Juan Diego Gómez pide que se priorice trámite de proyecto que busca regular la protesta

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El senador conservador es autor de la propuesta que determina, por ejemplo, multas de hasta $82 millones para quienes hagan daño a los bienes públicos.

En medio del paro nacional de 2019, el senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, trabajó en un proyecto para regular la protesta social, reconociéndola como un derecho fundamental, pero imponiendo unas obligaciones y responsabilidades a los responsables de las violencias que se puedan presentar.

Después de radicada la iniciativa, el senador Gómez considera que la coyuntura actual es el escenario perfecto para comenzar su discusión. “A raíz de las protestas de los últimos días en el país, he pedido al presidente de la Comisión Primera del Senado, Miguel Ángel Pinto, priorizar en la agenda el proyecto que busca regular la protesta social”, escribió el parlamentario en un trino.

Por ahora, el senador Juan Carlos García, también del Partido Conservador, está trabajando en la ponencia para primer debate junto a su colega. Una vez radicado, Gómez insistirá en que se agilice su priorización en el orden del día y su posterior discusión.

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Además de regular la protesta, el proyecto también dicta unos protocolos de intervención de la Fuerza Pública en caso de violencia, permitiéndoles el uso de armas de electrochoque o taser. “La iniciativa busca proteger a quienes se manifiestan y proteger a quienes no se manifiestan y evitar la estigmatización y criminalización”, dijo.

De acuerdo con el borrador de proyecto que El Espectador conoció a fin de año, la iniciativa prohibe las manifestaciones en las inmediaciones de hospitales, puertos marítimos, fluviales y aeroportuarios, bienes patrimonio cultural, como la Catedral Primada en Bogotá. Esto, de antemano, impediría que la ciudadanía termine sus movilización en la Plaza de Bolívar.

Los castigos que recoge el proyecto contra quienes incitan la violencia y el vandalismo van desde multas que ascienden hasta los $82′000.000 hasta pérdidas de beneficios en créditos de Icetex o becas otorgadas por el Estado. Igualmente, crea el Fondo para la Democracia con el propósito de indemnizar a los perjudicados por las manifestaciones. Los dineros saldrían del despacho ministerial del que es objeto la protesta. Por ejemplo, si los estudiantes se movilizan exigiendo más recursos para la universidad pública, en caso de daños, al Ministerio de Educación se le descontarían recursos para el Fondo.

A diferencia del propósito de este proyecto, este martes, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de un grupo de ciudadanos que entutelaron al Gobierno y otras instituciones por lo ocurrido en el paro nacional. En ese sentido, el alto tribunal le ordenó a la administración pedir perdón por los hechos ocurridos, expedir un acto administrativo en el que se orden la no estigmatización de las protestas, trabajar en una ley estatutaria que regule la protesta pacífica, determinando protocolos de uso de la fuerza, así como rutas en caso de detenciones arbitrarias.

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La oposición celebró la sentencia y llamó a seguir el mandato de la Corte al tramitar una reforma a la Policía, en principio. Por el momento, el Gobierno no se ha manifestado con relación a las órdenes del tribunal.

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