‘Sin el ELN será una paz parcial’: Amnistía Internacional

Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía internacional para América/ EFE

 Que no solo los derechos humanos en Colombia y Latinoamérica estén en peligro, sino que, además, también lo estén las leyes y sistemas que los protegen es una de las alertas que lanza Amnistía Internacional. La organización publica hoy su informe anual sobre este tema, en el que incluye un capítulo especial sobre Colombia donde manifiesta su preocupación por el tema de justicia transicional en el proceso de paz y pone en relieve que son ambas partes (Estado y grupos armados) las que aún siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y “graves abusos y violaciones de derechos humanos, principalmente en contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas”.

El Espectador habló con Erika Guevara Rosas, directora de la organización para las américas, quien explica, a partir de dicho informe, los retos en materia de derechos humanos que debería asumir el Estado en el marco del posconflicto.

En el informe ustedes indican que está en entredicho la capacidad de los gobiernos de proteger los derechos humanos. Uno diría que son los actores armados al margen de la ley los que más los violan, pero ustedes apuntan fuertemente al Estado…

No podemos negar la influencia del crimen organizado en casi todos los países de la región, también en el caso colombiano, y que los que más faltas cometen son los actores ilegales del conflicto armado. Sin embargo, también está el papel del Estado que no solo ha tenido una respuesta ineficaz sino que, a través de políticas de seguridad, ha generado contextos permisivos para la violación de los derechos fundamentales. Así que no solo hay una omisión de los Estados en la protección de los DD.HH., sino la participación activa de estos en dichos abusos.

Ustedes dedican un capítulo especial para Colombia que se da en un momento especial, si se tienen en cuenta que estamos, según el Gobierno, ad portas de una firma de paz. No obstante, afirman tener algunos reparos…

El proceso de paz en Colombia marca una esperanza para miles de personas. Sin embargo también debemos manifestar nuestra preocupación en el acuerdo de justicia transicional y, en particular, en la creación de una jurisdicción especial para la paz, sobre todo con el asunto de penas alternativas.

Nos preocupa ver que aquellos que admitan ciertas responsabilidades no tendrán penas en cárceles sino lo que denominan una restricción efectiva de libertad, algo que no nos queda muy claro. Ante esta ambigüedad de terminología es de gran preocupación para que no se estén abriendo las plataformas reales de participación de las víctimas en este proceso. Esperamos con gran expectativa que se pueda alcanzar un acuerdo de paz, pero no puede existir paz sostenida si no existe un proceso claro de verdad, justicia y reparación para los millones de víctimas del conflicto armado colombiano.

¿Pero entonces cómo garantizar la verdad cuando aquellos que hayan cometido graves delitos en contra de los derechos humanos podrían no recibir beneficios como el indulto o amnistía?

Lo cierto es que no se puede garantizar la verdad si no existe justicia, y la justicia tiene que ver con llevar a perpetradores de derechos humanos a que comparezcan. Pero sobre todo tiene que ver con que las sentencias sean proporcionales a los delitos cometidos y que las víctimas puedan ver una real reparación.

De ahí la importancia de tener las cuentas claras en el acuerdo de justicia transicional frente a la terminología, las definiciones y la necesidad de que sean las propias víctimas quienes participen en estos procesos. El hecho de que el proceso de paz siga su marcha no quiere decir que el conflicto ha terminado. El acoso, la violencia y las amenazas siguen en contra de defensores de DD.HH., particularmente en contra de aquellos que están en defensa de la tierra y que exigen justicia, no solo por culpa de las Farc, también del Estado. 

Para nosotros la importancia de un acuerdo de paz no es solo que suceda, sino que su implementación realmente cumpla con los mínimos estándares internacionales.

¿Cree que la sombra del paramilitarismo va a revivir en caso de una firma de paz?

El paramilitarismo sigue existiendo y es una de las expresiones del crimen organizado, una de las expresiones de un conflicto que sigue activo y que sigue violando los derechos humanos. No es solo una sombra sino un movimiento activo que plantea un gran desafío en términos de paz. No se trata solo de las Farc.

Si bien las Farc es uno de los actores del conflicto que más daño le han hecho al país, también está el Eln ¿cree que sin esta guerrilla se trataría de una paz a medias?

Claro, las Farc es una de las guerrillas más importantes pero no es la única. Entonces, el acuerdo al que se pueda llegar con ellos marcaría un hito importante pero, sin duda alguna, será una paz parcial hasta que no todos los grupos armados activos que siguen en este conflicto puedan llegar a términos de acuerdo. Pero, sobre todo, no se garantizará justicia para todas las víctimas del conflicto si no todos entran en esta sintonía.

Hablemos un poco de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales. ¿Cómo estamos en esta área?

Este es un tema sumamente complejo y Colombia ocupa los titulares más alarmantes de la región en este aspecto, en tanto que existe participación estatal. Lo cierto es que la retórica que siempre ha utilizado el Gobierno para justificar estos falsos positivos es que estas personas se encuentran en medio de una guerra entre Estado y guerrilla, pero la verdad es que esta es una situación que el Gobierno aún no ha podido evidenciar y que pareciera simplemente ser una excusa para justificar estas graves violaciones a los derechos humanos y crímenes frente al derecho internacional.

Ha habido algunos progresos en la materia, es positivo que al menos ya haya algunas condenas e investigaciones, pero queda mucho por hacer y el Estado colombiano tiene una responsabilidad ante el mundo de atender las ejecuciones extrajudiciales que, cabe recordar, son parte de esta verdad, justicia y reparación.

Usted habla de ambigüedades y temas por revisar en el proceso de paz, teniendo en cuenta que queda un mes para que se cumpla la fecha fijada por las partes para un acuerdo final, pero también, que se lleva negociando tres años ¿cree que es conveniente cumplir este límite pactado?

El límite es lo de menos, lo importante es a qué acuerdo se va a llegar, cómo las victimas están siendo partícipes en éste y si ellas están satisfechas con su papel en la implementación de la paz. El tema de sentencias alternativas sigue para nosotros constituyendo una gran preocupación y no sabemos si garantice la justicia proporcional a los delitos, si asegura el cumplimiento de normas y estándares internacionales que Colombia ha suscrito y tiene que cumplir.

Sin duda, el que se llegue a un acuerdo de paz marca un punto importante para la historia de Colombia y la región, así que lo importante será ahora el papel de entidades como nosotros para hacer seguimiento de cerca a lo que suceda y garantizar que las víctimas tengan voz.

Es una responsabilidad compartida en la que tiene que jugar un papel, además, todo América que puede aportar ejemplos muy claros. Es la hora de la paz, pero esta no será un proceso rápido, es un camino que apenas comienza.

dfranco@elespectador.com