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Uno de los temas más revolucionarios del sistema de Justicia Especial para la Paz es que no solo serán juzgados los desmovilizados de las Farc. También acudirán al tribunal los militares y empresarios que se hayan visto involucrados en el conflicto. Esta es una herramienta clave para lograr la verdad y la reparación de las víctimas, pero tiene a los empresarios preocupados por las implicaciones y alcances de este tribunal de paz.
En este panorama entra el cruce de versiones entre quienes respaldan los acuerdos y los que no están de acuerdo. El presidente Santos, estuvo en el Congreso Nacional de Exportadores en donde les aclaró que “si fueron extorsionados, van y dicen: Mire, efectivamente, a mí me boletearon y yo pagué durante un año, dos años, tres años, cuatro años; o me amenazaron de secuestro y yo pagué, o yo participé en un fondo que financiaba un grupo de autodefensa. Y va y dice la verdad y queda limpio de por vida. Le borran cualquier mención en la justicia ordinaria”.
Por el contrario. El expresidente Álvaro Uribe, con texto de los acuerdos en mano salió desmentir al mandatario y afirmó que “el artículo 32 dice que está justicia se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta”. Sin embargo, agrega, “el artículo 48 dice que los organizamos de justicia y las ONG pueden mandar informes sobre personas que hubieran participado, el tribunal examinara si las llama si las juzga o no las juzga. ¡Que riesgo! y el presidente Santos lo niega”.
Tiene razón el expresidente Uribe, el artículo 48, en el numeral C, dice que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad será encargada de “recibir los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos”.
No obstante, también con acuerdo en mano, el presidente Santos afirmó que “solamente aquellos terceros, empresarios o no, que en forma habitual y determinante sean responsables de crímenes de lesa humanidad, solamente en esos casos el Tribunal los podrá juzgar”.
Para alejar rumores, el presidente Santos se refirió a la divulgación de una lista de más de 50 empresas que serían objeto de juicio en el marco de la aplicación de la justicia transicional. Dijo que hace parte de la campaña de desinformación sobre los acuerdos suscritos en La Habana.
Y agregó que “esas 57 empresas o empresarios que aparecen en una lista, posiblemente salen de esas declaraciones que durante todos estos años han venido dando tanto guerrilleros como paramilitares, en sus declaraciones sobre qué sucedió o en su defensa. Todo eso ha sido recopilado por los jueces y por la Fiscalía. Hay cerca de 12 mil o 13 mil folios en manos de la justicia donde aparecen mencionados terceros, empresarios o no”.
Un asunto que no es de poca monta, así como es claro que miles de empresarios tuvieron que acceder a las extorsiones de las organizaciones armadas ilegales para continuar con sus labores sin ser objeto de ataques, secuestros o bloqueos. También es un hecho, y así lo comprueban sentencias, que empresarios, en especial agrícolas, pagaron ejércitos para defender sus predios, ahuyentar a quienes les extorsionaban.
En medio de ese escenario cayeron miles de colombianos, en especial campesinos, que terminaron asesinados por presunta colaboración con alguna de las partes. Ahora, la Justicia Especial para la Paz plantea abrir la ‘Caja de Pandora’ de la relación entre empresarios y grupos armados, establecer si fueron financiadores espontáneos o lo hicieron por presiones.