“Si la Policía no pasa a una formación completamente cívica no hacemos nada”

Noticias destacadas de Política

Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, explicó los puntos a favor y en contra de la propuesta con la que la oposición busca pasar la Policía al Ministerio del Interior.

Luego del asesinato de Javier Ordóñez a manos de varios patrulleros, y los posteriores homicidios en Bogotá y Soacha de más de 10 personas en las protestas que surgieron por el crimen de Ordóñez, la oposición radicó un proyecto de reforma a la Policía. La iniciativa busca trasladar el cuerpo de seguridad al Ministerio del Interior para fortalecer su carácter civil y evitar el escalamiento de la violencia y tortura por parte de un organismo que tiene el mandato constitucional de cuidar a los colombianos. En palabras simples, desmilitarizarla.

(Lea: Las deudas del Congreso con las reformas de fondo a la Policía)

Entre los puntos claves de la propuesta, está que la institución pase al Ministerio del Interior, prohíbe también el traslado de personas a CAI y regular la requisa. Habla de depuración administrativa y de modificar el sistema de ascensos, entre otros. Para entender este proyecto más allá de las explicaciones de los congresistas, Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, dialogó con El Espectador y manifestó que cualquier reforma a esta institución debe profundizar realmente en la formación de los uniformados, de manera que no sigan resolviendo los problemas de la ciudadanía bajo la lógica del “enemigo interno”. También, precisó que se debe evaluar el alcance de la propuesta puesto que ciertas disposiciones no se podrían aplicar en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, en los que no se tiene una infraestructura suficiente para que el entramando estatal funcione como debería.

(Profundice acá sobre los puntos claves del proyecto)

Usted revisó este proyecto de ley. ¿Cree que es pertinente?

Celebro el hecho de tener un proyecto de reestructuración de la Policía. Es satisfactorio porque pone el tema sobre la mesa y se debe dar el debate. La iniciativa incluye unos principios que por fin se clarifican: términos como “proporcionalidad”, “dignidad”, “necesidad”, “uso de la fuerza” ya no quedan a la interpretación. Antes esas definiciones estaban en una resolución y en el documento se le sube el nivel a la conceptualización y lo ubican en un proyecto para quedar plasmadas en la ley.

Además, la propuesta aclara también los límites del registro a personas (es decir, la requisa) y otros procedimientos de la Policía, algo mega necesario. Hay que recordar que la Policía de Colombia es de las pocas en el mundo que está en el orden de la defensa, con una formación militar, en vez de una cívica. En ese orden de ideas, debería pasar al Ministerio del Interior, estoy de acuerdo con eso.

Rafael Guarín, consejero de Seguridad, rechazó la mera idea de pasar la Policía al Ministerio del Interior, alegando que estaría a merced de “intereses partidistas”. Los autores del proyecto dicen que se necesita control en todas las carteras para que eso no pase en ninguna entidad del Estado. ¿Qué opina?

El problema es que si eso no se hace con cuidado, con la vigilancia necesaria, podemos correr el riesgo de la politización de la Policía. Lo que menos se puede permitir es que termine politizada. En ese sentido, la discusión no sería a qué ministerio debe pertenecer, sino que formación, lineamientos la van a regir y bajo qué mirada de seguridad y convivencia. Desde que no se pase a una formación completamente cívica no estamos haciendo nada.

¿Qué preguntas le deja esta iniciativa?

Cuál es su alcance real. Después de los homicidios sucedidos el 9 y 10 de septiembre (el de Javier Ordóñez y los que le siguieron durante la protesta social), el debate público configuró que los problemas principales estaban en una reestructuración, pero también en una formación policial y de cualificación, en una garantía de derechos humanos a través de la articulación de varias instancias, y la aplicación de los protocolos del uso de la fuerza. A la luz de esas dinámicas, al proyecto le falta mucho para ahondar en resolverlas.

Dé un ejemplo específico...

La aplicación de los protocolos policiales a la ciudadanía. El artículo 5 habla del traslado de personas a centro de protección, y no a Centros de Atención Inmediata (CAI). Pero esos centros, que dice el proyecto los deben suministrar las alcaldías solo los tienen Bogotá y Medellín, ni siquiera Cali tiene uno consolidado. Entonces, ¿cómo se aplica esa normativa a Caparrapí, San Juan de Ríoseco, Girardot, Fusagasugá, que no cuentan con ese gran sistema de seguridad? Qué pasa con los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, que posiblemente no puedan hacer cumplir ese artículo.

Me quedó un vacío en el artículo 12 que trata sobre las faltas gravísimas de los uniformados. La discusión de reformar la Policía debería también esclarecer qué va a pasar cuando pase algo grave en cuanto a exceso de uso de la fuerza. Parte de la discusión proponía sacar a la Policía del fuero militar. Aquí no se nombra.

Para ese punto en especial, la oposición presentó otro un proyecto para sacar a la Policía del fuero penal militar…

Debería haber un macro proyecto integral porque esta reforma se lee solo en términos de movilización, pero la Policía requiere una transformación institucional no solo ligada a ese proceso social.

Usted ha mencionado que esa transformación se debe hacer también desde la formación de la Policía. ¿Cómo ve el proyecto en ese asunto?

Ese punto recogía las inconformidades más fuertes de la ciudadanía, pero en este proyecto parece que se quedó solo en dos artículos que tratan la continuidad de la formación y el fortalecimiento de la misma, pero no dice cómo se hará ni para qué, y tampoco quién lo va a financiar, si lo que queremos como país es una profesionalización de los uniformados en términos académicos o del servicio de policía, y cómo eso entraría a jugar en los ascensos y grados de sus integrantes. En todo caso, me parece que es una buena iniciativa, pero faltaría unirla con los proyectos que están ya circulando para proponer una real reestructuración, que se adapte a una política de seguridad, convivencia y orden público, teniendo en cuenta que esos tres temas que se manejan de forma distinta pero que hacen parte de una mirada global de seguridad.

El problema con la formación se ilustró en las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre. La Policía tiene una formación para atender la movilización, pero lo que pasó durante esas jornadas demuestra que no está funcionando. Todos reaccionaron de forma distinta. Ahora, no hacen falta más protocolos. Está la resolución 2903 de 2017 de la Policía Esta está vigente y condiciona el uso de la fuerza y de las armas, pero no se cumplió. Falta que apliquen lo existente.

Ya que lo menciona, ¿considera que la iniciativa cumple con las transformaciones policiales frente a la protesta?

No es satisfactoria. El proyecto habla del uso de las armas, pero no de la dotación, clasificación y formación en su utilización. Es diferente a lo que pasa en otros países, que llegan a tal nivel de especialización que dotan a los cuerpos de seguridad de diferentes armas, según su propósito, sea movilización, convivencia, o lucha contra el crimen organizado. Esto en el proyecto no se toca.

Volvamos a las afirmaciones del consejero Guarín. Él dijo que una reestructuración a la Policía no era necesaria porque ya este gobierno la estaba haciendo, a través de la política de seguridad y convivencia. ¿Tiene o no razón?

Existe una política de seguridad y convivencia y hay que reconocer que en ella se tocan temas de derechos humanos y mediación social. El asunto es que la institución que debe dinamizar esa política pública aún está en la línea militar. Estamos hablando de la Policía. Ahora, la política en el papel funciona, pero si funcionara en la vida real seríamos Suiza. Hasta que no hagamos una reforma real de nada servirán más protocolos.

Dicen que una reforma a la Policía solo es posible cuando estemos en crisis. ¿Lo estamos?

Sí. Es un momento crítico que se está gestando al menos desde 2005, año en el cuál, ha dicho la Corte, se tiene registro del inicio de la estigmatización de la protesta. Además, no se han utilizado los protocolos para garantizar el respeto a los derechos humanos y la aplicación de principios como proporcionalidad y racionalidad. Afortunadamente, la opinión pública está hablando de esto y es hora del debate, aunque le falte todavía nivel.

Algo que demuestra esa crisis es lo que pasó en septiembre. El enfrentamiento que sostuvo la Policía no fue en contra del Clan del Golfo, ni contra ladrones. Se dio por términos de convivencia. Y surgen entonces preguntas. El sistema de Policía no son solo los uniformados, sino también los personeros, inspectores, comisarios de familia, pero el sistema está desarticulado, la Policía tiene formación militar y los demás no están suficientemente fortalecidos para actuar.

Todo esto debe tenerse en cuenta en una reestructuración para que los miembros de la Policía no terminan atacando a los ciudadanos como si fueran delincuentes, algo que tiene mucho sentido si seguimos en la lógica del enemigo interno. Y también se debe hablar de la salud mental de los uniformados, algo que jamás se ha atendido. Ellos se toman un cóctel de presiones, órdenes, contraordenes y además están inmersos en una cultura que ha racionalizado la violencia. Por eso, en muchos casos en vez de que sean ellos los que ayuden a resolver conflictos, terminan trabajando bajo la idea del ajuste de cuentas, de las venganzas.

Si tuviéramos cuerpos especializados para manejar cada tema (convivencia, seguridad, orden público), nadie tendría que aplicar un teaser cuando un ciudadano está consumiendo alcohol en la calle, y se impediría que situaciones cotidianas escalen en tortura y asesinato. Pero son los uniformados los que deben manejar problemas de: consumo de licor, basuras y ruido, todo bajo una lógica del enemigo interno y una formación militarizada.

Comparte en redes: