Secretario del Congreso, uno de los cargos más poderosos en Colombia

La pelea por la elección del secretario general del Senado es por un poder más grande que el de los mismos legisladores, pues nada de lo que aquellos decidan queda en firme si éste no lo certifica.

Pesos pesados de la política, caciques regionales conocedores como pocos del manzanillismo y curtidos en asuntos de clientela electoral, Roberto Gerlein, Aurelio Iragorri y Víctor Renán Barco (ya fallecido) reflexionaban hace quince años sobre quién sería el personaje más influyente del Congreso colombiano. Lo hacían en los pasillos aledaños al recinto de la corporación, por invitación de un periodista bogotano. Se les ocurrieron muchos nombres sonoros, personajes mediáticos, delfines del centro y la periferia, candidatos madurados en los medios de comunicación y una que otra figura nueva de los sectores políticos que ellos representaban.

Hablaron de los que regañan a los ministros, de los que les hacen sonoros debates, de los que cambiaban de partido político como cambiar de camisa (eran épocas de lentejismo no censurado aún por reformas políticas como las de ahora), de los que más proyectos de ley presentaban y de los que hacían los almuerzos más concurridos.
 

No lograron acuerdo.

A punto ya de dejar al bisoño reportero político sin respuesta para la que parecía una sencilla pregunta, la charla fue interrumpida por la menuda figura de Manuel Enríquez Rosero. Con ese hablar lento, respetuoso y vocalizado que caracteriza a los pastusos les hizo saber que la sesión estaba a punto de comenzar y que los necesitaban para alguna votación. En ese instante los hombres más viejos del Congreso hallaron la respuesta que tanto buscaban:
-“Éste es”, dijeron casi en coro.

Tenían razón. Enríquez Rosero no pronunciaba los discursos acalorados de Íngrid Betancourt, ni era tan mediático como Vivianne Morales. Y estaba muy lejos de manejar las cuotas burocráticas de Fabio Valencia Cossio. Pero sin la participación del secretario del Senado –o el de la Cámara, dado el caso- la labor de cualquier congresista podría quedar reducida a la nada.

¿Qué pasa si al secretario se le olvida agendar un proyecto para discusión?, ¿o si hace mal la citación a algún funcionario?, ¿qué tal si no aparecen las constancias que un congresista dejó en las cuales se declaraba impedido para participar en un debate? Si al secretario se le refunden, el legislador no tendría cómo argumentar su defensa en un proceso de pérdida de investidura.

La historia está llena de casos en los cuales importantes debates se quedaron en veremos o fueron postergados hasta morir porque a alguien se le olvidó mandar a imprimir las gacetas del Congreso (en la cuales están las ponencias que los legisladores leen, o deben leer, para decidir si apoyan o no un proyecto). O al revés. Con un empujoncito del secretario, un proyecto que antes aparecía en el último de los sesenta puntos del día terminó siendo el primer proyecto a discutir en la sesión.

Los debates de control político, los proyectos de leyes y reformas constitucionales avanzan al ritmo que el secretario les ponga.

Incluso sucede cada cierto tiempo que el presidente del Senado y el Secretario General no marchan con armonía porque a uno le gusta más que al otro determinado proyecto. Y en los registros de televisión también abundan grabaciones en las que un furioso Presidente de comisión o plenaria regaña al secretario por no haberle recordado que tenía que declarar la sesión permanente después de cuatro horas de debate. Pasar por alto esta norma es un vicio en el procedimiento y puede hacer que se hunda una ley. Hay secretarios a los que les falla la memoria, a otros se les olvida a propósito la norma.

En suma: el secretario conoce mejor que los legisladores cómo funciona la corporación y por eso todos han querido ser amigos de él, sin importar cuál sea su nombre y así venga a notarse apenas ahora, en tiempos de campaña y con elección de por medio. Y eso que ya no tienen tanta influencia como antes en los temas de ordenamiento del gasto, que formalmente dependen del director administrativo de Cámara o de Senado.

La notoriedad, los contactos, la influencia (y todos esos ingredientes a cuya suma en política le llaman poder) de Manuel Enríquez como secretario le sirvieron para hacerse elegir congresista. Primero fue representante y ahora es colega en el Senado aquellos que antes le decían secretario. En la cámara de Representantes, la condición de secretario fue la que le valió a Angelino Lizcano para llegar a presidente del Consejo Superior de la Judicatura, tribunal en el que hasta la fecha es magistrado.

Por eso es que en la actual pelea por la elección del nuevo secretario general del Senado, prevista para la próxima semana, hay mucho más en juego que los $360 millones que devengará anualmente quien se haga al cargo. Con la decisión de Emilio Otero de marginarse de la puja, tras una serie de cuestionamientos que se extendían incluso a una supuesta inhabilidad por haber sido sancionado disciplinariamente por la Procuraduría, en el abanico quedaron 146 candidatos. Como ya es tradicional en los procesos de elección para este tipo de cargos, la gran mayoría terminarán siendo convidados de piedra.

El que parece tener la mayoría de votos asegurados es Emiliano Rivera, un boyacense que hace parte de la generación de abogados que en los noventa comenzó carrera en el legislativo asesorando congresistas y ahora le apunta a cargos de mayor jerarquía en la política nacional.

Roberto Camacho (muerto en un extraño accidente de helicóptero), María Isabel Rueda y Zamir Silva, en su condición de representantes a la Cámara, tenían por ese entonces como asesores a Aníbal Fernández de Soto, Gina Parody y Emiliano Rivera, respectivamente. Y de la mano de sus mentores, los asesores de ayer consolidaron sus carreras. Parody sucedió a Rueda cuando esta se retiró del Congreso, convirtiéndose en uno de los fenómenos electorales del país; Fernández se Soto ocupó cargos en la empresa privada y el gobierno y acaba de ser nombrado como viceministro del Interior; y Rivera dio el salto de asesor de congresista a secretario de la Comisión Primera de la Cámara, considerada una de las más importantes del Congreso, y ahora quiere ser el Secretario General del Senado con el aval de varios partidos políticos.

Su nombre gusta en sectores del Polo Democrático, el liberalismo, la U, Cambio Radical y el Partido Conservador, pero para evitar sorpresas, el nuevo presidente del Senado, Roy Barreras, optó por hacer que la votación entre los miembros de la corporación senadores sea pública y transmitida por televisión.

De los otros candidatos llama la atención que personas como José Leonardo Bueno Ramírez, Saúl Villar Jiménez, Hilda Gutiérrez, Diana Aurora Aníbal Fonseca, Amparo de Jesús Zárate Cuello, Elías Enrique Cabello Álvarez y Fabio Humberto Santana Urrego se hayan presentado al mismo tiempo para secretarios del Senado y de la Cámara. O que la postulación de Maria Teresa Trujillo Tobar señale que es abogada, pero su nombre no figure en el registro de abogados del Consejo Superior de la Judicatura.

Ojalá no se equivoque el Senado, pues esta es su oportunidad de reivindicarse ante la opinión tras el fiasco en que terminó convertida la frustrada reforma a la justicia y la reciente suspensión de Ómar Velásquez, director administrativo del Senado, a quien la Procuraduría señala de por supuestas irregularidades en contratos para la remodelación del recinto del Senado.