¿Se podrán superar las diferencias Santos – Ordóñez?

Desde que se dio inicio a las negociaciones de paz con las Farc en La Habana, el procurador ha sido un crítico habitual, en especial, a los temas referentes a la justicia transicional.

Un cara a cara entre el presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez será la conclusión del tire y afloje que han sostenido los dos altos funcionarios desde que se iniciaron los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba). Precisamente, la última semana el diplomático cruce de ideas pasó a señalamientos frontales que generaron la necesidad de un encuentro planteado por el primer mandatario con la finalidad de “hacer claridad sobre conceptos equivocados (…) que espero –por el bien de la patria- hayan sido emitidos de buena fe”.

Aunque el presidente asegura que se trata de conceptos equivocados, desde la Procuraduría fue argumentado cada uno de los cuestionamientos y lo que queda claro es que en materia de paz, Santos y Ordóñez tienen visiones completamente diferentes y aunque los dos han hecho invitaciones a rodear el proceso, cada uno lo hace desde su concepción. El mandatario sabe que para lograr la paz se requiere hacer concesiones, en sus palabras “tragarse algunos sapos”, y Ordóñez no está dispuesto a ceder en materia de justicia.

El último capítulo de este enfrentamiento tuvo como telón de fondo la posibilidad de crear una policía rural o gendarmería (como se le denomina en Francia)n con participación de los eventuales desmovilizados de la guerrilla. Aunque no fue una propuesta como tal. En realidad, Santos, ante la pregunta de un periodista, solo atinó a decir “no lo descarto, que esa policía tenga presencia de guerrilleros desmovilizados, eso hay que negociarlo entre las dos partes”.

La respuesta de la Procuraduría no se hizo esperar. Por su cuenta en twitter, manifestó que la idea de esa “gendarmería rural” con miembros de las Farc ratifica que sí se negocia la estructura de la Fuerza Pública en La Habana. Y recordó que “en 2014, el Gobierno negó haber propuesto crear el ministerio de seguridad y modificar la estructura Fuerza Pública. Hoy habla de gendarmería rural”, finalmente, Ordóñez dijo que “es importante que el Gobierno informe con transparencia lo que discute con las Farc frente a la Fuerza Pública”.
Ante estas críticas puntuales, el jefe de Estado contestó contrariado que “me han informado de un comunicado de la Procuraduría. He leído el comunicado, y me parece malintencionado. Es realmente perverso concluir que por decir simplemente que no he pensado en el ingreso de desmovilizados a la Policía, pero que no lo descartaba, eso quiere decir que estamos negociando la Fuerza Pública en La Habana”.

El intercambio epistolar continuó con un irónico llamado a la serenidad de Ordóñez hacia Santos, señalando que “es mi obligación como representante de los intereses de la sociedad llamar la atención sobre estos temas, mucho más cuando los acuerdos no son inmodificables, conforme a la regla de que ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’ (…) La transparencia es la base de un Pacto para la Paz que le dé sostenibilidad a los acuerdos y garantice que lo que se firme con las Farc se cumpla. A dicho pacto se llega a través del debate y la discusión civilizada, sin ofensas innecesarias, con serenidad, con talante democrático y con respeto por la opinión, nunca con intolerancia, estigmatización y la criminalización de la oposición o de los sectores que tienen criterios diferentes”.

Incluso, el procurador expuso los argumentos por los que considera que sí se trata de cambios en la Fuerza Pública: “El Gobierno no solo ha pensado sino discutido con algunas personas que a la Policía se vinculen desmovilizados, así sea en calidad de ‘guardabosques’. Esa nueva policía rural, obliga a suprimir o replantear las funciones que cumple la Dirección de Carabineros y de Seguridad Rural de la Policía Nacional, al igual que impactaría el papel de las Fuerzas Militares en los territorios. La creación de un nuevo cuerpo para la seguridad rural conlleva una reforma a la estructura actual”.

Así, desde cada orilla, el presidente y el procurador defienden sus puntos de vista. La presunta es: ¿el cara a cara entre los altos funcionarios podrá establecer puntos de encuentro? Aunque el superministro Néstor Humberto Martínez ha celebrado la reunión y la considera el escenario para “explicar” la conducción del proceso de paz, la verdad es que las diferencias son tan radicales y complejas como las mismas negociaciones que se adelantan en La Habana. Y, como se sabe, en el país político cada uno tiene su respaldo.

Los planteamientos de Ordóñez sobre la impunidad son apoyados por el uribismo y buena parte del Partido Conservador. Los de Santos, sobre los beneficios de la justicia transicional, son defendidos a capa y espada por el fiscal general Eduardo Montealegre y los partidos de la Unidad Nacional. En síntesis, estas diferencias son el reflejo del panorama de polarización política del país. De ahí la complejidad de solucionarlo en un encuentro amigable.

Vale la pena recordar que aunque el procurador Ordóñez ha sido un crítico constante, fue en un foro en la Universidad Externado, en mayo de 2013, donde se vio más claramente su posición frente a los diálogos, cuando se enfrentó al fiscal Montealegre, hoy por hoy, uno de los principales defensores del proceso y de los beneficios de la justicia transicional.

Mientras el procurador afirmaba que “lo que se plantea es una caricatura, un instrumento jurídico que beneficia a los victimarios y desconoce a las víctimas”, Montealegre contestaba que esa propuesta de “investigar, acusar y juzgar a todos los que han estado relacionados con el conflicto no es más que una utopía. Con esos argumentos de Ordóñez, el único derecho que se puede sacrificar es el derecho a la paz”.

Desde ese momento, las advertencias del jefe del Ministerio Público han sido reiteradas, como la recordada sentencia de que “el Gobierno está metiéndole a los colombianos el Marco Jurídico para la Paz con vaselina”. También dio a entender en varias ocasiones que su obligación es sancionar a los funcionarios del Estado que no cumplan las leyes. Palabras que quedaron sonando en el Gobierno y que en Casa de Nariño, sabían, ponía en riesgo a los negociadores.

Ese fue el argumento para que en el trámite de la Ley 418 de Orden Público, que es el marco legal bajo el cual se adelantan los diálogos de La Habana, se incluyera un artículo especial que planteaba que los representantes del Gobierno en la mesa de negociación no podían ser objeto de procesos disciplinarios.

Son solo algunos de los episodios que han enmarcado las radicales diferencias entre el Gobierno y el Procurador frente al proceso de paz, respaldados cada uno desde un sector de la sociedad que finalmente está representado en las elecciones presidenciales, donde el ala cercana a Ordóñez obtuvo cerca de siete millones de votos. Santos, con su apuesta por la paz, recibió algo menos de ocho millones. Los diálogos, señalan, parecen estar en una etapa de no retorno, en ese contexto es importante el encuentro, lo realmente complicado es acercar los puntos de vista.
 

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