El Gobierno prepara varias medidas en caso de confirmar su derrota

Senado define postura frente a curules de paz

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, entregará hoy la decisión que pretende sellar la batalla jurídica en torno a si fue o no aprobado el proyecto que crea estas 16 circunscripciones para los territorios más afectados por la guerra.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se reunió ayer, por última vez, con su equipo jurídico. / Cortesía

La última reunión fue ayer, en la Presidencia del Senado de la República. El presidente de la corporación, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, convocó a la que fue la sesión de cierre de su equipo jurídico con el que ha venido evaluando el futuro del proyecto que crea las 16 circunscripciones de paz. Y en las próximas horas le dará a conocer al país cuál fue su decisión en torno a esta batalla jurídica que tiene, desde hace ya varios días, enfrentados al Gobierno y al Legislativo. Para tratar de dar respuesta a quién tiene la razón, Cepeda se encargó de asesorarse de quienes para él son los mejores en esta materia: el exmagistrado de la Corte Constitucional Gabriel Mendoza Martelo; Magaly Romero, exfuncionaria de la Procuraduría y de la Fiscalía, y el doctor en derecho Julio César Rojas.

Hoy sostendrá un breve encuentro de conclusión con tres exmagistrados de la Corte Constitucional y, hacia el final de la tarde, si los cálculos se cumplen, anunciará en qué quedó ese proyecto. “Una vez él tome la decisión, le anunciaremos al país qué acciones tomaríamos en caso de confirmar la postura que informó el secretario general y diremos qué vamos a hacer con los proyectos de ley que están en curso en el Congreso”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, al término de un consejo de ministros que, paralelamente, estudió ayer la situación.

Mientras todo esto ocurría, este mismo martes llegó a la Mesa Directiva del Senado un concepto firmado por el secretario general, Gregorio Eljach, en el que ratifica que, desde su perspectiva, las curules de paz tienen que darse por archivadas. Desde su interpretación, la cifra para aprobar los actos legislativos no fue alcanzada y que, por lo tanto, la cantidad mínima de votos requeridos era de 52 y no de 50, que fueron los que se registraron en la sesión del jueves de la semana pasada. “La suspensión de tres miembros del Congreso como consecuencia de la imposición de órdenes de captura por la comisión de delitos enlistados en el artículo 134 de la Constitución Política no tiene el efecto de modificar el número de votos requerido para aprobar un proyecto de acto legislativo, de acuerdo con la Constitución de 1991”, advirtió Eljach.

Se refería, concretamente, a los suspendidos senadores del Partido de la U Musa Besaile, Bernardo Elías y Martín Morales, sobre quienes pesan medidas de aseguramiento por delitos relacionados con corrupción (en los dos primeros casos) y nexos con paramilitarismo, narcotráfico y homicidio (en el segundo caso). Sin embargo, de acuerdo con la posición del secretario del Senado, la determinación del quórum al que hace alusión la citada norma cuando se aplica la figura de la silla vacía —como ocurre en los mencionados casos— no modifica, por sí misma, la configuración de las mayorías.

“El quórum es un concepto operativo en el que se establecen las condiciones para dar inicio a la etapa deliberativa. El concepto de mayoría es un concepto sustantivo en el que se culmina la etapa decisoria”, argumentó Eljach. Y agregó que las sentencias a las que hace alusión el Gobierno para defender el proyecto que, según sus cálculos, fue aprobado con los 50 votos que obtuvo el jueves pasado, dista mucho de lo que realmente fue consultado a la Corte Constitucional en ese entonces. Es decir, sí existen diferencias en la manera de configurar la mayoría en una corporación conformada por un número impar de miembros.

Lo que viene

La decisión que prepara el Ejecutivo tiene dos aristas que podrían pasar el balón a la cancha del Consejo de Estado, en caso de que Cepeda decida acoger los argumentos del secretario. De ser así, se estaría pensando en instaurar una acción de cumplimiento con el objetivo de evitar que el proyecto de circunscripciones de paz quede en el papel y se obligue al Estado a cumplir la ley. La segunda salida es una demanda al acta que emane del Congreso para buscar que sea ese tribunal el que le dé una interpretación final a la conformación de las mayorías cuando el quórum cambia. Lo anterior porque, en efecto, ya el quórum tuvo una modificación durante la discusión de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, dado que fueron admitidos 12 impedimentos de senadores quienes tuvieron que abstenerse del debate y votación de dicha iniciativa.

La interpretación del Gobierno, en todo caso, sigue siendo la misma y se basa en la reforma al equilibrio de poderes de 2015, que amplió la figura de la silla vacía contemplada en una reforma constitucional de 2009, y que indica que “para efectos de conformación de quórum se tendrá en cuenta como número de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas”. Es decir, la de los senadores Besaile, Elías y Morales, quienes, al ser restado para la conformación del quórum, dejarían en 99 y no en 102 la totalidad de los miembros.

Y el Gobierno, además, acogió lo que indica el artículo 117 de la Ley 5ª (reglamento del Congreso), en el que se refiere a las mayorías y a la forma en la que son votadas las iniciativas. Allí, se dice que las mayorías decisorias (es decir, las que aprueban o archivan un proyecto) tiene distintos modos de votación. Y que la mayoría requerida, establecido el quórum decisorio para los proyectos en los que se necesita de mayoría absoluta (como el de circunscripciones de paz), se da cuando “la decisión es adoptada por la mayoría de los votos de los integrantes”. Es decir, 99, porque se restaron los tres mencionados congresistas quienes hoy se encuentran presos.

En un acto público, las víctimas del conflicto armado que, en teoría, deberían ser las beneficiarias de estas curules de paz llegaron ayer a la Plaza de Bolívar, vestidas de blanco y con rosas del mismo color para exigir una decisión afirmativa por parte de la Mesa Directiva del Senado. De momento, aunque aún permanece en el limbo jurídico la respuesta que entregará el Legislativo, lo único cierto es que esta interpretación sigue siendo vista como una “leguleyada” por parte del Gobierno que no hace otra cosa distinta que restar legitimidad a una, de por sí, atropellada implementación de los acuerdos de paz que creyó aterrizar en un territorio seguro y que, sin imaginarlo, resultó convertido en su principal enemigo: el Congreso.