:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/dVeNEZ58MGuhKRXU8-t7QUCLaG4=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/4F2FGYQLNJE2VNWTH5JHAHUL3U.jpeg)
Este martes se radicó en el Congreso un proyecto que promueve las segundas oportunidades para la población pospenada, quienes después de la vida en la cárcel buscan espacios laborales para reincorporarse a la vida civil.
La iniciativa nació de Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna, organización que lleva 10 años trabajando por dignificar y mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad. El proyecto se construyó en conjunto con Bahamón y sus autores principales son los Katherine Miranda, de la Alianza Verde, y Edward Rodríguez, del Centro Democrático. Además de ellos, otros 14 congresistas de diferentes orillas políticas (como Aída Avella, Andrés Calle, Ángela Sánchez, Juan Carlos Losada, entre otros) concuerdan en que se debe dar las garantías laborales para que los exconvictos no reincidan en delitos y generen entornos económicos para sostener a sus familias.
“Agradezco el apoyo de todos los partidos, esto es un tema de empatía, desestigmatización, de generación de segundas oportunidades para personas que en su mayoría no han tenido ni la primera oportunidad”, expresó Bahamón.
La propuesta legislativa busca aunar esfuerzos con los empresarios para que la población pospenada tenga mayor acceso al mercado laboral y su formación profesional. En el documento se propone que las compañías que abran sus puertas y contraten a este tipo de talento humano, puedan acceder a beneficios tributarios, económicos y corporativos. Esto acoge a toda persona que haya recuperado su libertad, de conformidad con la legislación vigente, o que se encuentra cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional, o suspensión provisional de su pena con autorización de trabajo.
Así las cosas, la iniciativa dicta que cuando las empresas empleen a personas con este perfil, bajo el tipo de término indefinido o fijo, pagarán los aportes correspondientes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, de la siguiente manera: “cuando la nueva contratación represente el 1 % de la nómina actual, la empresa contratante pagará solo el 80 % del valor total de los aportes mencionados en el primer año gravable, y el 90 % del total de los aportes mencionados en el segundo año gravable, por cada empleado nuevo contratado”. El porcentaje va cambiando según la cantidad de personas pospenadas contratadas. Según el documento, cuando corresponde al 5 % de la nómina actual, se pagará el 60 % del valor total de los aportes del primer año gravable y del 80 % del segundo año gravable. Y cuando represente el 10 %, el pago de los aportes será del 40 % del total en el primer año, y del 70 % en el segundo. Finalmente, cuando los pospenados contratados sean el 15 % de la nómina, la empresa contratante pagará solo el 20 % del total de los aportes mencionados en su primer año, y del 60 % del total de los aportes del segundo año, por cada empleado nuevo contratado.
Así mismo, el artículo 4 del proyecto establece que se creará la marca Segunda Oportunidad, “la cual identificará a las empresas que incorporen dentro de su planta laboral a por lo menos un trabajador de la población de personas pospenadas, o cuyos socios o accionistas haga parte de dicha población”, dice el documento.
De cursar con éxito su trámite en el legislativo, el Ministerio del Trabajo y de Comercio serán los responsables de reglamentar la ley, en los siguientes seis meses posteriores a su promulgación. De igual forma, según su artículo 5, el Gobierno Nacional será el encargado una “ruta del emprendimiento para las segundas oportunidades”. En ella “se le garantizará a la población pospenada el acompañamiento y asesoramiento para la puesta en marcha de sus propia empresa, así como para su posterior sostenimiento en el tiempo”, dicta el proyecto.