“No se ha discutido el futuro de la Policía, ni el futuro de nuestras Fuerzas Militares allá en La Habana. Y no se va a discutir”. La frase la dijo el presidente Juan Manuel Santos hace un par de semanas, durante la conmemoración del 124º aniversario de la Policía Nacional, y fue la reiteración de la posición que ha mantenido el Gobierno en la mesa de negociaciones con las Farc en Cuba.
Sin embargo, el debate sobre la redefinición del papel que cumplirá la Fuerza Pública en un escenario de posconflicto, luego de la desmovilización de esa guerrilla, se sigue presentando en varios sectores de la opinión pública, que creen necesario repensar el rol de unas Fuerzas Armadas que en los últimos años han concentrado sus esfuerzos en la lucha contra la insurgencia. El tema revivió este viernes por cuenta de un comunicado emitido por el equipo negociador de las Farc, en el que propusieron cinco iniciativas para la “redefinición de la política de seguridad del Estado”.
El planteamiento de la guerrilla tiene un punto clave: la reducción y el cambio de funciones de las Fuerzas Militares como consecuencia de un proceso de adecuación institucional de cara a los retos y necesidades que surgirán tras la firma de un acuerdo final de paz. “Adelantar la reconversión de las Fuerzas Militares y de Policía en fuerzas para la construcción de la paz y la protección de las fronteras patrias, lo cual incluye aspectos relacionados con su tamaño y estructura, con la propia asignación de gasto público, así como con la superación de la doctrina de seguridad nacional y de cualquier práctica de terrorismo de Estado”, explica un aparte del tercer punto en el comunicado.
La idea de fondo, según las Farc, es que se vuelva a delinear la política de seguridad del Estado priorizando los derechos civiles y políticos de la población, con el objetivo de garantizar el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
No es la primera vez que el grupo guerrillero plantea la discusión, y aunque el presidente Santos ha insistido varias veces en que el tema no ha sido abordado en la mesa de negociación, es claro que la revaluación de las prioridades y roles de la Fuerza Pública ha sido motivo de estudio entre los altos mandos militares y policiales. Sin embargo, la posibilidad de reducir el número de efectivos sigue estando por fuera de los diálogos. De hecho, hace unos meses, durante un debate en el Congreso, el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, fue enfático al señalar que el pie de fuerza debe mantenerse intacto en un escenario de posconflicto, pues la firma de un acuerdo con las Farc no significa que se haya logrado la paz. “Pueden venir más amenazas. En estos procesos no hay un índice de desmovilización total, puede haber una reincidencia del 20 o 30%. Debemos tener control territorial para restablecer el Estado de derecho”, dijo.
Bajo esa perspectiva, la premisa pareciera ser orientar los esfuerzos de la Fuerza Pública a otros objetivos claros: los cambios en las dinámicas de los actuales negocios ilegales, la delincuencia organizada y las nuevas amenazas. Así lo dejó ver ayer el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien desde Cartagena hizo un llamado a las tropas para que se adapten y preparen a lo que será la lucha contra el crimen en el posconflicto: “Después de que firmemos la paz, las amenazas no desaparecerán, se transformarán, irán dando su cambio hacia el crimen organizado, y tenemos que estar preparados como Fuerzas Militares, como policía y sociedad, para enfrentar ese flagelo como una amenaza a la democracia y al buen funcionamiento de nuestro Estado”, insistió, señalando la importancia de que se abra el debate para que se modifiquen las herramientas y los alcances de la Fuerza Pública en esa nueva tarea.
La propuesta de las Farc no cayó bien a algunos sectores políticos y las críticas no se hicieron esperar. Desde el Centro Democrático, varios dirigentes políticos mostraron su desacuerdo señalando que el Gobierno no puede ceder a las pretensiones de la guerrilla. “La misión de nuestras Fuerzas Armadas no pueden definirla las Farc, está definida en la Constitución”, manifestó en Twitter la senadora Thania Vega. A su vez, el presidente del partido, Óscar Iván Zuluaga, aseguró que no se puede aceptar que el futuro de militares y policías se defina en La Habana, y que la “defensa de la democracia y las fronteras demanda un Ejército fuerte, bien equipado, profesional, con buenos salarios y tecnología”.
El tema promete seguir levantando ampolla. Lo cierto es que, en momentos en que en Colombia se definen cuáles serán los mecanismos de implementación de los acuerdos, se crean fondos de financiación para aprovechar al máximo los recursos que serán claves para el posconflicto y se piensa en estrategias de desarrollo para fortalecer la presencia estatal en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado, el proceso de transición de las Fuerzas Militares es una prioridad que exige una transformación, sobre todo en la lógica de respuesta frente a las amenazas venideras.