Se aprueba, en primer debate, ley que permitiría una negociación con el Eln

El gran triunfo de quienes se oponían al texto original de la ley de orden público, que presentó el Gobierno, es la eliminación de las precondiciones para un diálogo con grupos al margen de la ley.

Las comisiones primeras de Senado y Cámara sesionaron en conjunto la ley de orden público debido al mensaje de urgencia con el que fue radicado este proyecto.
Las comisiones primeras de Senado y Cámara sesionaron en conjunto la ley de orden público debido al mensaje de urgencia con el que fue radicado este proyecto. Archivo

Fueron cuatro días los que les tomó a los senadores y representantes de la Cámara para aprobar, en primer debate, la prórroga de la ley 418, o ley de orden público, y algunas modificaciones que presentó el Gobierno. Este proyecto es el que brinda los mecanismos para permitir las negociaciones con grupos al margen de la ley y garantiza, como bien lo dice su nombre, el orden público. 

“Un balance agridulce en las comisiones primeras conjuntas. La buena noticia es que tenemos prórroga de la ley de orden público, que es la que permite conducir un proceso de negociación con el Eln. Eso nos alegra a todos los que queremos un fin integral del conflicto armado”, fueron las palabras de la representante por la Alianza Verde Juanita Goebertus a la salida del recinto.

El balance agridulce al que la representante apela es por la aprobación de puntos como las zonas de intervención estratégica y un fondo transformado en una subcuenta para financiar esas zonas.

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“Las zonas de intervención estratégica compiten con los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Lo que se aprobó mejora en cuanto debe de haber una coordinación con los planes”, señala Goebertus.

Además de la representante, el temor de varios parlamentarios, como Iván Cepeda (Polo Democrático), Ángela María Robledo (Colombia Humana) e Inti Asprilla (Alianza Verde), es que la primera intervención que llegará a estas zonas será la militar. Según ellos, el Estado ha demostrado que, por más promesas de mediación social en esos territorios, cuando se presenta el Ejército a imponer el orden público no llegan –o llegan tarde- los programas para las comunidades afectadas.

“El orden público es importante, pero no puede pasar por encima de la población”, manifestó la representante Robledo. Con esta proposición de intervención en las zonas, los que se encuentran en la oposición, resaltaron que su planteamiento está concebido como la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe. “Bienvenidos al pasado, a la seguridad democrática, al Estado de la fuerza”, recalcó Robledo.

Sin embargo, Germán Varón, senador ponente de Cambio Radical, afirmó que, por ningún motivo, estas zonas de intervención afectarán los PDET. “Las zonas focalizadas no atacarán los PDET. En un artículo quedó la autonomía y la no interferencia en estos programas, que vienen de una legislación de La Habana que tiene estabilidad jurídica, por lo que impide que sean alterados”, recordó Varón.

Durante la discusión, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que las intervenciones, tanto sociales como militares, llegarán a las zonas focalizadas, sin dejar de un lado los PDET.

Entre otras preocupaciones que se discutieron en las comisiones conjuntas fue la del papel del presidente para decidir con qué grupo armado negociar y bajo qué condiciones, pues en la propuesta está consignado que es el Consejo de Seguridad Nacional el que tiene esa potestad.

El presidente es quien preside el Consejo, él es el jefe, él es el que elige con quien sí y con quien no, pero si requiere un aspecto institucional de respaldo, que es el que le dice las condiciones y caracterizaciones que ameritan si entrar o no en un proceso”, explicó Varón.

En cuanto a un fondo para financiar las zonas estratégicas de intervención integral, los congresistas que estaban en contra de este tema, al considerar que este terminaría por absorber los dineros que llegan a los PDET, lograron que se eliminará con el pero de una subcuenta dentro del Fondopaz para financiar las intervenciones en las zonas.

“Nosotros nos seguimos oponiendo porque creemos que lo que debemos es sumar esfuerzos y focalizarlo en aquellas zonas afectadas por el conflicto armado y no dispersar esos recursos a lo largo del territorio”, opinó Goebertus.

Entre los triunfos, como los llama la representante Goebertus, están la eliminación de las desmovilizaciones individuales de disidencias de las Farc y las precondiciones para un futuro diálogo.

“La desmovilización individual ponía en riesgo el cumplimiento a quienes efectivamente se han sometido al acuerdo con una serie de beneficios. Quienes no lo han hecho tienen que sujetarse a la justicia ordinaria”, explicó Goebertus. “Creemos que el Estado ya ha tendido la mano, ahora tiene que apretarla”, complementó Varón.

Por último, las precondiciones que estaban radicadas en el documento, que eran consideradas por muchos como los resultados a los que se llegan en un eventual diálogo, fueron suprimidas del documento. “Derrotamos la proposición que pretendía imponerle precondiciones a una negociación, como negociar con el Eln, exigiéndole el desmonte de todo el aparato armado antes de iniciar una negociación, haciéndola inviable”, expresó Goebertus.

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Al finalizar la discusión, el senador Cepeda anunció que si la ley es aprobada tal cual está concebida interpondrá una demanda por inconstitucionalidad de varios de los artículos aprobados en primer debate.

“La creación de las zonas especiales de consolidación y de un fondo paralelo a los proyectos de desarrollo con enfoque territorial son inconstitucionales porque consideramos que la existencia de estos violan el acuerdo que ha sido suscrito el Estado y las Farc hace dos años”.

Por otro lado, añadió a los motivos de una futura demanda algunas constancias de proposiciones que presentó la bancada del Centro Democrático. “Dentro de esta ley pidieron que se activaran las órdenes de captura a las personas que no se presenten ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Concretamente creemos que ese es un artículo que se propondría, específicamente, para buscar que Iván Márquez y alias El Paisa puedan ser objeto de una acción ante la justicia, creando, de facto, una situación muy grave para el proceso de paz”.