Un par de peculiares encuentros se dieron en el Cantón Norte de Bogotá hace no más de dos semanas. En éstos participaron dos de los abogados que asesoraron a las Farc en la construcción del acuerdo de justicia con el Gobierno: Álvaro Leyva Durán y el español Enrique Santiago. Del otro lado de la mesa estuvieron sentados los generales retirados Rito Alejo del Río y Lelio Suárez Tocarruncho. También el exministro Diego Palacio y el excongresista Luis Alfredo Ramos. El propósito: discutir los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz. “Las reuniones han sido duras, francas y productivas”, le dijo uno de los asistentes a El Espectador.
La iniciativa fue de los militares en líos con la justicia, y surgió justo después de que se conociera completo el acuerdo entre las Farc y el Gobierno, en diciembre pasado. La vocería la asumió el general (r) Rito Alejo del Río, quien está condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un campesino chocoano. También estuvo el general (r) Lelio Suárez Tocarruncho, llamado a juicio por su supuesta responsabilidad en la falsa desmovilización del frente de las Farc Cacica la Gaitana. No se trata sólo de ellos dos: casos como el del general (r) Mario Montoya, el mayor (r) César Maldonado y el recién condenado coronel (r) Róbinson González del Río también han sido traídos a colación.
El tema central de las reuniones ha sido el impacto que podría tener la Jurisdicción Especial para la Paz sobre sus procesos y uno de los puntos de mayor interés ha sido la excarcelación. Por eso se mencionaron dos figuras jurídicas que podrían jugar a su favor: suspensión de penas para los enfermos y conmutación de sentencias. La primera ya está contemplada en la justicia ordinaria y sería el equivalente a los indultos presidenciales gracias a los cuales 16 guerrilleros acaban de recobrar la libertad y 14 más lo harán antes de que termine enero. La segunda dependería de que los interesados se sometan a las exigencias del Tribunal Especial para la Paz.
Precisamente, la libertad que recobrarán 30 guerrilleros en total ha dejado un sinsabor en un número importante de militares investigados, condenados o incluso de la reserva activa. Aun más porque han sido las Farc, y no el Gobierno, quienes han sugerido que uniformados presos en malas condiciones de salud deberían ser beneficiados con una medida de esta naturaleza. Para el Gobierno, sin embargo, este tema es un dolor de cabeza monumental: la presión internacional y el esquema de la justicia nacional no da espacio para que, por ejemplo, un militar condenado por falsos positivos se vaya a su casa de un día para otro.
La intención de discutir la Jurisdicción Especial para la Paz con Álvaro Leyva y con Enrique Santiago fue enviar un mensaje a La Habana: que las Farc no se opongan a otorgar beneficios jurídicos a los integrantes de la Fuerza Pública y que las propuestas de la guerrilla no incluyan, de ningún modo, sanciones que atenten contra lo que ellos llaman la dignidad militar: se resume en que no pierdan los grados obtenidos (que un general no deje de ser general) y que se mantenga el trato diferenciado entre agentes del Estado y guerrilleros.
En el primer encuentro, le contó a El Espectador uno de los presentes, el general (r) Rito Alejo del Río y el abogado de las Farc Enrique Santiago fueron presentados por Álvaro Leyva, quien le dijo a Del Río que Santiago venía de una familia española de militares. “No me extraña. Muchos guerrilleros vienen de familias de militares”, respondió el general (r). “Yo sí soy de izquierda, pero no subversivo”, replicó Enrique Santiago. La reunión siguió su curso y, al final, los militares concluyeron que la información que manejaban Álvaro Leyva y Enrique Santiago no era la misma que les daban los altos mandos militares o que se ha divulgado en medios de comunicación.
Desde el comienzo del proceso de paz, octubre de 2012, el Gobierno y las Farc han buscado la manera de vincular al expresidente Álvaro Uribe a la mesa de diálogo. Los intentos han sido infructuosos. Ante su negativa rotunda, la estrategia ha sido dividir a su círculo más cercano. “Un sector del uribismo cree que el acuerdo de paz se va a firmar, que lo mejor es sacarle partido y usarlo para devolverles la libertad a los aliados del expresidente. Esta postura molesta mucho a Uribe y ha creado cierta división”, le dijo a este diario una persona cercana al exmandatario. Álvaro Leyva se ha convertido en el mediador entre el Gobierno y el uribismo.
Leyva también fue el hombre que buscó al general (r) Jaime Ruiz Barrera, presidente de Acore (Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares), en septiembre del año pasado, antes de que se conocieran los primeros puntos del acuerdo de justicia pactado en La Habana. Llegó con Enrique Santiago. “Les dijimos que entendemos que la justicia transicional es el único mecanismo posible y lo aceptamos, siempre y cuando sea lo suficientemente diferenciada: que no nos metan en el mismo saco que a las Farc. ¿Tantos años de perseguirlos para terminar igual que ellos?”, expresó el general (r) Ruiz Barrera en entrevista con este diario.
Así, mientras en La Habana se avanza hacia la firma del acuerdo final, que tiene como fecha estipulada el próximo 23 de marzo, en las guarniciones militares los integrantes de la Fuerza Pública se cuestionan por su futuro jurídico y buscan explicaciones más allá de las jerarquías que los rigen.