Se juega suerte de proceso de 'Yidispolítica' contra Uribe

La comisión de Acusaciones deberá este miércoles resolver la prescripción solicitada por la defensa, en medio de la polémica por esa estrategia.

Por estos días, uno de los temas más sonados en todos los sectores de opinión, se viene desarrollando en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, espacio en que el representante Yahir Fernando Acuña Cardales tiene en un álgido lío judicial al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el denominado proceso de la ‘Yidispolítica’.

Luego de superar reiteradas recusaciones formuladas por Jaime Lombana Villalba, abogado defensor del expresidente, y el procurador delegado dentro del proceso, Acuña citó al expresidente a indagatoria, diligencia convocada para el próximo 28 de mayo.

Sin embargo, antes de esa diligencia, este miércoles debe la comisión resolver la prescripción que solicitó Lombana argumentando que el tiempo para la investigación y el proceso ya fueron superados.

La ‘Yidispolítica’

Los hechos que son materia de investigación tienen que ver, en términos de Yidis Medina, con las prebendas y ofrecimientos de dádivas que, al parecer, le entregaron los ministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, en cumplimiento de órdenes directas del presidente Álvaro Uribe Vélez, para pagar su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió implantar en Colombia la reelección presidencial.

Este hecho, probado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia contra la excongresista, fue consignado por Acuña en pronunciamiento del pasado 7 de mayo, según conoció Elespectador.com, en la solicitud de negación de prescripción elevada por la defensa del expresidente, indicando:

“Conocidos los términos de la condena y demás piezas de la investigación, se le preguntó si con posterioridad a la citada reunión, fue citada a la Casa de Nariño a reunión, indicando que efectivamente sucedió, que sí fue citada, siendo el tema que se trató el del proyecto de reelección presidencial, para lo que sostuvo conversación, directa, con el señor Presidente de entonces, doctor ÁLVARO URIBE VELEZ, lo propio que con los ministros DIEGO PALACIO Y SABAS PRETELT DE LA VEGA, entre otros, quienes le insistieron en cambiar su voto para aprobar la reelección, ofreciéndole, como beneficios, todos los cargos públicos en poder del doctor HORACIO SERPA URIBE en el departamento de Santander, lo propio que una Notaría y un Consulado para un pariente, único beneficio que no se le concretó. Precisamente, lo que dijo en su testimonio, reforzado con lo plasmado por la Corte en la Sentencia de Condena contra YIDIS MEDINA PADILLA, fue que recibió la Dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, donde se nombró a CARLOS CORREA MOSQUERA el 3 de junio de 2004, la dirección de la Red de Solidaridad, donde se designó al señor JAIRO PLATA el 26 de julio de 2004; el Sena Regional Barrancabermeja, en el que año y medio más tarde, el 2 de febrero de 2006, fue nombrado Juan Bautista Hernández”.

A partir del fallo contra Medina, el representante pidió rechazar la prescripción alegada por Lombana, entre otras razones por considerar que el cohecho sigue vigente para ser investigado, en el más favorable de los casos hasta 2014. Además, porque ese comportamiento (cohecho) podría haber mutado hacia otros delitos, que se conocerían en la diligencia de indagatoria.

Igualmente, en el pronunciamiento de Acuña se destaca que debe negarse la prescripción, indicando: “Es la instrucción, con las pruebas recaudadas, la que nos dirá cuál o cuáles son las conductas por imputar”.

En ese sentido, la ley de momento estaría del lado de Acuña pues en derecho penal es la indagatoria el momento de precisar los cargos, como lo indica la Ley 600 de 2000 en el inciso 3 del artículo 338. En el mismo sentido, de conformidad con el artículo 85 del Código Penal, la prescripción es renunciable por el beneficiario de la misma y se autoriza extender la investigación por 2 años más.

De momento se desconoce el interés de Lombana de que prescriba el proceso cuando el expresidente ha dicho ser el más interesado en someterse a los rigores de la administración de justicia.

Las recusaciones

Vale la pena recordar que dentro del proceso, Lombana recusó varias veces al representante investigador, peticiones que fueron negadas por el pleno de la Comisión con el argumento de que el artículo 185 de la Constitución, hace inmunes, penal y disciplinariamente a los congresistas por sus votos y actuaciones, como lo dejó consignado la Corte Constitucional en sentencia de tutela del 29 de enero 1999, con ponencia de los magistrados Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez.

En otros fallos, en especial el 062 de 2001, aplicable al caso, la Corte consignó la “Inmunidad Parlamentaria Penal y Disciplinaria cuando los Congresistas emitan conceptos y votos en desempeño de sus funciones”, destacando las actuaciones judiciales que ejercen las Comisiones de Investigación y Acusación de Senado y Cámara, de conformidad con el artículo 185 de la Constitución.

Dijo la Corte: “Los textos deben interpretarse armónicamente, buscando equilibrar los diferentes valores, principios, derechos y garantías institucionales consagrados en la Constitución. Por esta razón, la interpretación no debe poner en peligro otros bienes y debe evitar la colisión entre los mismos. En consecuencia, no es de recibo una argumentación que conduzca a negar la inviolabilidad por los actos de investigación previos a una decisión colegiada, porque ello conduciría a sostener que un mismo comportamiento (integrado por varios actos), puede ser objeto de un doble tratamiento: sanción para unas conductas e irresponsabilidad para otras, en tratándose del mismo hecho”.

Además, el mismo fallo advierte: “No hay ninguna duda acerca de la inviolabilidad parlamentaria, cuando el voto o la opinión se expresan en decisiones de fondo, verbi gratia, en la acusación o preclusión de una investigación. Si ello es así, con mayor razón debe extenderse a los presupuestos para adoptar tal determinación (argumento a fortiori). Si la Constitución extiende la inviolabilidad para los graves atentados contra el ordenamiento jurídico, plasmados en actos jurisdiccionales con potencialidad de ocasionar serios traumatismos en la continuidad en el servicio público (por ejemplo, la formulación de una acusación ilegal), debe abarcar también actuaciones con menos potencialidad de daño, como la apertura de la investigación o la citación a indagatoria, expresión clásica de la defensa material”.

Según ese fallo, Acuña Cardales tiene razones para continuar el proceso pero todo está en manos de la Comisión que debe resolver la solicitud de prescripción. A la luz del artículo 185 de la Constitución, no debe haber temor de parte de los legisladores en su decisión ante la prescripción por posibles futuras denuncias penales y disciplinarias, denuncias que serían imposibles de investigar, pues son desechables.

Esta es la primera vez que la Comisión de Acusaciones llega tan lejos en el caso de un expresidente, con lo cual, se iría quitando el lastre de comisión de ‘Absoluciones’. Aunque Elespectador.com trató de consultar al investigador acerca de su interés en el proceso, de nuevo se negó a dar entrevistas para evitar más complicaciones en el sonado caso.