Ruido de votos, a discreción

Las denuncias sobre participación en política de miembros activos de las Fuerzas Armadas son coletazos de un largo debate a puerta cerrada.

Imagen de los tiempos en que Álvaro Uribe, como presidente, y Juan Manuel Santos, como ministro de Defensa, compartían el mando militar. / El Espectador

La estrecha relación entre la campaña presidencial y el proceso de paz de La Habana explica por qué el debate electoral terminó cruzado por denuncias sobre participación en política de integrantes activos de las Fuerzas Armadas. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por deslindar los diálogos de cualquier reforma militar, por comentarios sueltos de los negociadores de las Farc o producto de la confrontación entre uribistas y santistas, las peleas y los rumores de hoy son apenas coletazos de un largo contrapunteo con efectos judiciales.

En octubre de 2012 se instalaron formalmente los diálogos de paz de La Habana, y no habían transcurrido seis meses cuando se desató la primera controversia política con ingrediente militar. El 7 de abril de 2013, en su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe reveló las coordenadas de un lugar en el departamento del Meta, donde se había ordenado la suspensión de operaciones militares, y de inmediato surgió el interrogante: ¿cómo se enteró Uribe de esa información reservada? Las sospechas recayeron en algunos militares.

La polémica dio para denuncias penales; la vocera del movimiento Marcha Patriótica, Piedad Córdoba, habló de ruido de sables; el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, contestó diciendo que las Farc financiaban o filtraban esta organización política, y el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, tuvo que salir a apagar el incendio reiterando que las Fuerzas Militares rodeaban al presidente Santos en torno a la Constitución. El alboroto cesó, pero la pugna entre Uribe y Santos siguió de largo.

En voz baja en los cuarteles y sin tapujos entre los militares y policías retirados, se empezaron a ventilar especulaciones. Que se estaba negociando el destino de las Fuerzas Armadas en La Habana, que se iba a reducir su tamaño, que sería afectado el fuero. Las alarmas se encendieron y el fiscal Eduardo Montealegre causó más inquietud cuando alcanzó a decir que los jefes guerrilleros no tenían procesos por crímenes de lesa humanidad. El sosiego siempre fue la presencia del general (r) Jorge Enrique Mora en los diálogos de La Habana.

La firma del acuerdo agrario en Cuba en mayo le dio aire al proceso de paz, pero en seguida se impusieron las protestas campesinas. Entonces retornó el pulso político. El ministro de Defensa insistió en que la guerrilla estaba filtrando las movilizaciones, sus opositores lo señalaron de afectar la paz, y en esos lances ideológicos se filtró a los medios un comentario del entonces director de la Policía, general José Roberto León, a sus subordinados, para incentivar al desbloqueo de vías: “Con razón la gente extraña mucho al presidente Uribe”.

El ambiente militar ya era tenso, pero en vez de resultados judiciales sobre las filtraciones al proceso de paz, empezaron los rumores sobre interceptaciones ilegales a los negociadores en La Habana, los enemigos del proceso y hasta al mismo Gobierno. Las sospechas se dirigían hacia la Sala Gris, un enlace del Sistema Esperanza para realizar labores legales de inteligencia, situada en la calle 100 con carrera 8ª en Bogotá. Sin ruido, el 1° de agosto, el fiscal Montealegre ordenó desmantelarla y la trasladó al búnker del ente investigador.

Tampoco volvió a decirse nada de este episodio, pero en cambio dos semanas después, el 13 de agosto de 2013, el Gobierno dispuso el cambio de la cúpula militar. Los analistas manifestaron que la verdadera razón de las modificaciones era el proceso de paz de La Habana. Incluso se dijo que el saliente comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, se había convertido en una piedra en el zapato. Como una especie de transición, al frente de las Fuerzas Militares quedó el general Leonardo Barrero, considerado de la línea dura del Ejército.

Después del remezón en la cúpula militar, sin que cesaran las protestas campesinas, empezó a tomar forma el debate electoral de 2014. El año terminó con el segundo acuerdo entre el Gobierno y las Farc en La Habana sobre participación en política, con cartas políticas descubiertas: Uribe buscando Senado, Óscar Iván Zuluaga Presidencia y Juan Manuel Santos reelección. Apenas despuntaba el nuevo año cuando sobrevino el escándalo. El 24 de enero la Fiscalía allanó una fachada militar y volvió el fantasma de las ‘chuzadas’ ilegales.

En ese momento se dijo que esta fachada militar llamada Andrómeda era utilizada para interceptar correos de altos funcionarios del Gobierno y de los negociadores de paz de La Habana. Dos generales de inteligencia militar fueron relevados, pero cuando crecía la expectativa sobre los hallazgos de la Fiscalía en 26 computadores incautados, el presidente Santos manifestó que la fachada era legal. El asunto parecía desvanecerse, pero la revista Semana destapó otro escándalo, al develar una presunta red de corrupción en el Ejército.

De nuevo hubo relevos militares y, por comentarios imprudentes “utilizando expresiones inaceptables” contra la Fiscalía, tuvo que dejar su cargo el comandante de las Fuerzas Militares general Leonardo Barrero. En medio del agite renunció el general Javier Rey, quien en una decisión inusitada acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares de protección, según él porque sus manifestaciones contrarias al proceso de paz lo habían convertido en oficial incómodo y sospechoso para el Gobierno.

Ese documento dejó en evidencia por escrito lo que se decía en secreto, que en el interior de los cuarteles había voces discordantes con el proceso de paz. En adelante, tanto los negociadores del Gobierno como el presidente Santos insistieron en la urgencia de desmentir rumores. No habrá reducción de las Fuerzas Armadas ni recorte de su estatus, aclaró Humberto de la Calle. El general (r) Mora aseguró que el tema no había sido tratado en Cuba. Santos insistió que si había beneficios para los guerrilleros, serían iguales para los militares.

Después de las elecciones legislativas del 9 de marzo, con Uribe electo al Senado y las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga picando en punta, pero discrepando frente al proceso entre el Gobierno y las Farc, el tema de las Fuerzas Armadas se volvió prioritario. Con otro escándalo de fondo en el camino hacia la primera vuelta electoral del 25 de mayo. En Bogotá fue capturado el hacker Andrés Sepúlveda, quien había trabajado en la campaña de Zuluaga y se dijo que realizaba inteligencia ilegal contra el proceso de paz.

Aunque los efectos judiciales de esta captura están por verse, no cesa el ruido político alrededor de las Fuerzas Armadas. Santos anunció una prima de subsidio familiar para los soldados y otra de permanencia para los policías, y de inmediato Uribe lo acusó de violar la ley electoral para ofrecer “primas, tías y suegras”. Trascendió la idea oficial de crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana para darle un rol más civil a la Policía, y los oficiales retirados calificaron la idea como “innecesaria, nociva, inconveniente e inoportuna”.

Sin la restricción de los activos, los retirados cobraron papel protagónico. El presidente Santos intentó ganar espacio ambientando la idea de eliminar el servicio militar obligatorio y terminó exacerbando los ánimos de sus contradictores dentro y fuera de la milicia. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, intentó meter la cucharada proponiendo que guerrilleros desmovilizados integraran las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le dio su portazo. De paso instó a los políticos a no manosear las instituciones castrenses.

El dedo en la llaga lo puso Germán Vargas Lleras cuando admitió que nunca había visto tanta participación electoral de miembros activos de la Fuerza Pública. Y señaló a un oficial del Ejército, esposo de una congresista elegida del Centro Democrático. Siete policías ya fueron apartados por andar en las mismas. Es el reflejo de un ambiente crispado en los cuarteles, sobre todo cuando voceros de las Farc en Cuba dicen que “no piden la cabeza de los generales sino que se cambie la doctrina militar que los generales tienen en la cabeza”.

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