“Situación de las víctimas puede empeorar tras un acuerdo de paz”

Francisco Rey, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), advierte sobre las consecuencias de violencia que se pueden producir luego de una posible desmovilización de las Farc.

Según Francisco Rey, la ayuda internacional en el posconflicto es fundamental para que la paz sea una realidad. / Archivo

El pasado miércoles se presentó en el Centro de Información de las Naciones Unidas el informe ‘La dimensión humanitaria tras los acuerdos de paz: propuestas para la comunidad internacional en Colombia”. El encuentro contó con la participación de Francisco Rey, coautor del documento; Lars Vaage, embajador de Noruega en Colombia; Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia y Mariano Aguirre, director de NOREF.

Rey, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), habló con El Espectador sobre la importancia de la comunidad internacional en un escenario de posacuerdo, las consecuencias de violencia que se pueden producir luego de una posible desmovilización por parte de las Farc y la necesidad de incluir a las nuevas víctimas en la ruta de la reparación. Además, hizo un balance de los diálogos en estos últimos dos años y sugirió algunas recomendaciones para que las organizaciones humanitarias, el Gobierno y la sociedad civil trabajen bajo la premisa de que la paz, más que un acuerdo, es un proceso que se construye todos los días.

¿Qué pretende este informe?

Hacer un llamamiento a la comunidad internacional que ha estado muy activa en la cooperación con Colombia durante la época del conflicto armado. La realidad es que algunos operantes humanitarios se están retirando del país, porque creen que con el desarrollo económico latente y las negociaciones con las Farc puede acabar la crisis humanitaria. Lo que nosotros tratamos de resaltar, por la experiencia que hemos tenido en conflictos internacionales, es que no es así. Muchas veces la situación de las víctimas en diferentes zonas del país empeora inmediatamente se da un acuerdo de paz. Por esto, el informe tiene como primer destinatario a la comunidad internacional y como segundo a las autoridades y la sociedad civil colombiana.

¿En cuánto tiempo estima que se llegue a un acuerdo definitivo entre el Gobierno y las Farc?

La organización es optimista con que se firme un acuerdo en 2015. En los últimos días, el proceso de paz se ha manejado de una manera muy rápida, tolerando el alto fuego unilateral por parte de las Farc, y con la comunicación de que el Gobierno va a producir, o bien un alto al fuego, o un desescalamiento de las hostilidades. Eso, sin embargo, no supone el fin de la violencia en muchas zonas del país. Otras formas de violencia son un riesgo y, en cualquier caso, las consecuencias humanitarias van a durar unos cuantos años más.

¿Cuál es el balance de las negociaciones en estos últimos dos años?

Sin lugar a dudas es muy positivo, porque de una negociación de la que no se sabía mucho, y que comunicó muy mal a la opinión pública, se pasó a una que comunica con claridad y que ha sido capaz de incorporar algunas originalidades muy interesantes desde la perspectiva comparada, como la participación de las víctimas en la mesa de diálogo. Eso es un hito fundamental y se ha convertido en un símbolo del proceso. Por otro lado, ha sido muy relevante el propio reconocimiento de las Farc y del Gobierno de su participación en las hostilidades y de su responsabilidad.

Si bien las partes han reconocido a las víctimas dándoles mayor participación durante los diálogos, ¿cuál es el reto de este acuerdo, dada la magnitud de victimización en Colombia?

El Gobierno colombiano, incluso antes de la negociación, ha hecho esfuerzos en la atención a las víctimas. La Ley 1448 de 2011 supone un paso adelante muy importante. El propio reconocimiento de la magnitud de las víctimas es fundamental, pero todavía en muchas zonas del país estas no acceden a sus derechos, y, por tanto, se necesita de la asistencia humanitaria internacional.

¿Por qué el informe diferencia el posacuerdo del posconflicto?

En Colombia se usa el término posconflicto de una manera muy alegre, pero nosotros preferimos hablar de posacuerdo porque muchas de las causas y raíces profundas de los conflictos permanecen. Los que nos dedicamos a estas cuestiones de cooperación consideramos que puede ser positivo si el conflicto se resuelve de modo pacífico, pero muchas veces este continua. Por lo tanto, nosotros nos referimos al posacuerdo para aclarar la idea de que el conflicto deberá tener vías de resolución y ya no pasarán por la violencia, sino por métodos pacíficos como la justicia y la reconciliación.

El decir, que el acuerdo no garantiza, como se ha dicho tantas veces, esa anhelada paz…

No. El concepto de paz es mucho más amplio y tiene que ver con la reconciliación de los grupos que se han enfrentado, así como con el uso de comportamientos pacíficos para la resolución de las controversias. La paz es algo que hay que construir cada día y como decía Gandhi, “es el camino”. Como nunca se llega a una paz estable y duradera, aunque ese sea el objetivo, nosotros no hablamos de posconflicto, ni de paz, sino de construcción de la paz como proceso.

¿Qué implicaciones hay cuando se negoció en medio del conflicto?

Lo fundamental es que las partes tienen dos lógicas: en la mesa negocian, pero por fuera se enfrentan. Esa desconexión entre lo que se negocia, en este caso en La Habana, y lo que sucede en el territorio es muy difícil de manejar porque se siguen produciendo víctimas. Ha habido otros casos exitosos en lo que se ha negociado en medio del conflicto, pero en algún momento todos esos procesos acaban teniendo un acuerdo de alto al fuego bilateral para facilitar que las negociaciones caminen más rápido. Si algún proceso dura hasta el final con el mantenimiento de las hostilidades, es muy difícil que se llegue a un acuerdo satisfactorio.

¿Obligatoriamente se tiene que dar un alto al fuego bilateral para que concluya el acuerdo?

Sí. Los actores lo han visto muy claro y los pasos dados en las últimas semanas por el Gobierno van en esa línea, desescalamiento es una manera eufemística de decir que se camina hacia un alto al fuego bilateral.

¿Cuáles son las dinámicas de violencia en un escenario de posacuerdo?

El conflicto colombiano es muy complejo. Las razones que originaron el enfrentamiento entre las Farc y al Gobierno son profundas y junto a estas han surgido otras. Entonces, lo que nosotros vemos es que existe cierto riesgo de que el hueco que pueda dejar las Farc sea ocupado por otros grupos ilegales. La preocupación fundamental en estos momentos es la posible evolución de los grupos armados post desmovilización, que surgen tras la fallida desmovilización de los paramilitares, y que siguen participando en acciones hostiles, sean vinculadas con el narcotráfico o con otros delitos.

¿Qué consecuencias humanitarias se producirían de llegarse al acuerdo?

Si el acuerdo se firma, hay procesos que toca manejar muy bien para que no se complique la situación en los territorios. En primer lugar, el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes. Habrá muchos desmovilizados de las Farc que volverán a sus territorios y eso puede generar venganzas o situaciones violentas. En segundo lugar, el propio retorno de las poblaciones que se han visto obligadas a huir y que vuelven a sus lugares de origen sin garantías de seguridad suficientes. En tercer lugar, que otros grupos al margen de la ley se apoderen del control territorial.

¿El Gobierno está preparado para todo eso?

Tiene voluntad pero no está preparado. La propia aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras muestra que hay voluntad por parte de la Unidad de Víctimas, pero resulta insuficiente por la cantidad de declaraciones de víctimas que quieren reivindicar sus derechos. Creo que el Gobierno necesita de apoyo internacional en esta materia, especialmente para verificar que se cumplan los acuerdos.

¿Cuáles han sido las sugerencias más relevantes de las organizaciones humanitarias durante los diálogos?

Desde el principio manifestaron su preocupación por que las negociaciones se produjeran sin un alto al fuego bilateral y se dialogara en medio del conflicto. Muchas de estas instituciones han tratado de presionar, desde el inicio, para que se lograra algún tipo de acuerdo humanitario dentro de la negociación en temas como las minas antipersonales, el no reclutamiento de niños y el no uso de la violencia sexual contra las mujeres, pero aún no se ha conseguido. Se insistió, además, que el tema de las víctimas estuviera como punto principal en la agenda y no de último.

¿Por qué el Gobierno no acató ese tipo de consejos desde el primer momento?

El Gobierno no quiso dar una imagen de debilidad iniciando el diálogo con un alto al fuego bilateral. Esa lógica de seguir combatiendo en un sitio y negociando en otro ha presidido el diálogo desde el comienzo. El Gobierno lo adoptó así y no se movió de ahí hasta hace poco.

¿Por qué es importante comprender el papel de la comunidad internacional en el posacuerdo? ¿Cuál es su verdadera dimensión en la transición?

Durante el conflicto, la comunidad internacional ha garantizado el acceso de la asistencia humanitaria en algunas zonas del país con criterios de imparcialidad. Sin embargo, la tensión que en ciertos casos ha tenido con el Gobierno le impide llegar a territorios controladas por grupos armados. En un escenario de posacuerdo las organizaciones internacionales deben continuar apoyando en las zonas más periféricas del país, para verificar, sobre todo, el cumplimiento de los acuerdos. Ahora, la mediación del Gobierno noruego y cubano, con el apoyo de Venezuela y Chile, ha sido muy relevante. Con seguridad, en el proceso posterior algún tipo de verificación internacional, sea la que sea, Naciones Unidas o Unasur, se abrirá paso, porque un tipo de paz no es creíble si no se hace una revisión con estándares internacionales.

¿Cuál es el reto para la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias durante el proceso de paz y el post acuerdo?

Entender las particularidades de un posacuerdo. No pretender ser tan importantes como han sido hasta ahora en la prestación humanitaria. A mediano plazo deben ir retirándose porque el Gobierno colombiano, que legítimamente ha negociado los acuerdos asume ciertos temas, pero sin dejar de garantizar una cierta transición. Deben cambiar su interlocución con el Gobierno y contribuir a transferir su conocimiento.

¿Por qué el informe asegura que la situación humanitaria del país sigue siendo grave, si lo que se percibe es que el conflicto ha disminuido?

Algunos datos han mejorado, pero las cifras de nuevos desplazados desde que empezaron los diálogos superan los 300 mil. Por otro lado, se han producido fenómenos más invisibles como el del confinamiento. Los actores armados, en ocasiones, ya no recurren a forzar el desplazamiento, sino al contrario. En algunos departamentos hay cifras de población confinada muy elevada. A eso se le suma el reclutamiento infantil y el número de minas antipersonales. Estas son las consecuencias de negociar en medio de un conflicto. Por eso, no podemos hablar solamente de las víctimas del pasado, sino de las que se producen cada día.

¿Estas nuevas víctimas cómo entrarían a formar parte del diálogo?

Por el momento no podrán. Estas víctimas nuevas, bastante logran si consiguen entrar en los dispositivos de asistencia que las organizaciones internacionales o el Estado tiene puestos en marcha. Pero esas nuevas víctimas no han sido representadas en La Habana.

¿Cómo encontraría solución esta crisis humanitaria en el posacuerdo?

En un periodo inmediatamente posterior debería planearse algún dispositivo específico. En otras experiencias ha pasado que en algunas zonas del territorio se recrudecerse la crisis humanitaria porque la población retorna. En el informe proponemos que haya algún plan de contingencias por posibles agravamientos de la crisis. En segundo lugar, que se garantice la presencia internacional en las zonas que han estado controladas por actores armados y donde la asistencia estatal es profundamente débil.

Es decir que aun en el posacuerdo puede recrudecerse la violencia…

Inmediatamente se firme el acuerdo, la realidad no va a cambiar. Conviene recordar que más o menos un 50% de los acuerdos que se han firmado en las dos últimas décadas han tenido retrocesos. Ha pasado en Asia, África y Centro América. Entonces, hay que ser cuidadosos entendiendo que el proceso posterior será confuso. En este escenario puede haber guerrilleros que no entreguen las armas, gente que quiera boicotear el proceso de paz y grupos armados alternos.

Hay que preparar a la sociedad para que comprenda, entonces, que en el momento en el que se firme el acuerdo inmediatamente no va haber un territorio pacífico, sino, más bien, un cúmulo de transformaciones sociales y políticas…

Claramente. La construcción de la paz es un proceso. Si bien la firma del acuerdo es un hito fundamental, el problema no se ha resuelto. Lo que me preocupa es que no se está preparando lo suficiente a la sociedad colombiana para que comprenda que la reconciliación entre grupos que se han enfrentado en el pasado no se va a producir fácilmente.

¿Qué tipo de violencia podría incrementarse luego del acuerdo?

La violencia ligada con otros grupos al margen de la ley; la que está relacionada con el tráfico ilícito y, sobre todo, la que tiene que ver con los megaproyectos y la minería. En muchas zonas del país, hay desplazamientos provocados por estos motivos y pensamos que el gobierno tiene que ser consciente de eso y abordarlo de una manera más directa.

¿Es óptima la legislación colombiana, con respecto a la protección de víctimas?

El marco jurídico es bastante avanzado. La Ley de Víctimas garantiza una asistencia y protección a los grupos que han entrado en el circuito que la ley marca. No obstante, quedan por fuera las víctimas que por miedo no se han registrado, y esto debe mejorar cuando se firme un acuerdo. El gran reto es conseguir la reparación de esas víctimas. En los procesos se habla siempre de una suerte de mantra: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El proceso colombiano se está ateniendo a esto pero todavía hay mucho que hacer.

En el gobierno de Uribe hubo un proceso de desmovilización paramilitar que ha recibido muchas críticas, especialmente por parte de la comunidad internacional. ¿Por qué falló?

Su inicio estuvo bien, pero su desenlace no. Este proceso fue muy confuso, pues no hubo garantías ni de cuántos eran ni de donde se desmovilizaban. Desde la perspectiva de comparación con otros procesos internacionales estuvo muy por debajo de los estándares y, de hecho, todo el mundo ha reconocido que es así. Muchos paramilitares que técnicamente se desmovilizaron volvieron a delinquir. Todo lo contrario ha ocurrido en el proceso actual. Este cuenta con un gran apoyo internacional porque ha estado muy bien estructurado.

¿Cuál es el papel que debe tener la sociedad civil en este proceso?

Debe ser consciente de lo importante que es la firma de este proceso, pero también de lo que queda por hacer en términos de reconciliación. La sociedad colombiana está bastante dividida, la muestra está en que no todo el mundo apoya el proceso, y yo creo que por parte del gobierno y de todos los actores de la sociedad civil, hay que hacer un esfuerzo de explicar lo importante que es mantener unos acuerdos de paz consolidados, para intentar que la reconciliación llegue dentro de unos años.  

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