‘Se legisla a la medida de las mayorías’

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, advierte sobre los riesgos que puede generar la derogatoria de la Ley de Garantías.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, critica la propuesta de eliminar la Ley de Garantías. / Colprensa

A pocos meses de las elecciones regionales, el presidente Juan Manuel Santos realizó una propuesta que ha levantado ampolla: eliminar la Ley de Garantías Electorales para que los alcaldes y gobernadores puedan seguir contratando con normalidad en época de proselitismo. Las críticas no se hicieron esperar, y desde las orillas de la oposición aseguran que el mandatario busca “comprar” el respaldo en los comicios, el Gobierno afirma que no hay argumentos para mantener vigente la norma. Al respecto, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), critica la iniciativa, propone reformas de fondo que sean tramitadas con cabeza fría y presenta los planteamientos de la organización frente al equilibrio de poderes.

¿Cómo ve usted la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de derogar la Ley de Garantías electorales?

Esa propuesta se da bajo el presupuesto de que haya eliminado la reelección presidencial. La idea es que a julio de este año la reforma sea aprobada, así que aún la reelección está vigente. También hay que anotar es que esa ley no sólo se enfoca en un contexto de reelección presidencial, establece toda la normatividad frente a la financiación de campañas presidenciales en contexto de reelección o no. Si se va a expedir una nueva ley tendría que contar con lo referente a financiación de campañas, anticipos y que los recursos sean preponderantemente estatales para que quien resulte elegido no tenga que deberles a grupos económicos.

Pero las principales críticas han surgido por la posible participación en política de funcionarios públicos...

Hoy los funcionarios públicos, el que sea, secretario, director de instituciones descentralizadas, alcaldes o gobernadores, no pueden hacer campaña a ningún candidato. La nueva ley tendría que establecer la reglamentación y los alcances de la participación en política de funcionarios públicos. Obviamente, cuando hay dos años seguidos de elecciones, hay problemas de ejecución. Por ejemplo, el año pasado tuvimos tres procesos electorales, incluyendo una segunda vuelta, lo que implica que desde finales de enero estábamos en Ley de Garantías hasta después de la segunda vuelta presidencial. Eso afecta, pero hay temas que no se pueden pasar por encima de una manera tan olímpica.

Entonces, ¿cuál sería el camino para evitar desequilibrios electorales, sin bloquear la gestión de los mandatarios?

Tiene que generarse una nueva ley que establezca el mecanismo para que la Procuraduría, las personerías y todas las entidades de control tengan los mecanismos para hacer seguimiento a la contratación.

¿Habrá tiempo para tramitar esa nueva norma?

Estamos iniciado un proceso de discusión y no creo que sea posible que antes de mitad de año que concluye la legislatura. Tampoco creo que se puedan diseñar protocolos de seguimiento a la contratación, acordes con una norma que no existe, para vigilar unas elecciones que se darán en siete meses. Súmele a eso que si tramitan la ley debe pasar el control de la Corte Constitucional, eso tarda tiempo y no estará listo para octubre, acá no se puede pensar que es sólo poner la aplanadora de la coalición del Gobierno. La otra opción es que eliminen de la Ley de Garantías lo referente a contratación, pero eso no es serio, eso les daría la razón a las personas que hablan de intereses electorales.

¿Entonces los funcionarios harán política, no hay remedio?

Unos 32 gobernadores y más de 1.000 alcaldes con candidatos propios pueden terminar generando un cruce de favores para privilegiar campañas. Yo no estoy hablando sólo de la Unidad Nacional, que es donde se ha demostrado el manejo de la mermelada. Todos los mandatarios regionales y municipales tienen sus preferencias políticas, claramente el Polo, los verdes y el Centro Democrático están en desventaja. Si vamos a discutir las reglas de juego, creo que no se deben discutir en el marco de un proceso electoral. Eso no es serio.
En el Gobierno dicen que lo que se busca es mejorar la gestión, incluso la plantean como una medida anticíclica para enfrentar los problemas en la economía.
Si en la derogatoria sólo se va a tocar el tema de contratación, debe haber un estudio sobre cuáles son las inversiones que tiene que hacer el Estado y que se traducen en contratación pública. Con ese anuncio el Gobierno nos dio dos noticias. La primera que está interesado en no frenar la contratación. La segunda, que el país está entrando en recesión, hasta hace poco yo había escuchado de la solidez de las finanzas del Estado, que el impacto de la caída del petróleo estaba calculado, que los exportadores se están fortaleciendo por la subida del dólar, pero ahora hicieron pública una recesión económica.

¿Entonces se trata de una decisión politiquera?

No se trata de una actitud de este gobierno. Creo que los temas electorales deben tomarse con la seriedad y el cuidado necesarios, y hasta ahora no he visto que estos factores, que definen el poder local y nacional, sean tomados con juicio. Normalmente la legislación electoral termina haciéndose a la medida de los que tienen las mayorías, como si estuvieran confeccionando un vestido.

¿Por eso la desconfianza con el anuncio?

Claro. Yo entiendo que el Polo Democrático Alternativo, el Partido Verde y el Centro Democrático sientan mucha desconfianza con la decisión. Estamos hablando de cuatro meses de campaña, donde pueden empezar a contratar sin controles y los organismos de control no están listos para vigilar que no haya desbalances. A eso súmele que no hay estatuto de la oposición que les tendría que dar garantías en escenarios tan complejos como este. Por eso, la oposición no tiene cómo protegerse. Si el Gobierno, con su bancada mayoritaria, cierra filas, no hay mucho que hacer para garantizar la transparencia.

¿Entonces el Congreso no es el escenario ideal para hacer estas reformas?

Hay que hacerlo en el Congreso, es la base de la democracia. El problema es hacerlo en un año electoral. El mejor momento para discutir esta reformas es una vez sea aprobada la de equilibrio de poderes, que elimina la reelección presidencial, empezar a discutir sobre lo que debemos abordar de garantías electorales para poner las cosas en su justo orden. Es un momento en el que se debe abordar la financiación de campañas, el estatuto de contratación, el acceso a medios de comunicación y garantizar un estatuto de la oposición que está en mora desde 1991. Acá el Ejecutivo se lleva todo por delante, eso es lo que se evita con la Ley de Garantías y por eso no se puede eliminar a la ligera.

La MOE ha participado activamente en la discusión de la reforma de equilibrio de poderes. ¿Cómo nota los cambios para la segunda vuelta?

Por eso es que hay que dar discusiones profundas y con argumentos. La propuesta que se consolidó sobre el tribunal de aforados, después de muchos debates, con expertos, analistas y con el trasfondo del escándalo protagonizado por el magistrado Jorge Pretelt en la Corte Constitucional, se logró una fórmula que interpreta las necesidades que se tienen para el juzgamiento de aforados, en un país en el que se acostumbra a legislar para dar privilegios a las minorías, ahí se logró un gran avance.

¿La propuesta está a la altura de la crisis que enfrenta la justicia?

En el tema de la elección de magistrados de las altas cortes es interesante que se acabe con la puerta giratoria y un magistrado no puede pasar de una corte a otra, esas medidas restrictivas le devuelven a la justicia la grandeza que se perdió cuando empezó el carrusel de “yo te elijo porque eres mi amigo”.

¿Qué le falta a esa propuesta de equilibrio de poderes?

Se sigue hablando de la lista cerrada. El Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil han insistido porque es el único mecanismo para controlar el ingreso de dineros a las campañas que hoy es un hueco negro. Este tema no tiene consenso en el Congreso, porque así cada parlamentario sea su jefe y dueño de su curul, cuando eso le debe corresponder al partido.

Usted también ha manifestado sus reservas frente a las circunscripciones regionales.

Consideramos que en el Senado no debe haber circunscripciones especiales, el equilibrio debe darse por la Cámara de Representantes. El semestre pasado nunca tomaron en cuenta los planteamientos de la sociedad civil, era un diálogo de operadores políticos, pero cuando entran otros actores con nuevas reflexiones y análisis de impacto se vuelve más serio, por eso la propuesta del Gobierno se ha ajustado.