La 'segunda' Batalla de Boyacá

El Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó la suspensión de las obras de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, hasta que el Ministerio de Cultura elabore un nuevo plan de manejo especial y de protección del Puente de Boyacá y de su Parque Histórico.

ArchivoPuente de Boyacá, en Tunja.
Un nuevo plan de manejo especial y de protección del Puente de Boyacá y de todos los monumentos que conforman su Parque Histórico. Es lo que le pide el Tribunal Administrativo de Boyacá al Ministerio de Cultura para poder seguir adelante con las obras de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, uno de los proyectos viales más importantes del país, que comprende 211 kilómetros y que apunta a mejorar la movilidad  de la región, reduciendo el tiempo de recorrido entre Bogotá y Sogamoso en más de dos horas. 
 
¿Pero qué tiene que ver el Mincultura en todo este embrollo? Pues mucho: el  Tribunal decretó esta semana la suspensión provisional de la resolución 3991 de 2014 del Ministerio, que autorizaba el proyecto de intervención vial en inmediaciones del Puente de Boyacá, fallando así una acción popular interpuesta por el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, que buscaba defender la integridad del puente y hacer cumplir las recomendaciones del Ministerio de Ambiente. 
 
Con esa resolución 3991, el Ministerio de Cultura facultaba al Concesionario Solarte y Solarte a realizar el proyecto de intervención vial, con un nuevo trazado que, supuestamente, no afecta de manera directa al Puente de Boyacá, aunque a criterio de la gente de la Universidad del Rosario, sí involucra a otros elementos históricos del parque, tales como el Cerro de Bolívar, lugar desde el cual el libertador dirigió la batalla.
 
“El objetivo de la acción popular no es evitar que se realice la vía, pero sí que se respete el ordenamiento jurídico y que se garantice la esfera de protección al lugar en el cual se dio el hito que nos convirtió en república independiente”, explicó Sebastián Senior, investigador del GAP. Según sus argumentos, si bien el Estado debe garantizar las obras que generan un beneficio y utilidad pública, también debe proteger los bienes de interés cultural, “máxime en un país donde el patrimonio histórico y cultural es un derecho colectivo de rango constitucional”. 
 
Fue el vicepresidente Germán Vargas Lleras quien la semana pasada anunció que antes de que termine el 2015 quedarían terminadas las obras de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso: “Gracias a la gestión que hicimos con el gobernador de Boyacá, quedaron totalmente licenciados los kilómetros que faltaban, de manera que no vamos a esperar más. Esta vía que comunica a Bogotá con Tunja lleva diez años sin que haya sido terminada”, dijo. Y agregó que el compromiso del Consorcio Solarte y Solarte es que, teniendo el permiso ambiental que hacía falta, este año se culminará la obra, al igual que las variantes de Tocancipá y Gachancipá, donde ya se viene trabajando.
 
Los antecedentes se remontan al año 2002, en el marco del Plan 2.500, cuando se estableció la obra de desarrollo vial Briceño-Tunja-Sogamoso, que después del proceso licitatorio fue contratada con el Concesionario Solarte y Solarte, que desde entonces inició una serie de procedimientos con el fin de obtener los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto, entre estos con el Ministerio de Cultura para intervenir el Parque Histórico Puente de Boyacá, pues la ampliación de la vía entraría en contacto con este último en la variante entre Ventaquemada y Tunja. 
 
Esto ocasionó una reacción inmediata de la comunidad de Boyacá, así como de diversos entes especializados que intervinieron para defender la integridad del patrimonio histórico. En este sentido, se dieron a conocer los conceptos de la Academia Colombiana de Historia, la Academia Boyacense de Historia y el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, que concluyeron que la propuesta de ampliación de la vía afectaba los monumentos que conforman el Parque Histórico Puente de Boyacá. 
 
En 2009, el Ministerio de Ambiente modificó la licencia ambiental para el proyecto Briceño-Tunja-Sogamoso, resaltando en tal modificación “la importancia de seguir las especificaciones iniciales de cómo debía ser construida la variante Puente de Boyacá, ante lo cual el Consorcio se ha opuesto rotundamente, ya que no consideran que pueda verse afectado el monumento e insisten en adecuar la vía existente como una doble calzada”.
 
Ante este escenario, el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario interpuso en 2012 la citada acción popular, con el fin de evitar la violación de derechos colectivos, tales como el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, y la defensa del patrimonio público y cultural de la nación. Sin embargo, el 22 de diciembre del año pasado, el Ministerio de Cultura expidió la resolución 3991, con la cual autorizó el proyecto de intervención vial. 
 
En declaraciones a la revista Semana, Javier Guerrero Barón, presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores, enfatizó que la doble calzada adosada a la carretera actual, propuesta por el Consorcio Solarte y Solarte, “causará daños irreparables en el monumento en términos geográficos, históricos y arqueológicos. Estamos haciendo todo lo posible para evitar esta ignominia y podríamos decir que hemos comenzado la segunda Batalla de Boyacá”.
 
Por su parte, Juan Camilo Rodríguez, presidente de la Academia Colombiana de Historia, plantea los siguientes interrogantes: “¿Cuál será entonces el escenario del Bicentenario el 7 de agosto de 2019? ¿Queremos acaso conmemorar el Bicentenario de la batalla de Boyacá en el vacío de su histórico espacio?”. Y Sebastián Senior, del GAP, señala que “la pretensión principal de la acción popular presentada por el GAP es la protección del campo de batalla en su totalidad, es decir, de todo el Parque Histórico asociado a la Batalla de Boyacá, y no solo la protección de algunos de los monumentos incluidos en este. Es importante recordar, que la relevancia histórica y cultural del parque no se limita al Puente de Boyacá y demás monumentos, sino que sus alrededores son primordiales en el escenario patrimonial que se busca proteger”.
 
En respuesta a la lluvia de cuestionamientos, Jorge González, representante legal del Consorcio Solarte y Solarte ha dicho que el proyecto que presentaron y que aprobó el Ministerio de Cultura solo afecta el 2% del campo, es decir, 1,1 hectáreas de la zona en cuestión, y que reduce al mínimo la remoción de tierra. 
 
Lo cierto es que la situación que se está presentando en la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso plantea un reto para un gobierno que, como el de Juan Manuel Santos, está empeñado en sacar adelante y modernizar el país en materia de infraestructura, lo que, como se ve, muchas veces choca con la obligación de defender los patrimonios históricos y arqueológicos de la nación. 
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