientras que la Cámara baja repitió el mismo número de curules (10) que en el cuatrienio pasado.

Para el cuatrienio 1974-1978, a la medida de las transformaciones políticas ocurridas en la última etapa del Frente Nacional, apenas una mujer llegó al Senado. Una vez más la representación femenina estuvo a cargo de la exprimera dama Bertha Hernández de Ospina Pérez, en representación del conservatismo de Cundinamarca. En calidad de suplentes, participaron en la Cámara alta, Alicia Ángel de Restrepo por el conservatismo de Antioquia; Migdonia Barón Restrepo, en la misma lista de Germán Zea Hernández; y Belén Gutiérrez de García; acompañando a Guillermo Plazas Alcid. 

Como el que le correspondió al gobierno Lleras Restrepo, el Congreso de la era López Michelsen también fue intenso. De entrada, el Gobierno planteó la emergencia económica para proteger los ingresos y salarios afectados por la inflación, y se generaron los primeros debates respecto a la aplicación de esta figura. Al mismo tiempo, la política entró a debatir la súbita decisión del Ejecutivo de contener las operaciones militares que se habían desarrollado en la Operación Anorí desde 1973, pues el primer mandatario decidió entablar un diálogo directo con la guerrilla del Eln. 

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Finalmente, ese encuentro previsto para desarrollarse en el sur de Bolívar, nunca se dio y, en cambio, el gobierno López entró en un duro pulso con los altos mandos de las Fuerzas Militares. El asunto terminó en mayo de 1975, cuando el presidente llamó a calificar servicios a varios generales de la República, entre ellos al comandante del Ejército, general Álvaro Valencia Tovar, y al comandante de las Brigada de Institutos Militares, general Gabriel Puyana García. La controversia no se hizo esperar y el publicitado ruido de sables fue objeto de duros enfrentamientos en el poder legislativo. 

De manera prematura, también se agriaron las relaciones entre el gobierno López y la prensa antes de tiempo. A la manera de los periodistas del Washington Post respecto a la investigación contra el presidente Nixon por el caso Watergate, sus homólogos de Colombia decidieron extremar su veeduría al Ejecutivo. Fue así como, desde 1975, empezaron a proliferar los escándalos periodísticos contra el Gobierno. A su vez, la administración atribuyó el clima de inconformidad a un plan de agitación nacional, y comenzó a tratar de conjurarlo aplicando la figura del Estado de Sitio. 

En la etapa final de la Legislatura de 1975, cuando los conflictos laborales intensificaban su actividad, los secuestros hacían que hasta la Iglesia Católica pidiera la pena de muerte y empezaban a surgir noticias de la bonanza marimbera en la Costa Atlántica, el presidente López, durante su mensaje de Año Nuevo, anunció al país el que se iba a convertir en el tema central de discusión en el Congreso durante el resto del cuatrienio. La presentación de un proyecto de acto legislativo para crear una Asamblea Nacional Constituyente que  promoviera una urgente reforma a la justicia.

Sin embargo, antes de que cobrara forma este intenso debate político, se presentó un hecho que puso al Ejecutivo a extremar sus acciones contra los violentos. El 19 de abril de 1976, luego de un cautiverio de dos meses, fue asesinado el dirigente sindical José Raquel Mercado. Por la misma época, por tráfico de cocaína fue capturado en Antioquia un personaje llamado Pablo Escobar Gaviria. Ante la evidencia de que las guerrillas, el paramilitarismo y las mafias constituían una amenaza imposible de enfrentar con métodos usuales, una vez más el camino elegido fue el Estado de Sitio. 

Las definiciones de la llamada Miniconstituyente comenzaron en julio de 1976, y de inmediato se convirtieron en un pulso entre llerismo y Gobierno, con la intervención de las demás colectividades políticas. Fue un Congreso dominado por auténticos caciques políticos que ya habían hecho carrera en el poder Legislativo. Federico Estrada Vélez, Juan Zuleta Ferrer, Juan Gómez Martínez, Roberto Gerlein, Jorge Perico Cárdenas, Víctor Renán Barco, Julio César Turbay, Virgilio Barco, Hugo Escobar Sierra, Gustavo Balcázar, Carlos Holmes Trujillo, entre otros, en un Senado claramente de control bipartidista. 

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En cuanto a la Cámara, también se posicionaron futuros ases de la política regional, como Omar Yepes Alzate, en Caldas; Raúl Orejuela Bueno, en el Valle; o Heraclio Fernández Sandoval, de Boyacá. En esta ocasión, la representación femenina fue igual que la del cuatrienio anterior. Diez principales y dieciséis suplentes fueron la cuota de las mujeres en la Cámara de Representantes, con la presencia activa de algunas dirigentes que ya habían ganado terreno como auxiliares en anteriores períodos legislativos. Para otras, esta fue su primera experiencia en los gajes del acontecer político. 

La lista de principales la encabezaron Alegría Fonseca de Ramírez, y Consuelo Salgar de Montejo. Ambas con el sello liberal, pero cada quien ya con una trayectoria personal  reconocida. La primera como baluarte del llerismo y la segunda con una postura independiente, también reflejada en su reconocida actividad periodística. Con ellas, y también repitiendo en el Congreso, llegaron Lucelly García de Montoya, en representación del liberalismo del Quindío; y Gabriela Zuleta Álvarez, por Risaralda, con suplencia del joven dirigente de la región, César Gaviria Trujillo. 

Las seis restantes representantes a la Cámara principales  fueron Cecilia Pérez de Vélez, del conservatismo de Antioquia; Josefina de la Espriella, por el conservatismo de Bolívar; Consuelo Lleras de Zuleta, por la circunscripción liberal de Cundinamarca; Betina Franky Franky, del conservatismo del Valle; Magola Gómez Pérez, liberal del departamento de Córdoba; y Gloria Gaitán, con el sello del liberalismo. Esta última, hija del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948 en Bogotá, una muerte que dio lugar a la exacerbación de la violencia partidista en Colombia. 

En cuanto a las mujeres que llegaron a la Cámara en calidad de suplentes, la lista la integraron, Ana Gómez de Sierra, acompañando a Jorge Valencia Jaramillo, en el liberalismo de Antioquia; Alicia Díaz de Ramírez y Ana Suárez de Soto, también de Antioquia, pero conservadoras; Gilma Valencia, por la Unión Nacional de Oposición; Dilia Estrada de Gómez, esta vez asociada a Ómar Yepes Alzate; Lina Hernández de Gómez, del conservatismo de Córdoba; y María Estela Zamora Barrero, por la Alianza Nacional Popular, en las listas de Cundinamarca.

También fueron suplentes, Luz Castilla de Melo, acompañando a Luis Villar Borda; Lilia de Daniels, en la lista de Héctor Echeverri Correa; Cecilia Fernández de Pallini, en la circunscripción electoral de Cundinamarca; Ofelia Jaramillo de Montoya, con Gustavo Rodríguez Vargas; Margoth Trujillo de Vargas, del conservatismo del Huila; Cecilia García Bautista, del conservatismo del Norte de Santander; Lucelly Ossman de Duque, conservadora del Quindío; Matilde Vargas de González; Francisca Borrero de Holguín y Bárbara Victoria de Castaño. 

En los distintos momentos de esta crucial legislatura y, a raíz de la discusión por la Miniconstituyente, y por los escándalos que la prensa le fue destapando al gobierno, ellas se vieron inmersas en todos los debates. Igualmente, en este período y desde el Congreso promovieron la ley que permitió el divorcio y la separación de bienes del matrimonio civil. De manera simultánea, desde mediados de 1976 comenzó a agitarse el panorama de las elecciones presidenciales de 1978. Las fuerzas del llerismo y las que acompañaban a Julio César Turbay adoptaron unas reglas de juego, de tal modo, que los comicios parlamentarios se convirtieran en una consulta interna del Partido Liberal para llegar a un solo candidato. 

El asunto de la Constituyente se resolvió hasta 1977, pero la antesala de ese momento político cumbre de la era López coincidió con la cuenta regresiva al paro cívico más grande en la historia contemporánea de Colombia: el paro nacional del 14 de septiembre de 1977. Un momento crítico para las autoridades, causado por la inconformidad de los trabajadores frente al alto costo de vida y al incumplimiento de las promesas gubernamentales. El registro oficial fue de diez muertos en Bogotá y al menos 4.000 detenidos, pero con los datos de otras ciudades, aunque no se supo el saldo definitivo, el asunto fue más lesivo. 

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El desenlace del paro cívico dio lugar a agitados debates en el Congreso, con duros señalamientos contra los ministros de Gobierno, Trabajo y Defensa, y provocando una crisis ministerial para enderezar el rumbo del Gobierno. A finales de 1977, con la oposición del llerismo y del llamado ospino-pastranismo, el Congreso aprobó la Miniconstituyente para reformar la justicia, crear un nuevo régimen departamental y hacer innovaciones electorales. Quedó acordado que la Miniconstituyente debía instalarse el 15 de julio de 1978, pero más se demoró en ser aprobada que en ser demandada. 

El ocaso de la era López fue también el comienzo de una intensa disputa política por la Presidencia de la República. Aunque inicialmente la pelea se centró en los precandidatos Hernando Agudelo Villa, Carlos Lleras Restrepo, Julio César Turbay y Carlos Holmes Trujillo, el tema se fue decantando con el retiro de Agudelo y Trujillo, y todo quedó listo para el lance final en las elecciones legislativas de marzo de 1978. En dicha justa electoral, el turbayismo hizo valer el poder de los caciques regionales, y el presidente Lleras dio un paso al costado para atrincherarse en su revista Nueva Frontera. 

El 5 de mayo de 1978, a un mes de las elecciones presidenciales, la Corte Suprema de Justicia, por votación de 14 a 10, tumbó la Miniconstituyente que había sido convocada por el presidente López para reformar a la justicia. El alto tribunal reconoció que en el trámite del acto legislativo se cometieron insubsanables errores de forma que desconocieron el régimen de mayorías y minorías. Aunque algunos comentaron que la Corte no iba a permitir una reforma cuyo primer punto era la creación de una Corte Constitucional, la sentencia fue un golpe demoledor al proyecto político del presidente López. 

El desenlace fue una reñida competencia por la Presidencia que se resolvió por escasos votos. El 4 de junio de 1978, Julio César Turbay Ayala, en representación del Partido Liberal, ganó la Presidencia. Obtuvo 2.503.681 votos, equivalentes al 49.33% de los sufragios depositados en las urnas. Una apretada victoria sobre Belisario Betancur que obtuvo 2.356.620, correspondientes al 46.43% de la votación. Los siete restantes candidatos se repartieron los resultados con mínimos porcentajes, pero de alguna manera reflejando las nuevas posturas políticas. 

El tercero resultó ser Julio César Pernía, del partido de coalición entre la UNO y la Anapo. Sin embargo, su votación, 97.234 sufragios, estuvo lejos de los guarismos alcanzados en los años 60. La cuarta votación fue para el exgeneral Álvaro Valencia Tovar, del Movimiento de Renovación Nacional. Era la primera vez que un militar retirado de alta graduación se dejaba contar en las urnas. Alcanzó 65.961 votos. Luego apareció en los registros Jaime Piedrahita Cardona, del Frente por la Unidad del Pueblo, con solo 27.059. Víctor Julio Gómez y Jesús Arenas Fajardo sumaron unos cuantos votos. 

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La sorpresa de esta jornada electoral fue, al igual que en 1974, la presencia de dos mujeres animando el debate presidencial. La mentalista Regina Betancur de Liska y su Movimiento Unitario Reginista, que tuvo 14 votos; y la académica Luz Socorro Ramírez Vargas, con apenas 24 años, en representación del Movimiento de Unidad Obrera y Socialista, que tuvo 6.643 sufragios, correspondientes al 0.13% de la votación total. Socorro Ramírez tuvo después una destacada figuración nacional, siguió en la academia y hoy es una voz muy consultada en los asuntos de las relaciones entre Colombia y Venezuela. 

Al recordar estos momentos de su candidatura Socorro Ramírez narró para El Espectador lo que significó las correrías para hacerse conocer por todos los rincones del país: “Que el elector tuviera la papeleta para depositar su voto dependía de la capacidad económica de los candidatos de llegar a todo el territorio nacional. Para nosotros era complejo porque éramos un pequeño círculo política que no contaba con ese despliegue, viajamos siempre en bus. Mi aspiración suscitó mucho interés, me acuerdo de una vez en la plaza de Ciénaga que Julio César Turbay estaba de un extremo y yo del otro y la gente iba donde él, cogía la comida y venían a escuchar a la mujer en tribuna pública con propuestas de las que los colombianos no estaban acostumbrados”. 

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