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Hace varios años el Congreso no vibraba de la forma en que lo ha hecho en los últimos ocho días. El debate en la Comisión Primera de Senado por el Acto Legislativo que busca modificar el juzgamiento de los uniformados dentro de la Jurisdicción Especial de Paz ha sido intenso. Se han requerido seis extensas sesiones en las que se ha notado con claridad el manejo de la estrategia legislativa de las bancadas de gobierno y de los opositores a la iniciativa. Al mismo tiempo, fueron horas de total incertidumbre que terminaron este miércoles en un histórico acuerdo político entre la bancada de gobierno y los amigos del acuerdo de paz.
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La sesión de este miércoles estuvo marcada por un fuerte pulso que terminó en una aproximación política para la cual las partes enfrentadas tuvieron que ceder un poco. El Centro Democrático, dirigido por su jefe natural, el expresidente Álvaro Uribe, quien en una inusual sesión participó como miembro de la Comisión Primera a pesar de no hacer parte de ella, reconoció por primera vez la legitimidad del sistema de justicia transicional. Pero, además, se comprometió públicamente a que los dos artículos acordados no sufrirán inclusión de nuevos temas en los siete debates que le restan para convertirse en una reforma constitucional.
“Eso no implica a que renunciemos a las opiniones que tenemos de la JEP, eso sí, que no nos llevan en ningún momento a incumplir este acuerdo. Sobre otros temas, nos reservamos de buscar tramitarlos en otros proyectos, no en este para honrar el acuerdo político”, dijo el hoy senador Uribe, no sin antes ser enfático en que el Centro Democrático seguirá honrando sus compromisos de no hacer trizas los acuerdos de paz, pero sí hacerles modificaciones para mejorarlos.
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Del otro lado, vino un hito inédito. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, mirando al os ojos al expresidente Uribe, le dijo: “Voy a creer en su palabra, doctor Uribe. La gente tiene que entenderse con su palabra. Estamos logrando un gran consenso nacional alrededor de la JEP y eso debe tener un efecto positivo en que las fuerzas que hoy se mantienen en armas, aunque quieren retomarlas, hagan un alto en el camino y podamos encontrar un camino real de paz”.
Lo secundó la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien había sido reacia a confiar en el Centro Democrático porque, según ella, había incumplido su palabra sobre el apoyo que le daría a la Consulta Anticorrupción. Por eso, aprovechó para solicitarle que reiterar su compromiso. “Volvemos a confiar en los términos políticos suscritos en este acuerdo”, señaló Lozano. Sin embargo, aclaró que todas las discusiones que se desarrollen a futuro sobre el Acto Legislativo serán llevadas a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz de tal manera que se logre una concertación del proyecto con el hoy partido FARC. “Valoramos el reconocimiento de la JEP y es lo que nos motiva”, agregó la senadora.
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El acuerdo político al que se llegó implicó renunciar a la creación de una sala especial dentro de la JEP para procesar a los uniformados, pero sí fortalecer con más magistrados las salas con las que ya cuenta el sistema de justicia transicional. En principio, se acordó que serán 14 magistrados más los que harán parte de la JEP, lo que no obsta a que la cantidad siga siendo discutida en desarrollo del trámite del proyecto pues, según el senador de la U, Rooslvet Rodríguez, es fundamental reconocer los problemas de desfinanciamiento con los que ya cuenta el sistema. No obstante, lo logrado no recogió la voz del Polo Democrático que se opuso hasta el final. "Este es un torpedo y una forma de iniciar el camino para la destrucción de un acuerdo de paz y una justicia transicional que nos estaba encaminando a la reconciliación", dijo el senador Alexander López.
Esto implica que el proyecto del Centro Democrático, en su práctica, ha sido archivado para darle paso a una nueva reforma constitucional la cual se tramitará bajo cinco acuerdos: trabajar conjuntamente en la aprobación del texto aprobado en la Comisión Primera para fortalecer la legitimidad de la JEP; el texto no incorporará ningún tema nuevo a lo largo de su trámite legislativo y todas las discusiones sobre este texto se llevarán a una comisión multipartidista con presencia de todas las fuerzas políticas; los textos del proyecto serán llevados a la CSIVI; las bancadas se reservan el derecho de presentar otras iniciativas sobre estos mismos temas que serán discutidos de forma autónoma y ajena a esta reforma.
Es cierto que la tramitación de este proyecto logró sentar en la misma sala al expresidente Uribe, la FARC, los representantes de Cambio Radical, de la Alianza Verde, del Polo Democrático, y todas las fuerzas vivas de la democracia colombiana para conseguir una aproximación respecto al acuerdo de paz. Algo que no se había logrado ni en los casi seis años de negociaciones políticas en La Habana ni aún en la renegociación del acuerdo de paz luego del triunfo del no en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Pero no menos cierto es que aunque este Acto Legislativo haya logrado su aprobación en su primer de ocho debates, los tiempos del Congreso amenazan con cerrarle el oxígeno que el acuerdo de este miércoles le dio.