Senado aprueba crear un registro de condenados por delitos contra menores

La iniciativa le da origen a un sistema que recopila los datos de los sentenciados por hechos delictivos contra niños y adolescentes. Faltan dos debates en la Cámara.

El año pasado el país se conmocionó con el crimen del que fue víctima de Yuliana Samboní. Archivo - El Espectador

Con una decisión unánime de 59 votos, la plenaria del Senado aprobó este miércoles en segundo debate el proyecto de ley estatutaria con el que se pretende crear el Registro Nacional de Responsables de Delitos contra menores, que en pocas palabras será una base de datos en la que se incluyen las personas condenadas por delitos contra niños y adolescentes.

De aprobarse la iniciativa, autoría de la senadora Rosmery Martínez Rosales y a la que le faltan dos debates en Cámara, nace este sistema nacional de ofensores de menores, que en un principio solo tenía en cuenta en su listado a los sentenciados por delitos sexuales. Sin embargo, en primer debate, algunos congresistas pidieron ampliarlo a cualquier hecho delictivo que estuviera dirigido a un menor de edad. Y así quedó.

¿Cómo funcionará ese registro? Lo primero que hay que saber es que estará a cargo de la Fiscalía y de Medicina Legal. Tendrá dos componentes: la información biográfica y el componente científico, que abarca muestras de ADN. Cada vez que una persona sea condenada por los delitos sexuales u otros como homicidio, abandono de menores, desaparición forzada, secuestro, tortura, trata de personas y violencia intrafamiliar, el juez expedirá un documento en el que le solicita a la Fiscalía inscribirla en el sistema.

A este listado serán agregados quienes actúen de manera ilícita, ya sea a título de autor o partícipe, o si se consumó el delito o fue sentenciado por tentativa. Creemos que quienes incurran en esos comportamientos no deben estar laborando en entornos en los que deban tener interacción frecuente o permanente con los menores de edad”, agregó la ponencia presentada ante la plenaria del Senado.

De esta manera, los ciudadanos que tienen antecedentes por los delitos mencionados quedan inhabilitados para trabajar en sitios donde haya contacto habitual con niños, niñas y adolescentes. Cuando un colegio quiera, por ejemplo, contratar a un maestro, deberá pedirle un Certificado de Antecedentes en el Registro Nacional de Responsables de Delitos Cometidos en contra de los Niños, Niñas y Adolescentes. Si registra antecedentes ahí, no podrá ser vinculado a la entidad.

Las entidades que no cumplan con esta estipulación podrán ser sancionadas hasta con 50 salarios mínimos. Aunque uno de los argumentos en los que se sustenta este proyecto de ley es la prelación de los derechos de los niños, también protege el derecho a la intimidad de los condenados. En ningún caso podrá hacerse público el contenido del registro nacional, y ninguna persona natural o jurídico sin estar autorizada podrá solicitar información sobre éste. Así como tampoco el registro podrá contener información de quienes fueron violentados por los condenados, salvo el género y la edad para efectos estadísticos.

Cabe aclarar que las personas naturales podrán solicitarle el certificado a una persona a la cual vayan a contratar como trabajador o trabajadora doméstica, siempre que habiten menores de edad en el lugar de trabajo.

El registro deberá contener:

Nombres, apellidos y número de identificación del condenado.

Fotografía actualizada del condenado.

Apodos o sobrenombres que se le conozcan.

Delito o delitos por los cuales se condenó a la persona.

A que título fue condenado según lo establecido en los artículos 28, 29 y 30 del Código Penal.

Pena impuesta al condenado.

Edad y género de la víctima.

Domicilio del condenado.

Teléfonos de contacto con el condenado si los hubiere.

Muestra de ADN del condenado en caso de delitos sexuales.

Entidades que tendrán obligación de pedir certificado de antecedentes

Jardines infantiles.

Instituciones de Educación Básica y Media.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Centros de pediatría.

Las demás entidades públicas y privadas cuyo objeto esté relacionado con la interacción con menores de edad.