Soborno, práctica habitual

Aunque el Gobierno ha tramitado iniciativas como el estatuto anticorrupción o la Ley Antitrámites para evitar el soborno, sólo el 42% de las empresas privadas implementa medidas para contrarrestarlo.

Pese al rechazo al soborno, esta es un práctica que los empresarios del país reconocen como habitual. / Archivo
Pese al rechazo al soborno, esta es un práctica que los empresarios del país reconocen como habitual. / Archivo

“Si no se pagan sobornos, se pierden negocios”, esta es la percepción de la mayor parte de los empresarios del país que participaron en una encuesta realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado. Las cifras hablan por sí mismas; la percepción sobre la práctica habitual del soborno llega al 94%, lo que indica que la confianza en el contexto de los negocios en Colombia presenta un panorama muy negativo.

De acuerdo con el informe, el 65% de los empresarios afirmaron que se suele pagar sobornos para agilizar algún tipo de trámite, lo que para la directora de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, “es supremamente preocupante. El Gobierno ha tramitado iniciativas como el estatuto anticorrupción o la Ley Antitrámites, pero ha hecho falta corresponsabilidad de parte de los empresarios; es un fuerte llamado de atención al sector privado para que evite apelar a la práctica del soborno para obtener beneficios”.

Para Ungar, las implicaciones del soborno son más complejas de lo que se podría pensar. “En un contexto de creciente globalización, de firmas e implementación de tratados de libre comercio es muy grave, puede espantar inversores. Colombia se precia de un crecimiento sostenido de la economía y es así, pero esto no podrá continuar de este modo si no se cumplen los parámetros internacionales de inversión. Eso espanta la llegada de capital extranjero”, aseguró la directora de Transparencia por Colombia.

Pero uno de los temas más preocupantes tiene que ver con las contribuciones políticas. En especial porque en este año se abrió el debate preelectoral y las contribuciones que realicen los empresarios bien podrían significar una especie de soborno, cuya contraprestación se podría ver reflejada en la entrega de contratos.

De acuerdo con la encuesta, los empresarios reconocen que una de las modalidades habituales de soborno son las contribuciones políticas, con el 54%. A propósito, Transparencia llama la atención para que estos respaldos se hagan de forma abierta y que no se conviertan a futuro en una forma soterrada de corrupción.

“Efectivamente la financiación de campañas es una actividad legítima, pero fácilmente puede equipararse con el soborno. El llamado que hacemos es que lo hagan público, eso les da la oportunidad de exigir rendición de cuentas. De lo contrario, seguirá siendo habitual el escenario en el que un candidato gasta $600 mil millones en una campaña, pero aspira a recuperarlos cuando es elegido. No estoy generalizando, pero sí creo que es una forma de soborno”.

La encuesta, que se hizo con 858 empresarios de primer nivel de empresas pequeñas, medianas y grandes, pertenecientes a los sectores agropecuario y minero, comercial, transporte e industria y servicios de nueve ciudades principales del país, deja en evidencia que el soborno es una práctica más común de los que se piensa y, lo que resulta más preocupante, no se plantean medidas para combatirlo.

Sólo el 42% de las empresas implementa medidas contra el soborno. Entre el 35% y 41% de los dirigentes no implementa ninguna práctica para contrarrestarlo en aspectos como contribuciones políticas, donaciones, patrocinios y regalos y gastos de representación. Además, pocas llevan registros contables, definen topes máximos o evalúan la existencia de posibles conflictos de intereses.