Se abre sesión decisiva en el Senado donde se definirá la suerte de Jorge Pretelt

El magistrado podría ser suspendido de su cargo este martes para quedar judicialmente en manos de la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión y, disciplinariamente, en manos del Congreso por indignidad política.

La plenaria del Senado inició este martes una histórica jornada para decidir la suerte del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, investigado por el delito de concusión por presuntamente haber pedido $500 millones para favorecer a la compañía Fidupetrol en el trámite de una tutela.

Paradójicamente, esta jornada en el Legislativo tiene en juego en cierta medida la investidura de los congresistas para investigar estos casos y poder adelantar el procedimiento de los juicios especiales contra funcionarios aforados (Presidente, fiscal y magistrados).

Y es que este es el primer caso que llega a última instancia en el legislativo, toda vez que la Comisión de Acusación en sus últimos tiempos solo ha acusado formalmente a dos funcionarios: el general y expresidente de la República Gustavo Rojas Pinilla en 1959, aunque después fue absuelto; y el expresidente Ernesto Samper, cuyo caso no llegó al Senado. En el caso del magistrado Jorge Pretelt, es el primer magistrado en llegar a enfrentar una petición de suspensión, la posibilidad de ser sometido a un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia y finalmente tener que estar en un juicio político en el Senado por indignidad.

La petición a la plenaria del Senado de la República por parte de la Comisión de Instrucción -tras el caso llevado en la Comisión de Acusación de la Cámara- fue contundente: admitir la acusación contra el magistrado por el presunto delito de concusión, remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia para investigación de carácter penal y suspensión de inmediato de sus funciones públicas como magistrado de la Corte Constitucional. La concusión es el delito que comete un servidor público que, abusando de su cargo o de sus funciones, “constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite”.

La acusación contra Pretelt está soportada en una denuncia interpuesta por el exmagistrado de la Corte Constitucional Mauricio González Cuervo. El 4 de febrero de 2015, el mismo día de la elección de Jorge Pretelt como presidente de la Corte Constitucional, el también magistrado Luis Ernesto Vargas enteró a González de la presunta petición de coimas por parte de Pretelt. En su despacho, Vargas le contó a González que lo había buscado el abogado Víctor Pacheco para contarle que Pretelt le había pedido $500 millones para fallar una tutela que debía resolver la Corte.

El pleito comprometía a la firma Fidupetrol, condenada patrimonialmente por la Corte Suprema a pagar $22.500 millones. Días después, el mismo magistrado viajó a Cartagena para entrevistarse con el abogado Pacheco, entonces defensor de los intereses de Fidupetrol. Ese mismo día, Pacheco le confirmó su versión y se mostró dispuesto a entregarla a las autoridades. La intención con los $500 millones, según el abogado, era que se acercara a González –a quien le había correspondido la tutela– para que ese fallo resultara favorable a los intereses de Fidupetrol. El magistrado Mauricio González presentó denuncia ante la Comisión de Acusación y se formó el escándalo.

En este proceso –sin precedentes cercanos– al que ahora se ve abocada la plenaria del Senado, si se da una votación mayoritaria, se levantará el fuero del magistrado Jorge Pretelt y su proceso quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia. A la vez, en el Congreso continuará el trámite del caso y será la plenaria la que decidirá si condena al actual magistrado por los cargos de “indignidad política”. ¿Se dará el Senado la pela de suspender en una decisión histórica a Pretelt?