¿Se apresuró el fiscal Martínez al señalar nexos entre Odebrecht y campaña de Santos?

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez. / Archivo

Por ahora, ateniéndose a las palabras del fiscal general Néstor Humberto Martínez, todos son sospechas y debe ser el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que investigue y defina si hubo o no ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos en 2014. El mismo jefe del ente acusador reconoció que el asunto se remite al testimonio bajo juramento que dio Otto Bula, por lo que algunos plantean la discusión sobre la credibilidad que puedan tener sus palabras. Para el Gobierno, nada se le puede creer a un “siniestro personaje relacionado con la Oficina de Envigado”, mientras que para sus contradictores se trata de una denuncia “muy grave” que de comprobarse debería implicar la renuncia del primer mandatario y su vicepresidente, Germán Vargas Lleras.

Teniendo en cuenta el agite electoral que por estos días vive el país de cara a la elección presidencial de 2018, el escándalo es propicio para que todos aquellos interesados en esa contienda traten de pescar en río revuelto. Y es ahí donde algunos consideran que la actuación del fiscal Martínez fue apresurada, pues es premisa universal que la justicia no puede hablar de presunciones sino de hechos reales y, por lo visto, lo que se tiene hasta ahora es solo la declaración de Bula, en el pasado aliado político y de negocios del exsenador Mario Uribe, primo del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, principal opositor de Santos.

Una relación ineludible que da pie para que desde la Casa de Nariño se hable de que la estrategia del uribismo es defenderse atacando con mentiras, pues el escándalo Odebrecht salpicó primero a Óscar Iván Zuluaga, su candidato en 2014, cuando el asesor brasilero ‘Duda’ Mendonça contó en su país que la multinacional le habría pagado US $4,3 millones para ayudar en su campaña. Al mismo Zuluaga le tocó salir a reconocer el pago de US $1,3 millones por dicha asesoría, y una reunión en Sao Paulo de por medio, en la que habrían estado su hijo David e Iván Duque, otro de los actuales precandidatos presidenciales del Centro Democrático.

Sea como sea, mientras la Fiscalía y el mismo CNE adelantan las pesquisas del caso, algo que seguramente se tomará varias semanas o incluso meses, y sin siquiera saberse en qué sentido irán las decisiones que se tomen o incluso si al final todo termina en que no hubo irregularidades, el país político es un hervidero de recriminaciones e insultos. Desde las dos orillas involucradas en el escándalo se pide llegar hasta las últimas consecuencias y los cálculos ahora tienen que ver con saber a quién está golpeando más duro y quién o quiénes están saliendo beneficiados, en la perspectiva de la elección presidencial el próximo año.

Hay quienes dicen, por ejemplo, que el gran damnificado es Vargas Lleras. En la noche del martes, el vicepresidente expidió un comunicado en el que aclara que nunca intervino, ni directa ni indirectamente, en el manejo de tesorería ni en la financiación de la campaña en 2014 y mostró que desde que asumió la coordinación en el Gobierno del sector de infraestructura, nunca le fue adjudicado un solo contrato a Odebrecht y, por el contrario, impulsó multas en su contra ante el incumplimiento de varios de los proyectos que tenía ya en ejecución. Vargas Lleras encabeza igualmente la lista de firmantes de la carta dada a conocer por todo el gabinete del presidente Santos expresándole su respaldo y rechazando las afirmaciones de Bula.

Pero tratándose de la lucha por el poder, en el que el vicepresidente es visto como la carta a vencer, sus rivales no dan tregua. Un congresista de la Unidad Nacional, pidiendo la reserva de su nombre, señaló que es extraña, por no decir sospechosa, la actuación del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien siempre ha sido visto como ficha de Vargas Lleras. “Si quiso mostrarse como imparcial, creo que la embarró y lo deben haber regañado. O vaya uno a saber si estaba haciéndole el favor a alguien. De todas maneras, lo que dijo debe haber caído muy mal en la Casa de Nariño, donde ya deben estar rumorando en contra del vicepresidente”, expresó.

Lo claro es que esta situación le ha caído como anillo al dedo al Centro Democrático para sacudirse toda esa agua sucia que en los últimos días ya parecía ahogarlos por cuenta de las declaraciones de Duda Mendonça sobre la campaña Zuluaga. Varios de sus congresistas insisten en pedir la renuncia de Santos y de Vargas Lleras, postura que va en contravía de la de su máximo líder, Álvaro Uribe, quien por ahora mantiene la prudencia: “Es un tema grave que implicaría un soborno (…) no quiero opinar sobre el tema ahora como primera reacción a la noticia. Vamos a informarnos, a estudiarlo y a pensar en los altos intereses de la nación”, dijo el exmandatario.

El exprocurador Alejandro Ordóñez, actualmente en la baraja de presidenciales, aprovechó a su vez para enfilar baterías contra el vicepresidente: “Vargas Lleras responsable por el Gobierno de contratación millonaria debe revelar su relación con Odebrecht y la financiación de su campaña 2014”; “la elección de Santos-Vargas Lleras, pagada con dinero de sobornos de Odebrecht, los deslegitima. Ambos deben renunciar”; “El Gobierno está corrompido por completo. Los ciudadanos deben cambiar el régimen, porque los políticos solo están en la corrupción”, fueron algunos de sus trinos en Twitter.

Porque son las redes sociales el principal campo de batalla. Y a lo que dicen unos responden otros. Gustavo Petro, por ejemplo, no dudó en contestarle a Ordóñez: “Encargado de acabar la corrupción ahora se asombra. Se dedicó a perseguir minorías y, al contrario, protegió a los corruptos”, le dijo. Y la senadora Claudia López, precandidata de los verdes, escribió: “Congreso dará el espectáculo de uribistas limpiarse las culpas atacando a Santos y santistas atacando a Zuluaga. No se hace un caldo con ninguno”, cuestionando de paso la actuación de Néstor Humberto Martínez: “Fiscal no puede armar semejante terremoto con simple testimonio y lavarse manos pidiendo al Consejo Nacional Electoral que investigue”.

Algunos analistas suponen un cansancio de la ciudadanía frente a una clase política que con cada escándalo se hunde aún más en el desprestigio y la falta de credibilidad, algo de lo que siempre se habla, pero cada cuatro años se controvierte en las urnas, pues salvo una que otra excepción, las maquinarias para obtener los votos siguen funcionando y siguen siendo elegidos los mismos. Y en el tire y afloje de acusaciones y exigencia de respuestas de hoy en día, la presunción de inocencia no aplica, aunque cuando se trata de dirigentes amigos o de sus mismos partidos, se pide a gritos. Y tampoco se recuerdan sanciones de altos tribunales por irregularidades que llevaron a destituciones o a ser inhabilitados.