Senador Cepeda pide a la Fiscalía investigar a alcalde de San Vicente del Caguán

Para el senador, las declaraciones de Humberto Sánchez, que sugerían una relación de líderes sociales con las Farc, podrían tipificarse en delitos de instigación a delinquir y de injuria contra los campesinos.

Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático.Archivo

Tras de la ola de asesinatos y atentados en contra de líderes defensores de derechos humanos ocurrida el pasado fin de semana, el senador Iván Cepeda radicó una solicitud de investigación ante el fiscal general Néstor Humberto Martínez para que determine la “posible comisión de los delitos de instigación a delinquir e injuria, por parte del alcalde de San Vicente del Caguán (Humberto Sánchez)”. (Lea: Unidad de Protección analizará riesgos de líderes sociales)

Según Cepeda, las declaraciones entregadas por Sánchez en diferentes medios de comunicación sobre que miembros de la organización Ascal-G, a la que pertenecían las víctimas, “estaban cobrando extorsiones a nombre de las Farc”, podrían tipificarse en delitos de instigación a delinquir y de injuria contra los campesinos que hacen parte de la organización. (Lea: Otro líder social asesinado en las últimas horas en Nariño)

“Esos señalamientos públicos se dieron en un contexto en el cual fueron asesinados dos líderes de esa organización, y esa responsabilidad debe afrontarla el alcalde del Centro Democrático”, señaló el senador en un comunicado.

Es así como le pide al fiscal general que determine si existe dicha conducta penal que involucre al alcalde del municipio cuando afirmó que había una relación entre la asociación campesina y las Farc “y si estas afirmaciones tienen relación con los homicidios de integrantes de la organización”.

La solicitud también fue enviada a la Procuraduría General de la Nación para que se inicie investigación disciplinaria.

El fin de semana del 19 de noviembre Erley Monroy, Didier Losada y Rodrigo Cabrera murieron al ser atacados por desconocidos. En esos mismos días sicarios también atentaron en contra de la vida de Hugo Cuéllar y Danilo Bolaños, quienes salieron con vida de los ataques.

A raíz de estos atentados, desde el gobierno de Juan Manuel Santos se llamó a la instalación de una comisión de alto nivel sobre derechos humanos, que determinó medidas como el análisis urgente de la situación de riesgos de líderes y organizaciones sociales y se convocó a una reunión con los gobernadores de Caquetá, Nariño, Meta, Cauca y Norte de Santander.