Sin plata para campañas

Para blindar las elecciones contra dineros ilegales, la reforma política implementó la posibilidad de que los partidos soliciten anticipos. Por ahora, la medida fracasó.

En simples intenciones parece haber quedado el interés del Gobierno por evitar que a las campañas para las elecciones de octubre ingrese dinero proveniente del narcotráfico o de los grupos armados ilegales. Este fue uno de los argumentos para que en el articulado de la reforma política, recientemente reglamentada por la Corte Constitucional, se incluyera la entrega de anticipos de financiación estatal a los partidos.

Así quedó planteado en el artículo 22, el cual señala que “los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos, podrán solicitar en forma justificada al Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta un ochenta por ciento (80%) de anticipo de la financiación Estatal (…) El CNE lo autorizará teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal, y calculará su cuantía a partir del valor de la financiación estatal recibida por el solicitante en la campaña anterior”.

Pero, como van las cosas, esta iniciativa no pasará del papel. El Ministerio de Hacienda no ha apropiado recursos para este fin, las condiciones para acceder a la financiación son muy complicadas de cumplir y, hasta el momento, sólo tres campañas han pedido dinero para financiación y el plazo para solicitarlo vence mañana.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Joaquín José Vives, reveló que, ante la poca acogida, este plazo se prorrogó hasta el 23 de septiembre, pero no se mostró muy optimista de que los partidos políticos se acojan a esta herramienta cuya finalidad es garantizar que las campañas se realicen con recursos transparentes.

“El anticipo requiere de disponibilidad presupuestal, que hasta ahora no hay. El Ministerio de Hacienda ha dicho que va a apropiar una partida, pero eso no ha ocurrido. Otro factor que impide la solicitud es que se requiere de una póliza o una garantía. Así lo exige la ley y esos son unos trámites dispendiosos”, agregó Vives.

Además, señaló el magistrado, uno de los caminos que tenían los partidos para acceder a este dinero era “la pignoración de los recursos que reciben por gastos de funcionamiento, pero el CNE claramente resolvió que estos no son pignorables y así lo establece la ley. Mal haríamos nosotros al permitir que esos recursos se usen para campañas”.

Hoy por hoy, la herramienta que se implementó para blindar las elecciones contra los dineros ilegales no se ha puesto en práctica, y para las elecciones de octubre todo parece indicar que se quedó en letra muerta.

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