Se desempantana proyecto de Reforma a la Justicia

Se estableció la posible creación de un tribunal de instrucción, que reemplazará a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Así concluyó el primero de ocho debates que tendrá que cumplir este proyecto de enmienda constitucional, cuya relevancia ha logrado acercar al gobierno con las altas cortes, después de más de 10 años de estrictas diferencias.


En un debate que tardó más de 12 horas se definieron aspectos como el acceso real a la justicia, la descongestión judicial, la no eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y las funciones jurisdiccionales a los notarios, entre otros.


Luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara el principio de acuerdo entre los tres poderes públicos, se estableció la posible creación de un tribunal de instrucción, que reemplazará a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y estará conformado por siete magistrados que se encargarán de investigar al Primer mandatario.


Respecto a la tutela, el proyecto no establece modificación alguna, con el fin de "avanzar en el trámite y discusión del proyecto", tal como lo aseguró el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), presidente de la Comisión Primera del Senado.


Con el fin de descongestionar la justicia, los funcionarios administrativos, como notarios y abogados, podrán evacuar procesos distintos a los de carácter penal y contencioso administrativo; sin embargo, según lo estableció una proposición del senador Juan Carlos Vélez (Partido de la U), los funcionarios no podrán recoger pruebas, ni proferir sentencias judiciales.


"En materia de descongestión se va a acudir a muchas instancias para adelantar un plan de choque para que se fallen en algo más de cinco años, un millón seiscientos mil procesos represados con la participación de abogados litigantes y funcionarios actuales de la rama judicial, centros de arbitrajes y conciliación", explicó el ministro Germán Vargas Lleras.


Además, mediante una proposición del ministro Vargas Lleras, la rama judicial contaría con un presupuesto de un billón de pesos, dividido en 200 mil millones durante cinco años (siguientes a la sanción de la ley), los cuales se destinarán a procesos de descongestión judicial.


Asimismo, el proyecto ofrece facultades a inspectores de policía para atender casos de pequeñas cuantías y así descongestionar aquellos en los que se aplique la desjudicialización de los delitos menores. De esta manera, avanza el trámite de la iniciativa que tendrá que superar 8 debates en la Corporación antes del 20 de julio de 2012.

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