Senador Iván Marulanda le insiste al presidente Duque implementar renta básica

Iván Marulanda, senador de la Alianza Verde.

Foto: Tomada de Twitter @SenadoGovCo

Las cuarentenas prolongadas que hubo en el mundo y el país hicieron que el debate público girara durante esos meses alrededor de la renta básica universal, un concepto a través del que los ciudadanos reciben un ingreso mensual por parte del Estado para garantizar condiciones básicas de vida.

Durante meses, el tema estuvo en la agenda pública en Colombia e, incluso, fue debatido un proyecto de ley en el Congreso que no tuvo fuerza y terminó por hundirse en la Comisión Tercera de Senado. No obstante, el senador Iván Marulanda, uno de sus mayores promotores, volvió este miércoles a insistirle al presidente Iván Duque en la necesidad de implementar dicha medida como una forma de garantizar la vida digna de los ciudadanos.

“La idea de la renta básica responde al derecho de cada persona en Colombia de vivir dignamente y al deber que le impone la Constitución de 1991 al Estado de proteger ese derecho fundamental de los compatriotas en condiciones de pobreza”, señaló Marulanda en una carta dirigida a Duque.

Según el senador de la Alianza Verde, esa garantía de la dignidad no solo es un deber político del Estado sino una “obligación ética de los gobernantes y responsables públicos”.

Contexto: Renta básica universal o repensar la sociedad

En ese sentido, pidió a Duque que, mediante un decreto, adopte un programa de renta básica permanente. “Consiste en una transferencia monetaria mensual permanente a cada hogar en pobreza, en función del número de sus miembros, que garantice condiciones de vida en dignidad a cada uno de ellos”, agrega Marulanda.

Es transferencia monetaria sería, según la propuesta de Marulanda, de $ 320.000 para los hogares de una sola persona hasta lo $ 470.000 para los hogares de seis personas o más.

En los cálculos del senador, la renta básica propuesta “permitiría a 7,46 millones de hogares, cerca de 30 millones de colombianos, vivir con un mínimo de dignidad en medio de la situación angustiosa por la que atraviesan”.

“El costo anual de estas transferencias equivale al 3,7 % del PIB, cifra alcanzable si se tiene en cuenta que se fusionarían todos los programas de asistencia que en la actualidad se vienen ejecutando”, concluye Marulanda.

Otros sectores del Congreso buscan, por su parte, que el Gobierno Nacional extienda el Plan de Apoyo al Empleo Formal (PAE), para que el Estado pueda asumir el subsidio de nómina para las empresas hasta el mes de septiembre de 2021.