Mujeres cabeza de hogar responsables por delitos leves tendrán alternativas a la prisión

En el último tramo de sesiones ordinarias, cuando es normal que ambas corporaciones tramiten de manera más ágil los proyectos, la plenaria del Senado aprobó el proyecto que “busca establecer acciones afirmativas en materia penal, criminal y penitenciaria para mujeres madres cabeza de hogar que hayan cometido delitos leves, sin empleo de violencia y lo hayan hecho debido a sus condiciones de pobreza y que tengan a su cargo hijos”.

La iniciativa multipartidista y liderada por el senador Rodrigo Lara pretende que a las mujeres que cometieron penas inferiores de seis años o delitos menores sin uso de violencia, como hurto simple, microtráfico, tenencia de droga, pequeños cultivadores de coca y marihuana, se les dé alternativas distintas a la restricción de la libertad por sus condiciones de madres cabeza de hogar.

“El juez de acuerdo con las condiciones del delito puede determinar medidas sustitutivas a la prisión, como servicio de utilidad pública, o cualquier actividad que le permita resarcir el error y contribuir a la sociedad”, dijo el senador Lara.

Entre las actividades suplementarias está la recuperación del espacio público, trabajo con comunidades vulnerables, apoyo a víctimas, obras cívicas, entre otras que estén avaladas por el Ministerio de Justicia. La idea, según explicó el parlamentario, es que estas no se interpongan con el horario laboral, pues la idea es que las mujeres puedan conservar o conseguir un trabajo para la manutención de sus familias.

“Dichas alternativas a la detención, permitirán la consecución de justicia retributiva y la finalidad resocializadora de la pena de este grupo de mujeres”, explica la oficina de prensa del senador.

Eso sí, esta alternativa solo la podrán gozar aquellas que no tengan antecedentes en la comisión de otros delitos. “Las penas terminan siendo dobles: para las mujeres y para sus familias”, insistió Lara, quien aseguró que este es un proyecto pensando también para la descongestión carcelaria.

En caso de convertirse en ley, según el senador, el 28% de las reclusas se verían beneficiadas. Entre otras cifras que se compartieron para ilustrar esta problemática es que el 75% de las privadas de la libertad son madres cabeza de hogar y 53.4% fueron condenadas por delitos menores por cometer faltas impulsadas por la situación socioeconómica en la que se encuentran ellas y sus familias.

Igualmente, el proyecto también incluye la creación de un “concepto de recurrencia en la comisión de conductas contra la convivencia previstas en el Código de Policía y se crea un registro de esas conductas para que pueda ser consultado a la hora de tomar decisiones de fondo”, explicó Lara.

Es decir, en casos cuando se ha capturado en flagrancia y en más de una ocasión a una persona, pero es liberada por no tener antecedentes (penas ejecutadas), este registro servirá al juez de garantías o de ejecución de penas para tomar las medidas de aseguramiento correspondientes.