“Se necesita la vara más alta para sanear lo público”: Angélica Lozano

La representante Angélica Lozano, defensora de reformas en el sistema de juzgamiento a los magistrados de las cortes y otros aforados, hoy totalmente inoperante, explica cómo sería el nuevo tribunal que reemplazaría a la actual Comisión de Acusación. Y, ante el grave escándalo de corrupción que involucra a tres expresidentes de la Suprema, recuerda a quienes se opusieron a los cambios propuestos hace dos años.

Es hora de “un gran debate”: Angélica Lozano. / Cristian Garavito

Con las escandalosas revelaciones sobre sobornos y compra y venta de fallos en la Corte Suprema se abrió una nueva posibilidad que haría viable el Tribunal de Aforados, una propuesta fallida en la reforma de hace dos o tres años. Usted luchó por su creación en ese momento. ¿Es más optimista ahora?

Sí. En el Congreso es fácil lograrla, pues hicimos una buena reforma entre 2014 y 2015, resistiendo la presión abierta de un trío megapoderoso, y otra más soterrada. Vale la pena reconocerles a los parlamentarios la meritoria actitud que mantuvieron cuando los aforados trataban de conservar la impunidad que les garantiza la Comisión de “absoluciones” (de Acusación, de la Cámara). Temo que magistrados ejemplares que se integraron al movimiento de oposición a la reforma sirvieron de idiotas útiles de sus colegas bandidos. ¡Y la atacaron con todo! A pesar de ello, el Congreso la aprobó. Fue la Corte Constitucional la que la tumbó definitivamente.

¿Quiénes conformaban el “trío megapoderoso” y el grupo “soterrado” como los llama usted?

Del “trío” hacían parte Bustos (presidente de la Corte Suprema), Eduardo Montealegre (fiscal general) y Néstor Humberto Martínez (ministro de la Presidencia). Y los “soterrados” eran algunos togados de todas las cortes que no tenían presencia directa en el Capitolio, pero apoyaban al “trío” en sus objetivos, sin saber a quiénes les estaban sirviendo.

¿Cómo se conformaría el tribunal de aforados según la propuesta actual, con cuáles funciones y para juzgar a quiénes?

Tendría siete miembros que se dividirían en salas para garantizar la independencia en las funciones de investigación, juzgamiento y segunda instancia. Tendría la capacidad de investigar y juzgar a los magistrados de las altas cortes, incluyendo los de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), al fiscal general y al presidente de la República. Paloma Valencia propone incluir también en esa competencia al contralor, procurador y ministros. Estaría compuesto por abogados con mínimo 30 años de experiencia profesional y 60 de edad para que salgan a jubilarse y no a engranarse con otros poderes.

¿Qué diferencia el tribunal propuesto en 2015 con el que se plantea ahora?

El Acto Legislativo 02 de 2015 había consagrado una comisión para aforados con el fin de investigar a los miembros de las altas cortes y al fiscal general, pero se mantenía la Comisión de Acusación para el presidente de la República. En la elección de sus cinco integrantes participaban las cortes, y cuando la comisión acusara, la corte a la que no perteneciera el investigado asumiría el juicio. Por ejemplo, a Bustos, Ricaurte y Tarquino, que fueron miembros de la Suprema, los habría investigado el Consejo de Estado. Hoy volvemos a la propuesta inicial de 2014 en la más drástica de sus versiones, no sólo porque era la mejor sino porque las condiciones actuales prueban que se necesita la vara más alta para sanear el ejercicio público en nuestro país.

La posibilidad contemplada hoy para revivir esa propuesta es la de incluirla en el proyecto de reforma política pactada dentro del Acuerdo de Paz. ¿No temen que sea declarada inconstitucional por no tener nada que ver con la materia?

Será un gran debate por el contexto judicial y político en que se está dando. La cuestión central es si la Comisión de Acusación es garantía para la sociedad escandalizada con el desmadre de abusos de poder y corrupción en la cúpula de la justicia. Parte de lo que sucedió en la Fiscalía y en las altas cortes se dio por la certeza que tenían sus miembros de la impunidad eterna de que gozan. Cómo será que (Francisco) Ricaurte hasta se postuló para la JEP. El acuerdo final para la terminación del conflicto armado enmarca, en sus principios, la no impunidad, y en su página 79 obliga al Estado a poner en práctica una serie de medidas para garantizar que la justicia, en todos sus órdenes, sea transparente e independiente.

Escuchando a los presidentes actuales de las cortes esta semana queda la sensación de que, si bien están preocupados, no han terminado de aceptar la gravedad de lo ocurrido ni la profundidad de la reforma que se requiere. ¿Tiene la misma impresión?

¡Sí! Vi la entrevista que dieron los tres presidentes de las cortes a Caracol Televisión y no podía creer lo que decían: minimizaron la gravedad de los hechos, carecieron de autocrítica institucional y despreciaron a la ciudadanía. No reconocieron las fallas estructurales en el esquema de control y juzgamiento a los magistrados y, a estas alturas, aseguraron que la Comisión de Acusación funciona bien y que el problema no está en las cortes ni en sus integrantes, sino en el fenómeno de la corrupción, que es “un problema de la sociedad”. ¡Qué desconectados están!

Pese al escándalo, los interesados, es decir, los involucrados en líos penales y sus poderosos amigos, no están vencidos y, por eso, no demoran los lobistas en llegar al Congreso para quitarle fuerza a la propuesta. ¿Ha visto alguno?

Todavía no. Llegarán, pero dudo que prosperen sus intereses porque la corruptela destapada supera la ficción. Repito, este Congreso al que criticamos tanto fue capaz de resistir las presiones en el primer intento. Esperamos que vuelva a hacerlo. El gran reto estará en la letra menuda: ¿el tribunal de aforados asumirá investigaciones por hechos nuevos ocurridos a partir de su integración o iniciará con el archivo que duerme convenientemente en la comisión de “absoluciones”? En ese tipo de detalles estará el lobby. Como el rabo de paja es tan grande, los involucrados intentarán mantener enterrados sus casos.

En los debates televisados se veía a magistrados muy destacados ir a las discusiones, pero en particular a uno: Leónidas Bustos. ¿Cuál fue su participación real como presidente de la Corte Suprema?

El señor Bustos sostuvo todo el tiempo que la Comisión de Acusación funcionaba bien y que no debía cambiarse. En una audiencia que convoqué para septiembre de 2014, antes de empezar el trámite del proyecto de equilibrio de poderes, fue a dictarnos clases de ética y a señalar que los magistrados y el fiscal general jamás cometían delitos.

¿Quién enfrentaba o contradecía, entonces, a Bustos?

Nadie.

¿Por qué?

Por el poder de su cargo.

Consta en archivos de video de una sesión en la Comisión Primera de Cámara la desautorización del superministro a sus colegas de Interior y Justicia que ya habían acordado con ustedes varios puntos de la reforma. ¿Qué pasó ese día?

El episodio al que usted se refiere corresponde a la discusión de otro tema grueso de la reforma, que era la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Ese día los ministros tenían una propuesta concertada con nosotros, los ponentes, y llegó Martínez Neira con una proposición desconocida y sólo de él, en que entregaba todo el poder administrativo de la rama a los presidentes de las altas cortes, es decir, la administración de más de $3 billones al año. Ante mi insistencia autorizó a su asistente a que tomáramos una foto del papel que llevaba consigo. Fue así como quedó evidencia de su proposición indefensable para mejorar la Rama Judicial, pero útil para conseguir votos en su aspiración a llegar a la Fiscalía, a la que dijo que no le interesaba aspirar.

Al otro día de ese enfrentamiento entre ministros del Gobierno (“vergonzoso” lo llamaron ustedes… “nunca ha debido pasar”, dijo el ministro Cristo) hubo otro rifirrafe, muy fuerte, entre usted y Martínez. ¿Por qué?

Le pregunté al doctor Martínez si se había reunido con el magistrado Bustos a las 5 de la tarde, antes de llegar a la Comisión, con la proposición de entregarles en bandeja de plata la administración de la Rama Judicial a los presidentes de las cortes. Al día siguiente él me retó a que renunciara si no podía demostrar lo que dije, pero, esa tarde, él mismo lo reconoció en entrevista con Félix de Bedout. En tono de burla, afirmó que sí se había encontrado con Bustos, pero a las 7 de la noche, como si eso cambiara el sentido de lo que estaba denunciando: que él y Bustos se habían puesto de acuerdo.

¿La discusión entre ustedes se dio también por la creación del tribunal de aforados o sólo debido a diferencias en la administración de la Rama Judicial?

Él se opuso a todo. Aunque jugó bien sus cartas y no verbalizó las barbaridades que expresó abiertamente Bustos, es decir, que la Comisión de Acusación funcionaba bien, la agenda de Martínez era la que dijera Bustos, crucial para elegirlo fiscal general. Bustos, presidente ese año de la Corte Suprema, tenía dos objetivos: más poder en la administración con el control de los recursos de la rama y garantizar la impunidad eterna que únicamente garantiza la supervivencia de la Comisión de Acusación. Mi pronóstico fue desbordado por los hechos. Bustos y Montealegre obtuvieron lo que querían: la subsistencia de la Comisión. Martínez les cumplió a Bustos y a sus aliados en la Corte que lo eligieron fiscal, tiempo después. El ministro Reyes quedó como el enemigo de la Suprema un año antes de pedirles a sus magistrados el voto para fiscal, cuando ya no tenía ningún chance.

¿Cree que la fama de Reyes, de “enemigo” de la Corte Suprema que yo también oí de varios magistrados, antes de la elección de fiscal, fue parte de una trama para minarlo aunque el doctor Martínez Neira tenía todas las de ganar?

Sin duda: esa fama fue construida, fue tejida por su competidor y sus aliados.

¿Qué opina sobre las tremendas revelaciones de estos días en torno a la casi segura corrupción de Bustos y otros magistrados que estarían concertados en una red delictiva con abogados litigantes y algunos funcionarios de la Fiscalía?

Me angustia que este escándalo termine en la crucifixión del exdirector Anticorrupción de la Fiscalía Gustavo Moreno. Él es pieza clave de la red criminal incrustada en la cúpula de la justicia y de la política, pero sólo es un mandadero. Lo que está en juego no es únicamente el descubrimiento de las culpas del pasado, hoy ocultas, sino el poder absoluto de los miembros de las cortes en el futuro. El equilibrio de poderes iba en el sentido correcto y por eso les produjo pánico. Montealegre, como fiscal general, lo demandó y logró el inexplicable fallo de la Corte Constitucional. Pero, tal vez, no hay mal que por bien no venga. Probablemente valga la pena este tortuoso camino y, hoy, ante la gravedad de los hechos, logremos crear un implacable sistema de control a los delincuentes de cuello blanco. Ruego a la gente buena y a los trabajadores honrados de la Rama Judicial que rompan la solidaridad de cuerpo que los llevó a defender un “statu quo” corrupto al que, increíblemente, los actuales presidentes terminan respaldando esta semana, según se deduce de sus declaraciones.

“Un diseño de comisión para que no funcione”

¿Por qué sería mejor y más eficiente un tribunal de aforados que la actual Comisión de Acusación para juzgar a magistrados de alta corte?

Porque la Comisión de Acusación está diseñada para no funcionar: 1. Está conformada por políticos que sólo podemos dedicarle unos ratos a “administrar justicia”, cuando se requiere dedicación exclusiva. 2. Para ser parte de esa célula no se exige tener título de abogado y menos ser penalista, pero a sus miembros se les impone la obligación de procesar a la cúpula de la Rama Judicial (!!!). 3. Los representantes investigadores tienen que declararse impedidos cada vez que tienen procesos pendientes en la Corte Suprema y el Consejo de Estado. ¿Resultado?: en este período llegamos a estar habilitados sólo 8 de 15 integrantes: uno más y la Comisión habría quedado bloqueada por sustracción de materia. 4. La recolección de pruebas está en manos del CTI de la Fiscalía, y mire lo que pasaba, con un ejemplo que le menciono: “Señor fiscal Montealegre, por favor, ordene la práctica de tales pruebas en investigación contra el fiscal Montealegre”. Cambie el nombre por cualquiera de las cabezas de la Fiscalía, y el resultado sería el mismo.

“El Gobierno actuaba como Chespirito”

Como congresista, usted dio grandes peleas cuando se discutía el equilibrio de poderes en 2015. ¿Qué recuerda de esos debates?

El tribunal de aforados de esa reforma, órgano independiente y fuerte que soñamos Claudia López, Paloma Valencia y yo, aguantó sólo el primer debate. En el segundo le bajaron la categoría a nivel de comisión. Paloma perdió el entusiasmo y el tiempo le dio la razón. En tercer debate -del ahogado el sombrero-, logré que el fuero se mantuviera sólo mientras estuvieran los investigados en el cargo. ¿Qué pasó? Que el actual fiscal general, entonces ministro de la Presidencia, puso el grito en el cielo “¡Es un leviatán!”, dijo en Santa Marta a los políticos de la U, y ordenó echar para atrás lo acordado. Martínez se encargó de supervisar que se cumplieran sus órdenes y eliminaron todo. Empecé a perder la esperanza. Pero entre el quinto y octavo debates el Gobierno y el Congreso se subieron al bus de la reforma por el caso Pretelt.

Entonces, ¿qué sucedió?

Que el Gobierno actuaba como Chespirito: los ministros Reyes y Cristo daban un paso adelante y el superministro daba dos atrás para guardarle la espalda a Bustos, y éste a Montealegre. Creo que el doctor Martínez Neira debió calcular que iba a ser fiscal y que gozaría del mismo sistema de justicia inoperante.

 

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