Se acabaron los consultivos de bolsillo

El alto tribunal determinó que el Ministerio del Interior violó los derechos de representación de los consejos comunitarios sin títulos.

En agosto de 2013 Quibdó se convirtió en el corazón del movimiento afro en Colombia con el Congreso Nacional de Comunidades Negras. / Archivo

Una histórica y poco publicitada sentencia profirió hace unos días la Corte Constitucional. Se trata de una decisión que despeja el enmarañado derecho a la consulta previa en comunidades negras y reprende al Gobierno Nacional por sus actuaciones en esta materia. El fallo, en esencia, define que todas las organizaciones negras, afro, palenqueras y raizales tienen derecho a su representación en el órgano donde deben ser consultados todos los proyectos (legislativos o administrativos) que involucren a estas comunidades.

Es la sentencia T- 576 del 4 de octubre de 2014, con ponencia de Luis Ernesto Vargas Silva, que resuelve una acción de tutela instaurada por Moisés Pérez Casseres. La decisión, tomada por la sala novena del Alto Tribunal, protege los derechos a la participación, a la igualdad y a la consulta previa de todas las comunidades negras del país. Los magistrados también dejaron sin efecto un decreto (121) con el que el Ejecutivo determinó en 2012 qué comunidades afros tenían derecho a ser consultadas. Por supuesto revocó todos los actos que el órgano representativo de ese entonces adelantó.

El documento judicial sostiene que el Ministerio del Interior “vulneró los derechos fundamentales” de estas comunidades al expedir la resolución 121 de 2012, “por la cual se convoca a los representantes legales de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras”, ya que en ese momento sólo convocó a los consejos comunitarios con títulos colectivos, dejando por fuera a las comunidades de base, a las organizaciones de afros desplazados y muchas otras formas organizativas.

En esta medida, la máxima autoridad constitucional ordena al Gobierno consultar a las comunidades la manera cómo ellas definan su representación cuando se trate de proyectos de orden legislativo o administrativo que las afecten. Revoca los fallos adversos a la tutela en tribunales departamentales y los actos que la “consultiva de 2012” adelantó. Y finalmente le da luces al movimiento negro que se reunió en el Primer Congreso de Comunidades Negras, realizado en Quibdó en agosto de 2013.

Hace más de un año, cientos de organizaciones de todo el país se reunieron para elaborar un protocolo de consulta previa. El ejercicio produjo un documento y tuvo un costo de $5.000 millones, pero el Gobierno se negó a estudiarlo. Ahora, la Corte lo obliga a difundirlo y a tomarlo como referencia. Le da plazo de un mes para publicitar el protocolo elaborado por las comunidades y su propuesta. Así como también tendrá 30 días para convocar a los representantes de las comunidades interesadas en la consulta previa, para que autónomamente decidan su futuro.

El fallo de alguna manera es un llamado de atención al Gobierno para que tome en serio la consulta previa, la reglamente, dándoles participación a las comunidades, y garantice los derechos de su gente. De lo contrario, vendrán nuevas decisiones que pondrán en peligro los principales proyecto del Ejecutivo, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo.

 

amolano@elespectador.com

@AlfredoMolanoJi