Se viene reforma a la Fiscalía General

La idea es prepararla para el posconflicto. Se contempla aumento de nómina, en especial en regiones con alta incidencia del conflicto.

El fiscal general Eduardo Montalegre ha dicho que la reforma a la entidad es necesaria para la paz.  / Archivo - El Espectador
El fiscal general Eduardo Montalegre ha dicho que la reforma a la entidad es necesaria para la paz. / Archivo - El Espectador

Lo más complejo de la negociación con las Farc no es la firma de los cinco puntos que contempla el acuerdo marco para la terminación del conflicto que suscribieron el Gobierno y la guerrilla. Tal como lo han señalado las partes, para que haya una verdadera reconciliación lo más importante es la etapa del posconflicto, en la cual es prioridad garantizar el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, para lo cual el papel prioritario tendrá que desempeñarlo la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el Marco Legal para la Paz, el ente acusador tendrá que hacer las investigaciones, determinar los mecanismos de priorización para dar con los máximos responsables de delitos y establecer los mecanismos para la suspensión de la pena. Por eso, el Congreso de la República le otorgó ayer facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos para reformar la entidad y “ponerla a la altura” de los retos que plantea la paz, según los argumentos de la iniciativa.

Hasta el momento, la Fiscalía se ha mostrado insuficiente para asumir estos retos. Prueba de ello fue la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, con la que se desmovilizaron más de 30.000 paramilitares. Pero después de ocho años es poco lo que se ha avanzado y los principales afectados han sido las víctimas.

El fiscal Montealegre sostiene que las facultades extraordinarias son necesarias porque “se requiere mayor infraestructura para asumir la investigación, acusación y juzgamiento de cerca de 10.000 miembros de la guerrilla si se da la desmovilización. Cuando se trata de violaciones de derechos humanos y la Fiscalía actúa, se imponen sanciones, se evita la impunidad y se garantiza la no repetición”.

La reforma, que ahora depende de la reglamentación que se haga en la Casa de Nariño, contempla aumentar la nómina de la Fiscalía a lo largo del país, en especial en regiones con alta incidencia del conflicto, para establecer claramente los fenómenos de criminalidad, creación de unidades especiales acordes con las necesidades del posconflicto y de la sofisticación de la delincuencia. Además se creará un centro de formación para fiscales y policía judicial de acuerdo con las necesidades del sistema penal acusatorio.