"Se debe de garantizar el servicio esencial de internet tras la pandemia": León Fredy Muñoz

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El representante por la Alianza Verde presentó un proyecto de ley para llevarle gratis internet a los estratos 1, 2 y 3, propósito que, a su juicio, democratizaría el acceso a la información.

Desde 2019 en el Congreso se está pensando al internet como un servicio básico esencial, un concepto que ahora en tiempos de coronavirus que exige la virtualidad en la educación y algunos trabajos toma más relevancia que nunca. Una buena cobertura, servicio, posibilidades de acceso, así como contar con un computador o celular inteligente no es la situación de muchos, especialmente de los estratos 1, 2 y 3 que no tienen cómo pagar para navegar por la web o a sus hogares la señal apenas llega.

El representante a la Cámara por la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, fue el autor del proyecto de ley que abrió la discusión en el Congreso y que, por diferentes motivos, su trámite en primer debate se suspendió mientras el parlamentario le sumaba nuevos elementos que engrosaran la propuesta. Ese tiempo mientras se dedicó a mejorar el texto, se empató con la cotidianidad que vivimos hoy en día de aislamiento preventivo obligatorio para impedir la propagación del virus y dio más luces para presentar una ponencia sustitutiva que tuviera en cuenta la nueva realidad.

Entre los elementos tenidos en cuenta, está el Decreto 555 de 2020 por el cual se declararon las telecomunicaciones, servicios de radiodifusión sonora, televisión y postales como servicios públicos esenciales y se dispusieron otras determinaciones como el otorgamiento de mensajes de texto gratis, la navegabilidad sin costo a portales de los ministerios de Educación y TICS. Este decreto, a ojos del representante Muñoz, se hace necesario aprobarlo para que siga siendo algo tangible tras finalizado el estado de emergencia sanitaria.

¿En qué estado se encuentra el proyecto?

Hace unos días, radiqué una ponencia sustitutiva, cambiándole algunos elementos básicos, teniendo en cuenta, también, lo que estamos viviendo hoy. El proyecto está en orden del día, estamos a la espera de que se convoque a la comisión para debatir esta iniciativa que es una necesidad apremiante en el país. Hay 20 millones de colombianos que no cuentan con servicio de internet. Hay que conectarlos.

El proyecto ya se debatió el año pasado, ¿qué recomendaciones le hicieron para mejorarlo?

Los de Asomóvil, asociación donde están todas las empresas de telecomunicaciones, decían que no había plata para eso, que el internet gratuito no se podía. Ahora con la crisis, se dieron cuenta que hay una necesidad para que la gente pueda estudiar, pueda trabajar. Tampoco estábamos preparados para entrar a esta virtualidad que vivimos por cuenta del coronavirus. Ahora los comentarios parten de que sí se puede otorgar algunos elementos, por ejemplo, una GB a los que tienen planes prepagos. Lo que sigue en el trámite es buscar cómo el Ministerio pueda conectar y darle internet gratuito a los estratos 1, 2 y 3.

¿Qué significa brindar internet gratuito a los estratos 1, 2, y 3?

Queremos que el internet sea un servicio público esencial, como lo ha reiterado Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de DD.HH. En otras palabras, que el internet se convierta en un derecho fundamental, como en Finlandia y otros países. Y para que sea un servicio público esencial debemos de conectar a las 20 millones de colombianos que no tienen internet.  

¿Qué alcance tendría, por ejemplo, que los 47 millones de colombianos estemos conectados?

Con esto buscamos democratizar el conocimiento y generar las mismas posibilidades para toda la población. Esta pandemia ha revelado una enorme desigualdad en términos de la información. El internet como servicio público esencial conectaría a todo Colombia, contribuiría al desarrollo del país. Es más, si conectamos a esas 20 millones de personas, el PIB aumentaría casi en un punto porcentual.

La solución para las ciudades se ve una tarea más fácil, ¿cómo llegar a la ruralidad?

En este momento no se cuenta con la infraestructura, pero en la subasta de espectro radioeléctrico los que participaron lo hicieron solo por un 40%. Es decir, el 60% restante lo deberán de pagar con obligaciones por hacer. Es decir, desplegar la infraestructura. Es que se les dio muchos beneficios, comienzan a pagar dentro de 5 años, el contrato es por 20 años, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 20. El papel del Estado es obligar a que las empresas que se ganaron la subasta distribuyan la infraestructura por la Colombia profunda. Hay condiciones para hacerlo y llegar a todo el país. Solo el 16% de la ruralidad cuenta con internet.

¿Cuánto costaría este propósito de conectar todo el país?

Hay varias opciones técnicas como el despliegue de fibra óptica, el punto a punto vía microondas y un satélite. Si realmente tenemos el interés de conectar a Colombia profunda, lo podemos hacer vía satélite. Ecuador y Bolivia cuentan con esta herramienta y nosotros por qué no lo podemos tener. Hay que dar un debate. 

¿Cuánto cuesta un satélite?

Aproximadamente US$200.000 millones y conectaría a millones de personas. La China puso uno que conectó a 600 millones. El debate no es tanto qué le costaría al Estado, él está en la obligación de hacerlo. Tenemos el FONTIC (Fondo de las Telecomunicaciones) con el cual podemos comenzar el despliegue de infraestructura, bien sea de fibra óptica, punto a punto o satélite, esta última, para mí, sería la opción más acertada.

¿Cómo se acomoda el Decreto 555 con su proyecto?

El decreto no está dando la razón. Dice que sí es posible darle un mínimo de internet a las personas que tengan un celular prepago y unos mensajes de texto. El problema es que mientras dure la pandemia van a dar esos auxilios. Después de eso, se los desconectarán. Queremos que el internet no sea un servicio público esencial única y exclusivamente en el tiempo del coronavirus. Que sea algo permanente, esa es la diferencia, porque estamos volcados a la virtualidad, a hacer procedimientos bancarios a través del celular, entre otras posibilidad que ofrece el internet.

En caso de que el proyecto sea ley, ¿qué paquetes o servicios se les entregarían a esas 20 millones de personas?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se encargaría de mirar que los estratos 1 tengan una mayor posibilidad, porque el 82% de las personas de este estrato no tienen internet. Seguido por el estrato 2 y por último 3.

¿Qué papel cumplirían empresas como Tigo, ETB, Une, entre otras?

Desafortunadamente acabamos con la empresa pública de telecomunicaciones que era Telecom, quedaron casi en su totalidad privados. Y son estos los que tienen que asumir una responsabilidad social. Les estamos entregando el espectro por 20 años, prorrogables a 20 más, les estamos dando un montón de prebendas, hay que buscar cómo ellos asumen una responsabilidad social. Tienen que poner de su parte y, como decimos, meterse la mano al bolsillo. Obviamente, la responsabilidad mayor recae sobre el Gobierno que tiene los recursos a través del fondo, además porque es su obligación del Gobierno.

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