Sepultado proyecto que permitía sometimiento de bandas criminales a la justicia

El proyecto que permitía la renuncia penal a los pequeños cultivadores tampoco será debatido en el Congreso vía “fast track”. El Gobierno culpa a la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara por no designar ponentes.

Alias "Otoniel", máximo jefe del Clan del Golfo, había anunciado la intención de los miembros de esa banda criminal de someterse a la justicia ordinaria.Archivo

Quedan apenas 15 días para que el mecanismo especial legislativo o fast track deje de funcionar y, si se necesita prácticamente de un milagro para que se salve la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, así como la reforma política, ni qué decir de los proyectos que aún están pendientes de su primer debate para que logren salir adelante en este poco tiempo de actividad legislativa.

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Hace cerca de tres semanas, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, llegó al Congreso de la República con dos iniciativas bajo su brazo: la que permitía a los grupos armados organizados someterse a la justicia ordinaria, especialmente, luego de que el país conociera de viva voz del jefe del Clan del Golfo, alias “Otoniel”, su intención de ponerse en disposición de las autoridades. Y la segunda, tendía que ver con la renuncia a la persecución penal de los pequeños cultivadores de plantaciones ilícitas, a cambio de acogerse a programas de sustitución.

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Sin embargo, ambos proyectos que, se suponía, serían tramitados a través del fast track van directo al abismo. ¿La razón?  Para que los, de por sí, apretados tiempos alcanzaran, las mesas directivas de las comisiones primeras de Senado y Cámara debían designar ponentes. Un hecho que sí ocurrió en Senado, pero no en Cámara. El obstáculo, según denunció el congresista de la U, Roy Barreas, habría sido un representante de Cambio Radical.

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“Maniobras dilatorias, los aplazamientos irresponsables, el ausentismo le hacen un enorme riesgo a la paz. Debió haberse nombrado ponente para el proyecto que permitía la desmovilización colectiva de las bandas criminales. Fueron incapaces de nombrar ponentes. Un representante de Cambio Radical se negó a nombrar ponente, con lo cual acabó con esa posibilidad”, dijo Barreras, esta semana.

Al congresista al que se refería, evidentemente, era a Carlos Abraham Jiménez, vicepresidente de la Comisión Primera de Cámara. Voces cercanas al Gobierno afirmaron que la negativa del legislador a designar ponente habría tenido que ver con las mismas razones que han explicado el ausentismo legislativo, en general: cuotas burocráticas. “Están exigiendo la subdirección de una cárcel”, dijo una fuente a este diario.

Consultado por El Espectador, el representante negó esa versión y, por el contrario, dijo que su decisión se debía a que el Gobierno quería designar a un único ponente, aparentemente a la representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano, para discutir esa iniciativa.

Lo cierto es que, aunque se designen ponentes la próxima semana tanto para este, como para el proyecto que permitía la renuncia a la persecución penal en contra de los pequeños cultivadores de plantaciones ilícitas, los tiempos no dan. La única salida sería volverlos a presentar ante el Legislativo y, eventualmente, con mensaje de urgencia para acelerar el debate en el Capitolio.