Se cae licitación para compra de carros en la Cámara de Representantes

Aún es incierto como se movilizarán, a partir del 1 de agosto, al menos 80 parlamentarios de esa corporación.

Gloria Inés Raigoza, directora Administrativa de la Cámara de Representantes, aseguró que la seguridad de los congresistas estaría en riesgo debido al vencimiento del actual contrato interadministrativo de arrendamiento de vehículos blindados que tiene suscrito la corporación con la Unidad Nacional de Protección (UNP) del Ministerio del Interior.

El actual contrato interadministrativo que proporciona los vehículos a los parlamentarios es sujeto de investigación por parte de los organismos de control por presuntas irregularidades en el momento en que fue suscrito.

“Nuestra responsabilidad es la de salvaguardar la seguridad de los congresistas y ante el inminente vencimiento del contrato, debo tomar decisiones oportunas y asertivas. En cualquiera de las alternativas, desde un comienzo, solicité acompañamiento de los organismos de control”, advirtió.

 Raigoza explicó que las tres opciones son: la compra de vehículos; el “renting”, a través de licitación pública por  el monto de 16 mil 405 millones de pesos,  y la prórroga del actual convenio interadministrativo, esta última que ve improcedente, “precisamente en virtud de la transparencia porque está siendo investigado”.

 Según dijo en este momento, “el arrendamiento de vehículos por licitación no es posible debido a trámites presupuestales y ante la imposibilidad de comprometer vigencias futuras, por el último año de gobierno presidencial, tal como lo establece la ley”.

 Raigoza puntualizó que ante la imposibilidad de iniciar un proceso de renting la Cámara está buscando alternativas y el proceso licitatorio no se le dará apertura para adquisición de vehículos.

La funcionaria recalcó que es preocupante el riesgo de seguridad que tendrían los congresistas, a partir del 1 de agosto próximo, “toda vez que la entidad no cuenta con el parque automotor para transportarlos en las condiciones que exige la Dirección de Protección de la Policía Nacional”.

En definitiva de las tres opciones con las que la Cámara cuenta para otorgar los vehículos, ninguna es viable.

Cabe recordar que en el 2012 la Cámara de Representantes suscribió un contrato interadministrativo con la Unidad Nacional de Protección por 18 mil 516 millones de pesos, “la Contraloría General de la República en su auditoría regular del año pasado encontró hallazgos que calificó como disciplinarios, trasladando el proceso a la Procuraduría General de la Nación, razón por la cual jurídicamente decidimos no prorrogar ese acuerdo”, concluyó Raigoza.