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Aunque la emergencia ha afectado a todos los países, su llegada a América Latina implica desafíos mayores puesto que se topa con Estados débiles, sistemas de salud fragmentados y desfinanciados, y altos índices de pobreza y desigualdad.
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Colombia no es la excepción. Según el censo de 2018, el 40% de la población es vulnerable y el 19,6% vive en pobreza multidimensional: no tiene acceso a educación, salud, empleo, servicios públicos y vivienda, entre otros. En términos de ingresos, el 27% de la población es pobre, es decir que tiene ingresos entre 0 y $257.433 mensuales; y el 7,2% vive en pobreza extrema con ingresos per cápita de entre 0 y $117.605 pesos.
Bajo este panorama, la respuesta a la crisis debería atender al sistema de salud y a las necesidades de tantas familias empobrecidas cuya situación se agravará durante el confinamiento.
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Las medidas del Gobierno
El 17 de marzo el presidente decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. Los decretos de emergencia incluyeron transferencias monetarias adicionales para los vulnerables que ya estaban adscritos a programas de atención focalizada y habían sido la base de las políticas sociales de los últimos años.
En Colombia existían tres programas: Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. Todos los beneficiarios deben cumplir condiciones como la asistencia y permanencia en la escuela, la asistencia a controles básicos de salud y la actualización de datos sobre el lugar de residencia.
El aporte adicional autorizado para cada uno de los 2,6 millones de hogares de Familias en Acción fue de $145.000. Para los cerca de 204 mil estudiantes de Jóvenes en Acción se destinaron $356.000 por cabeza. Los 1,7 millones de adultos mayores de Colombia Mayor obtendrían $120.000. Estas transferencias adicionales no están sujetas a condicionamientos.
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La cuarentena también mostró que el número de pobres era mucho mayor: en medio de la emergencia aparecieron tres millones de personas que no estaban adscritas a aquellos tres programas. Para estos tres millones, el Gobierno creó el Programa Ingreso Solidario, con el que se estipuló un subsidio de $160.000 pesos, en principio, por una única vez. Según el director de Planeación Nacional, para la selección de estos beneficiarios se cruzaron las bases de datos del Sisben, los registros de Prosperidad Social y de los ministerios de Salud, Trabajo y Hacienda. Este rápido avance muestra que no es tan difícil unificar los registros administrativos para identificar a la población más vulnerable.
La pandemia y los muy pobres
A pesar de los esfuerzos anteriores, no se pueden ignorar las imágenes mostradas por los medios de comunicación: (i) los desalojos de los inquilinatos en diversas ciudades; (ii) los cacerolazos contra el hambre; (iii) la exposición de trapos rojos en barrios de las principales ciudades, como un S.O.S para no morir de hambre.
Hasta ahora las noticias se han concentrado en las ciudades, pero es probable que en las zonas rurales la tragedia sea peor de lo que se piensa. Algunos territorios siguen sufriendo de la violencia, otros intentan recuperarse del conflicto armado y a muchos de ellos se les suma la carencia de servicios como el agua potable en medio de esta pandemia.
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La COVID-19 es una amenaza para todos los ciudadanos del mundo, sin distinciones de clase social; pero a medida que aumentan los contagios se hace evidente que el peligro es mayor para las poblaciones vulnerables, como los afroamericanos y los latinos en Estados Unidos, o los habitantes de barrios pobres de las zonas periféricas de Guayaquil en Ecuador. Ser pobre se convirtió en el mayor factor de riesgo en esta pandemia: ¿Cómo guardar el distanciamiento cuando se vive en hacinamiento? ¿Cómo lavarse las manos si no se cuenta con este servicio? ¿Cómo quedarse en casa si no hay comida?
¿Son eficaces los programas que tenemos?
La crisis implica desafíos gigantescos, pero tal vez sea una oportunidad para mirar de frente a los problemas de fondo que encaran nuestras sociedades. Los países latinoamericanos necesitan repensar sus políticas frente a la desigualdad. En lo que va del siglo XXI, los programas focalizados de transferencias monetarias han sido el mecanismo preferido por estos gobiernos para reducir la pobreza.
Pero su efecto sobre la transmisión inter-generacional de la pobreza no ha sido significativo, como también ha sido poca su eficacia para disminuir las desigualdades económicas. América Latina es la región más desigual del mundo: Colombia es el segundo país más desigual con un Índice de Gini de 0,8 según datos del Banco Mundial para 2018.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sostiene la necesidad de mecanismos más eficaces, tales como el ingreso básico de emergencia o una renta básica universal. Esto no tendría un costo tan alto y daría seguridad económica en un momento de enorme incertidumbre: su costo para el erario sería de aproximadamente 4,7% del PIB.
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En Colombia se ha hablado de un salario mínimo durante tres meses que costaría cerca de ocho billones de pesos (0,8% del PIB), llegando a los cerca de trece millones de personas en condición de pobreza, e incluyendo a las familias venezolanas que viven en el país. La idea de otorgar subsidios monetarios directos a los ciudadanos por el solo hecho de serlo, sin focalización o condicionamiento, cada vez cobra más resonancia y ya ha empezado a ejecutarse en países como Estados Unidos, Italia y España, para paliar los efectos económicos de la pandemia.
En América Latina, estas medidas serían el instrumento para empezar a cerrar las brechas de las inequidades persistentes. Como se ha dicho en estos días, es hora de que el rescate sea para las personas y no para los bancos.