Revocatorias y referendos, el caballito de batalla de cara a las elecciones

Los mecanismos de participación ciudadana han sido usados como una herramienta para lanzarse al escenario político y recaudar caudal electoral.

El intento de revocatoria del mandato del exalcalde Gustavo Petro ha sido el más reciente. La promovió el excongresista Miguel Gómez Martínez. / El Espectador
El intento de revocatoria del mandato del exalcalde Gustavo Petro ha sido el más reciente. La promovió el excongresista Miguel Gómez Martínez. / El Espectador

Evaluar la administración de alcaldes y gobernadores es un ejercicio legítimo que tienen los ciudadanos para exigir que su derecho al voto sea respetado. Y es prácticamente una tradición que, cumplido el primer año de mandato –como lo exige la ley–, inconformes salgan a las calles a recoger firmas para intentar revocar el mandato de aquellos gobernantes que, según consideran, no han cumplido con su plan de gobierno. Pero la realidad es una sola: de las 166 iniciativas de revocatoria promovidas desde que la Constitución Política del 91 reglamentó los mecanismos de participación ciudadana, ninguna ha prosperado. Apenas 55 llegaron a las urnas y todas ellas fueron derrotadas por el voto negativo de los ciudadanos.

Entonces, ¿para qué las revocatorias de mandato? Según explica la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, “es una figura que se ha convertido en una forma política de adelantar el proceso electoral. Es decir, de darse a conocer o de empezar a poner una agenda ante la opinión pública”. Por eso, no sorprende que dentro del abanico de quienes están detrás de la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, estén jóvenes como Julián Robledo, hijo del senador de Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, precandidato a la Presidencia de la República; o Leonardo Puentes, quien se define como músico, creativo de medios y ha ejercido como consejero distrital de Arte y Cultura.

Basta recordar casos como el del desaparecido Partido del Tomate y su principal líder, Daniel Quintero Calle, quien pasó de ser parte de un movimiento de ciudadanos indignados con la política tradicional colombiana, a viceministro de las Tecnologías de la Información en la administración de Juan Manuel Santos. Así que, sin duda, los mecanismos de participación ciudadana se han convertido en una especie de herramienta para lanzarse hacia cargos políticos, incluidos los de elección popular. Y ni el de Quintana ni las revocatorias son casos excepcionales.

Aunque en la administración pasada el promotor inicial del proceso que buscaba tumbar al exalcalde Gustavo Petro del cargo fue el exrepresentante Miguel Gómez Martínez, fue Francisco Santos quien posteriormente entró a liderar la campaña y, meses después, anunció su nombre como candidato a la Alcaldía de Bogotá para reemplazarlo, bajo el amparo del Centro Democrático. Y una situación similar ocurrió con la fallecida congresista del entonces Partido Verde, Gilma Jiménez, pero con un referendo.

Con la bandera de la defensa de los derechos de los menores y la petición de imponer cadena perpetua a violadores de niños, Jiménez se convirtió en la segunda votación del país, en 2010. Con ese caudal electoral se habría catapultado como segura candidata presidencial, de no haber fallecido en junio del 2013. Hoy, su hija Johana Salamanca Jiménez heredó su legado y aunque no logró llegar al Congreso, sí decidió revivir el referendo para castigar a los violadores de niños. De hecho, hace unos días inscribió ante la Registraduría el comité promotor que recogerá las firmas requeridas para convocar a las urnas, a propósito de lo ocurrido con la menor de 7 años Yuliana Samboní, asesinada en Bogotá por el arquitecto Rafael Uribe Noguera.

Y, finalmente, está el caso de la exfiscal general y hoy senadora del Partido Liberal Viviane Morales. Este año, en el que se empieza a dibujar el mapa político de cara a las elecciones del 2018, se tramitará en sus últimos debates en el Congreso el referendo del que la congresista es autora, y que busca que sea el pueblo el que decida sobre la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Aunque aún la futurología política de la senadora no está clara, es indudable su capacidad para recaudar votos. Especialmente los de los cristianos, que demostraron su verdadero poder electoral en el plebiscito del 2 de octubre.

Así que de revocatorias y referendos está lleno el país. Pero pierden legitimidad cuando sus objetivos son distintos al de hacer una evaluación real de la gestión de los mandatarios que el propio pueblo escogió. Como dice la directora de la MOE, Alejandra Barrios, quienes hacen el proceso de revocatoria del mandato tienen la obligación de brindar información exacta, fidedigna y comprobable a los ciudadanos para que estos puedan evaluar y que no salgan a firmar engañados.

Y vale la pena preguntarle al Consejo Nacional Electoral, al mismo tiempo: ¿Quién vigila que la información que entregan los promotores sobre la gestión de una administración es veraz? ¿Puede o no la administración pública salir a la plaza pública a defenderse de la revocatoria? ¿Pueden o no sus funcionarios hacer campaña en contra de la revocatoria? Todos estos interrogantes aún no tienen respuestas normativas.

 

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