¿Cómo hacer para que el mandato anticorrupción no quede en el aire?

hace 2 horas
Los líos de la implementación de la paz

Semana de pasión en el Congreso

El Gobierno no pudo y el Congreso no quiso. Una frase que retrata lo sucedido en el Legislativo: la reforma política se hundió, la ley estatutaria de la JEP pasó con cambios sustanciales y las 16 circunscripciones especiales están en el limbo.

Rodrigo Lara, presidente de la Cámara, uno de los grandes opositores de la reforma política. Gustavo Torrijos - El Espectador

En lo que tiene que ver con la realidad del común de la gente, a un año del Acuerdo firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc —sin muertos ni secuestrados o desaparecidos por ese conflicto—, no se puede afirmar que la paz ha sido un fracaso. Más bien, esa palabra puede acomodársele a un Estado que, en su conjunto, Ejecutivo y Legislativo, no ha sabido, en el caso del primero, y no ha querido, en el caso del segundo, estar a la altura de las responsabilidades emanadas de ese pacto de reconciliación que, más allá de sus defectos, goza del reconocimiento de la comunidad internacional. Pero no. La clase política puso por encima sus intereses electorales y burocráticos, y la implementación de esos acuerdos se hizo a medias, en algunos casos, o simplemente no se hizo, en otros.

La reforma política se hundió. La ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue aprobada con cambios sustanciales. El proyecto que crea 16 circunscripciones especiales para darles representación a las víctimas de la guerra en la Cámara de Representantes se encuentra en el limbo, en una batalla jurídica con tintes matemáticos entre quienes creen que está hundido y quienes consideran que su conciliación fue aprobada. El único que pasó fue el proyecto de innovación agropecuaria, que está ligado al punto de la reforma rural integral pactada en Cuba. Es el balance de la semana que termina en el Congreso de la República, al término del fast track, mecanismo adoptado para supuestamente agilizar el trámite de las iniciativas, donde defensores y detractores del Acuerdo midieron fuerzas y argumentos en la perspectiva de la discusión electoral de 2018, que ya protagoniza.

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Por eso, si una palabra puede resumir al actual Poder Legislativo que está por renovarse es la incoherencia. Los 75 votos de los senadores y los 130 de los representantes que en diciembre del año pasado refrendaban un moribundo Acuerdo de Paz tras la derrota del plebiscito en octubre del año pasado, en nada se compara con el débil quórum de este año que, por momentos, amenazó con hacer trizas lo pactado en La Habana. Las traiciones propias de un momento electoral anticipado revelaron de qué está hecha la política y los antiguos aliados de un Gobierno próximo a abandonar la Casa de Nariño van huyendo a quien les promete mantener un refugio asegurado en los próximos cuatro años.

Apenas a principios de noviembre, cuando comenzó a hacerse más evidente la escasez de votos para apoyar los proyectos de la paz, se registró una especie de “extorsión legislativa” con la que congresistas pedían cargos por apoyos. En la residencia presidencial hubo largas reuniones entre el Gobierno y los directores de los distintos partidos que exigían mayor representación en el Ejecutivo. El Partido Conservador, inconforme con los resultados, fue arreciando sus posturas críticas en torno a estos proyectos y, al final, resultó siendo clave para la derrota de los principales puntos de honor de los textos de Cuba. Cambio Radical, que decidió romper cobijas con el Gobierno porque se rehusó a aceptar a los excombatientes en la política sin antes haber afrontado sus deudas con la justicia, también hizo lo propio y se sumó al unísono crítico Centro Democrático, que siempre ha sostenido la tesis de que los acuerdos no son más que una amenaza con altas dosis de impunidad.

Bajo ese panorama, no es de extrañar que lo ocurrido esta semana en el Capitolio resultara más propio de una película de comedia que de un Estado serio que se apropia de la responsabilidad histórica que significa acabar con más de 50 años de guerra. Y así, comenzó por destrozar la reforma política, que prometía un exorcismo al sistema actual y la irrupción de nuevos sectores a la vida democrática. Incluso, en un acto de cobardía y abandono al proyecto que él mismo construyó, el Gobierno terminó por pedirle a la plenaria del Senado “pasar la página” de la mencionada reforma, argumentando que ya su contenido distorsionaba el espíritu con el cual fue creada.

¿Y cómo no? Su texto fue manoseado por quienes ya no se sienten cómodos en sus colectividades y buscaban que el transfuguismo fuera aprobado, que las coaliciones de los grandes partidos para presentar listas de cara a las elecciones de marzo fueran un hecho posible, y que se mantuviera el mismo sistema de escogencia de los magistrados del Consejo Nacional Electoral para salvaguardar su origen partidista. En pocas palabras, su principal objetivo, que era la adquisición progresiva de derechos por parte de las pequeñas colectividades, garantizar una mayor transparencia electoral o proteger a las minorías, quedaron marginadas.

“Para el Gobierno, un proyecto que pervierta la política con el transfuguismo y que no garantice una autoridad electoral realmente independiente es absolutamente inaceptable”, admitió sin sonrojo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, en la que sería la primera de sus derrotas políticas esta misma semana. Confesión que, eso sí, le valió el reclamo del senador de la U Roy Barreras, coordinador ponente de la iniciativa: “Hay quienes frente a las derrotas y al mar bravío se asustan y pierden el control, en lugar de aferrarse al timón”, dijo sobre el funcionario, a quien le encaró una evidente improvisación “con consecuencias políticas”.

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Pero pasada esa página —y casi que luego de un acuerdo tácito para hundir esa reforma— el Congreso se preparó para votar la columna vertebral del Acuerdo Final: la ley estatutaria que desarrolla la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Un sistema que fue más satanizado que bien recibido por su innato rol de reparar a los 8’554.539 de víctimas del conflicto armado y que resultó siendo una “cacería de brujas” en contra de los magistrados que serán parte de la justicia transicional. En un hecho de “ingenuidad” las mesas directivas de Senado y Cámara conformaron una comisión de conciliación que se encargó de unificar los textos de la JEP para que fueran votados por las respectivas corporaciones y enviadas a revisión automática de la Corte Constitucional. Integrada por los senadores Juan Sammy Meregh (conservador) y Horacio Serpa (liberal), y los representantes Orlando Guerra de la Rosa (conservadores), y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical), dicha comisión quedó en manos mayoritarias de los partidos que se oponían a los preceptos más álgidos de la jurisdicción de paz.

“Me derrotaron y ahí qué hace uno: aceptar la derrota”, murmuró Serpa. Una confesión que quedó en evidencia cuando Senado y Cámara avalaron un régimen de inhabilidades e incompatibilidades en contra de quienes se encargarán de anunciar las sanciones a aquellos que tuvieron relación directa o indirecta con la guerra. ¿Qué ocurrirá? Hasta el momento han sido nombrados 51 magistrados para que conformen los tribunales de paz y si la Corte Constitucional no declara inexequible dicho régimen, sencillo: no se podrán posesionar varios de los designados, pues cumplen con las condiciones que les impusieron Cambio Radical y el Partido Conservador: es decir, en el pasado litigaron en contra del Estado o en tribunales internacionales en defensa de los derechos humanos.

El último día del “fast track”

El jueves, muy temprano, el presidente Juan Manuel Santos hizo su último intento por salvar el proyecto que creaba las 16 circunscripciones especiales de paz. Citó a Palacio a los congresistas conservadores que se habían declarado en rebeldía y les pidió, personalmente, que apoyaran al Gobierno en esta iniciativa. Pero de nada sirvió, pues cuando se abrió la votación, sobre las 11:30 de la mañana, las curules de los parlamentarios azules se veían desocupadas. Toda la atención estaba puesta en el tablero electrónico de la plenaria que registraba, 10 minutos después de abierta la votación, no más de 30 senadores.

A partir de ese momento fueron largos 20 minutos en que el Gobierno y sus aliados movieron cielo y tierra por sus teléfonos celulares, y de curul en curul, para conseguir los apoyos necesarios. El número de asistentes aumentaba con la misma lentitud con que crecía la ansiedad del ministro Rivera. Cuando quedaban ocho minutos, se abrió una luz de esperanza: faltaban cuatro votos. Pero el tiempo corría y el número de asistentes no crecía. De repente, uno de los senadores que había depositado su voto negativo contra la iniciativa, cambió de posición. Faltaban tres votos y el reloj anunciaba que quedaban 15 segundos para cerrar el registro. El secretario del Senado, Gregorio Eljach pidió despejar los pasillos. A última hora, muy al estilo de nuestro país, se sumó el voto 50 que es, paradójicamente, el que tiene en aprietos jurídicos el resultado de esa votación.

¿Se aprobó o no se aprobó? La respuesta la tiene en este momento la mesa directiva del Congreso, a quien se le encomendó la tarea de revisar si la interpretación respecto a la conformación de las mayorías corresponde a la que se aferró el Gobierno tan pronto Eljach anunció que el proyecto que crea 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto armado se había hundido.

“Las cuentas aritméticas son impecables y esa reforma se aprobó”, es la tesis que tiene el presidente Santos, que esa misma noche, en una declaración pública, explicó por qué sus antiguos aliados políticos y miembros de su colectividad, el Partido de la U, Musa Besaile, Bernardo Ñoño Elías y Martín Morales, ya no hacen parte del Senado. “La Corte Constitucional dijo que las reformas constitucionales se pasan por mayoría, no por la mitad más uno. La mayoría es 99. Hay tres senadores en la cárcel y está expresamente dicho que cuando los senadores están en la cárcel se les aplica la silla vacía. O sea que el número de senadores pasa de 102 a 99. Fueron 50 votos y 50 hacen mayoría de 99”, enfatizó el jefe de Estado.

Interpretaciones que, por supuesto, han sido acogidas por el Centro Democrático como un “nuevo conejo” del Gobierno a una decisión que se adopta en democracia. No en vano recuerdan que ellos ganaron el plebiscito y, aún así, el primer mandatario continuó con la refrendación de los textos de paz vía legislativa. Es incierto el camino que se avecina porque, sin importar la decisión que, con base en argumentos jurídicos, adopte la mesa directiva del Congreso representada en su presidente, el senador Efraín Cepeda, las demandas de lado y lado prometen llegar a los más altos estrados judiciales. Discusiones que se harán inocuas ante la falta de legitimidad que sigue generando la atropellada implementación de los acuerdos de paz, que evidencia que esta tarea le quedó grande a un Estado y una clase política que pareciera nunca estuvo preparada para asumir el posconflicto.