Siguen los líos de Morelli

A escasos 15 días de dejar su cargo como contralora general, la situación jurídica de Sandra Morelli se enreda.

Sandra Morelli. / Andrés Torres

Este viernes, la Fiscalía anunció que radicaría la solicitud de imputación en su contra por las presuntas irregularidades en el arrendamiento de la nueva sede de la Contraloría y la venta de los edificios donde antes funcionaba. Y no sólo eso: el ente acusador también pretende que se le prohíba salir del país.

Sin embargo, un par de horas después, Morelli echó mano de un salvavidas y recusó ante la Procuraduría al vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, y a los fiscales que la investigan, por “violar la reserva y no ser objetivos ni imparciales”. Lo anterior debido a que habrían “filtrado informaciones a los medios de comunicación y emitido opiniones sobre asuntos que atañen a estos procesos”, como el informe de la Auditoría en el cual se registran presuntas irregularidades en el arrendamiento.

La Fiscalía explicó que la contralora incurrió en el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales por la manera en que se efectuó el traslado de la Contraloría, una mudanza que la Auditoría General calculó en $76.000 millones. Según el ente investigador, se desconoció el principio de planeación cuando Morelli ocupó un nuevo edificio sin adelantar los estudios técnicos necesarios para evaluar el estado de las antiguas sedes.

Además, la Fiscalía sostuvo que los estudios de mercado para escoger el sitio a donde se mudaría la Contraloría se basaron “en una mera comparación de precios extraídos de una página web”, y señaló que se pudo afectar el principio de selección objetiva, ya que en el mismo contrato de arrendamiento se incluyó la adquisición de ductos, sanitarios, aires acondicionados y mobiliario, unos bienes que la Contraloría deberá llevarse consigo cuando termine el contrato.