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Sólo hasta marzo se empezará a resolver en el Senado el caso Pretelt

Aunque inicialmente se pensó que extendiendo las sesiones extras se conformaría la comisión de instrucción, legalmente no se puede adelantar este procedimiento.

Redacción Política
17 de diciembre de 2015 - 11:36 a. m.
Archivo El Espectador / Archivo El Espectador
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La plenaria del Senado decidió finalmente que sólo hasta marzo empezará a resolver el juicio político al magistrado Jorge Ignacio Pretelt.

La intención es que al iniciar las sesiones ordinarias se conforme la comisión de instrucción que estudiará el expediente y la compulsa de copias que hizo la Cámara de Representantes.

Aunque inicialmente el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, pensó en conformar esta comisión en las sesiones extras del Congreso que irán hasta el próximo 22 de diciembre, un estudio jurídico evidenció que no se puede adelantar este proceso administrativo.

Una subcomisión que conformó la mesa directiva para resolver el tema sugirió aplazar hasta marzo dicho estudio para no entrar posiblemente en irregularidades.

La comisión de instrucción que no está conformada debe recibir el expediente que envía la Cámara para presentar el informe ante el pleno de la corporación en el juicio político contra el magistrado.

En marzo entonces, de acuerdo al reglamento del Congreso, se deben dar tres días a las colectividades para presentar a sus candidatos en la comisión. De ahí deben ser elegidos siete senadores que obligatoriamente tienen que ser abogados preferiblemente penalistas.

Por primera vez en la historia de Colombia habrá un juicio político en contra de un magistrado por su presunta participación en un escándalo de corrupción.

Esta semana la Cámara de Representantes, en sesión reservada y con 96 votos a favor y 45 en contra, acusó ante el Senado al magistrado de la Corte Constitucional por el delito de concusión por, supuestamente, haber pedido coimas para favorecer a la firma Fidupetrol con un fallo de tutela que, de haber prosperado como la firma quería, le hubiera ahorrado el pago de una condena de $22.500 millones.

Por Redacción Política

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