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“La letra con sangre entra” y “a base de palos se aprende” son algunos refranes que guiaron históricamente la educación de los niños y niñas en el país. Pero, desde este martes, serán cosa del pasado. Esto debido a que el Senado aprobó en último debate la iniciativa que prohíbe los castigos físicos en contra de los menores de edad.
La iniciativa, de autoría de los representantes Julián Peinado y Harry González, busca que se prohíba de tajo cualquier castigo físico contra los niños y niñas. Para este fin se establece que los padres tienen el derecho a educar, criar y corregir a sus hijos, pero que el único límite es el “uso del castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia”.
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Según el articulado, “la prohibición se extiende a cualquier otra persona encargada de su cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia”. No obstante, aunque es una prohibición, no se entra a castigar esta práctica, pues solo se incluye su rechazo en el código civil.
De esta forma, se reformaría el artículo 262 del código civil para que quede de la siguiente manera: “Las familias, los padres, las personas encargadas del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes o quienes tengan su representación legal, tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos. Queda prohibido el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección, sanción o disciplina”.
El proyecto no contempla ningún tipo de sanción o acción penal en contra de los que incurran en castigos físicos. Es más, la iniciativa deja claro que el castigo físico y los tratos crueles o humillantes “no serán causal de pérdida de la patria potestad o de la custodia, ni causal para procesos de emancipación”. Sin embargo, esta figura solo se aplica si dichos actos no son reiterativos y “no afecta la salud mental y física” del menor de edad.
Además de la prohibición, el proyecto ordena que el Estado, sobre todo el Instituto de Bienestar Familiar, y las asociaciones de padres de familia creen una estrategia nacional pedagógica para que se busque la eliminación de los castigos y los actos crueles contra los niños y niñas. El enfoque de esta estrategia apunta a que se promuevan alternativas y prácticas para la educación u castigos sin violencia.
La iniciativa tuvo una acogida mayoritaria por parte de la plenaria del Senado. Solo se opusieron los congresistas del Partido Colombia Justa y Libres, que pidieron el archivo del proyecto. Desde un comienzo, estos se han opuesto al proyecto, debido a que supuestamente violenta la libertad que tiene las familias para educar a sus hijos.
Además, los miembros del partido cristiano aseguraron que el proyecto tenía vicios de trámite debido a que sería un proyecto de ley estatutaria, pero este se tramitó como una ley ordinaria. Todos estos argumentos fueron rechazados por los que el intento de archivo fue vencido de forma mayoritaria.
En medio de las votaciones, el senador John Milton Rodríguez se retiró junto con los demás miembros de su partido bajo el argumento de que no les habían dado las plenas garantías. Con la ausencia de la colectividad cristiana, el trámite del proyecto, que contó con la ponencia de la senadora Paloma Valencia, fue expedito.
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El texto que llegó de Comisión Primera del Senado no tuvo mayores variaciones. Solo se agregó dos proposiciones, una el senador Juan Luis Castro y otra de la senadora Valencia. La primera pedía que los menores de edad víctimas de los castigos físicos recibieran terapia psicológica, mientras que la senadora del Centro Democrático propuso la creación de una consejería para la niñez.
El rápido trámite de la noche de este martes contrastó con las muchas dificultades que enfrentó la iniciativa para llegar a esta instancia. En Cámara, el proyecto tuvo que pasar por varias revisiones y comisiones accidentales debido a los varios peros a su articulado y por posibles malinterpretaciones que podrían ser problemáticas. Allí también tuvo que enfrentar los intentos de archivo de Colombia Justa Y Libres.
Sin embargo, por cada debate que pasaba, la iniciativa iba ganando apoyos. Tanto así que los dos últimos debates tuvieron la ponencia de la senadora Paloma Valencia, de Centro Democrático. Precisamente este partido había presentado varias de las objeciones al proyecto. Cuando la iniciativa ganó el apoyo del partido de Gobierno, el partido cristiano se quedó solo en sus esfuerzos por tumbarlo.