Salida judicial de Uribe para las FF.MM. establece penas de máximo 5 años

El expresidente junto al senador Alfredo Rangel radicó una reforma constitucional para promover la creación del Tribunal Nacional de Paz que es contrario rotundamente al mecanismo de justicia transicional y que permitiría revisar casos de falsos positivos.

Centro Democrático

La “Resistencia Civil” del Centro Democrático contra lo que llaman la nivelación de las Fuerzas Armadas con las Farc llevó al propio expresidente Álvaro Uribe, junto al senador Alfredo Rangel, a promover una reforma constitucional para establecer un Tribunal Nacional de Paz.

 

El propósito es crear esa figura con unos procedimientos y unas penas para los integrantes de la Fuerza Pública para los actos cometidos con ocasión del conflicto. Al respecto, es claro que el objetivo central del Tribunal es establecer un mecanismos totalmente contario al que se pactó en Cuba en el marco del proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla. Tendría como funciones revisar las sentencias y asumir los procesos en curso, con respecto a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo acusados de haber cometido delitos penales con ocasión del conflicto armado. Sin embargo, al igual que lo acordado en Cuba este Tribunal también podría pasar a revisar los casos de falsos positivos.

Con respecto a este difícil tema,  la tesis de Uribe y Rangel es que es inadmisible que en el marco de la Justicia Transicional de La Habana, “se pretenda equiparar a la Fuerza Pública con el grupo terrorista de las Farc”.

“Se está igualando la Fuerza Pública legítima del Estado, con un grupo terrorista cuya razón de ser ha sido la destrucción del Estado por medio del uso de una violencia bárbara violatoria de los derechos humanos. Esta igualación atenta contra el honor militar, deslegitima a las instituciones que han defendido al Estado y atenta contra la institucionalidad democrática”, justificaron los congresistas al presentar la iniciativa.

El Tribunal Nacional de Paz del uribismo –de acuerdo al proyecto– será integrado por nueve magistrados que deberán cumplir las condiciones para serlo y que serán seleccionados por ternas: una por las facultades de derecho, otra por los colegios de abogados y la tercera por las asociaciones de oficiales en retiro de la Fuerza Pública.

Además, el propósito es imponer penas efectivas de cárcel sin subrogados ni beneficios penales a quienes hayan sido vencidos en juicio. Aún así, las penas que impondrá ese tribunal no podrán exceder los cinco años.

“Al contrario de lo que sucederá con el tribunal de Cuba, en el cual hay que declararse previamente culpable para no ser enviado a la cárcel, en el tribunal que proponemos para gozar de las rebajas de penas quienes se acojan a éste solamente una vez hayan sido vencidos en juicio deberán contar la verdad, pedir perdón a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”, cita la iniciativa.

Uribe y Rangel defendieron que el instrumento que han planteado representa un “significativo aporte a una paz sostenible y duradera”.