'Sufrimos de fetichismo normativo'

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, asegura que la función nominadora de las cortes fue un regalo envenenado. / Liz Durán - El Espectador

La justicia en Colombia atraviesa por su peor momento. La lentitud del aparato judicial que no brinda garantías a los ciudadanos es un tema de todos los días. Como si fuera poco, las altas cortes están en medio de escándalos en los que los magistrados, por su facultad nominadora, se aferran a los puestos o simplemente terminan en debates políticos sobre la elección de altos funcionarios. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, se ha tenido que mover en ese escenario, teniendo que lidiar también con una crisis penitenciaria. A días de terminar el primer tiempo del gobierno Santos, sostiene que nunca se ha aferrado a ningún puesto y que su continuidad depende del presidente.

Queda un mes de este primer tiempo de Santos, ¿qué balance hace de su paso por el Ministerio?

Ocho meses es poco tiempo, pero se han hecho cosas. El presidente me nombró para varias misiones, entre ellas colaborar con el diseño y la explicación del Marco Jurídico para la Paz, en el sentido de que no es cierto eso de que se está negociando el Estado. Segundo, que el de La Habana no es un proceso de paz a espaldas del país: en su primera fase tiene un margen de discreción, pero los documentos son públicos y han sido sometidos a controversia. Están pendientes las leyes estatutarias que estarán sujetas al control público y político que significa su trámite por el Congreso. Además, por primera vez en la historia será un proceso refrendado por los colombianos.

Usted encabezó el trámite de una ley que permitía que los acuerdos se ratificaran en las elecciones, algo que no se dio. ¿Cómo se van a refrendar?

Es una ley estatutaria que está pendiente de validación de la Corte Constitucional, y abre la posibilidad de que esta validación pueda coincidir con un proceso electoral. Pudo ser con esta elección o con otra, por ejemplo en los próximos comicios.

Más allá de esa validación está el tema de las víctimas que siempre llevan la peor parte...

La palabra está empeñada. Los paramilitares entregaron $160 mil millones, eso no es nada. Compare el tratamiento a las víctimas en los dos procesos. Antes de los diálogos, el gobierno Santos hizo aprobar la Ley de Víctimas y ya hay más 400 mil reparadas. Me pregunto: ¿cuántas víctimas se repararon con los ‘paras’? Es más, en la negociación de La Habana se está hablando de ellas y va a haber una delegación. Y hay diferenciación en el tema de la verdad, justicia y reparación.

Su tema es la justicia, ¿va a haber justicia?

Claro, la justicia transicional es una forma de justicia que se va a discutir en el Congreso para definir el tipo de sanciones y qué concesiones se van a hacer. Ese debate lo va a hacer el país.

El antecedente de justicia transicional es la Ley de Justicia y Paz, que muchos califican como fracaso. ¿Cómo asegurar que ahora no va a ser igual?

No puede ser un proceso sin la verdad, la cual nunca se supo en ningún proceso. Y no puede haber impunidad. Va a haber justicia transicional, pero va a haber justicia.

El tema con Estados Unidos pasa por lo del narcotráfico. ¿Podrían temer las Farc un proceso de extradición masiva, como sucedió con los jefes paramilitares?

El Gobierno no está interesado en extraditar la verdad. Ese es un instrumento jurídico-político que está en cabeza del presidente. Acuérdense que el gobierno de Uribe condicionó la extradición de Simón Trinidad al inicio de un proceso con las Farc.

Por cierto, las Farc siguen pidiendo a ‘Trinidad’ en la mesa de diálogos de La Habana. ¿Eso es posible?

Ese es un tema que manejan los negociadores y no es de mi competencia.

En este gobierno se dio un gran escándalo con la reforma a la justicia que terminó llena de ‘micos’ y fue necesario hundirla, ¿se va a insistir en ella?

Es común decir que no hay reforma. La gente da palo por el hundimiento, pero no por los temas, y el presidente nos salvó de una catástrofe por ese intercambio de favores entre el Congreso y las cortes. Lo que nos interesa es qué le conviene al ciudadano: que haya pronta y cumplida justicia. Si por tal entendemos la reforma, ya empezamos: tenemos normas del Código Contencioso Administrativo y del Código del Proceso que determina que ningún caso dure más de un año en primera instancia y seis meses en segunda. La misión de nosotros es hacer que eso se cumpla. Queremos ‘tutelizar’ la administración de justicia, conseguir que los jueces ordinarios funcionen con la celeridad que le reconocemos a la tutela.

¿No cree que si bien hay buenas intenciones, la justicia sigue politizada y se hace necesario ponerle coto a tanto despelote?

El presidente quería la reforma y muchos de los temas que estaban los vamos a revivir, pero él es ajeno al trámite. El presidente no es un patinador del Congreso, así de simple. Hay una decisión tomada, y ya se anunció: vamos a acabar con la facultad nominadora de las cortes, con la puerta giratoria, y a generar normas para que llegar a una alta magistratura sea la fase final de la carrera y no el trampolín para otra. Vamos a cambiar el sistema de juzgamiento de aforados, donde hoy se hace mutuamente entre congresistas y magistrados, con la consecuencia que no funciona.

Esos son temas específicos, pero, ¿no cree que es una vergüenza lo que está pasando con las cortes?

Esas facultades han afectado el prestigio de la Rama y la mejor manera es quitar lo que se ha denominado como el ‘regalo envenenado’ que se metió en la Constitución de 1991. La intención del constituyente era evitar la politización de la Contraloría, la Procuraduría y la Auditoría, y consideraron que lo mejor era que los magistrados postularan. Pero terminamos politizando las cortes. Las discusiones no son sobre posiciones ideológicas, sino sobre nombres. Eso lo vamos a acabar.

Si se les quita esa facultad nominadora a las cortes, le tocarían al Congreso. ¿No es peor el remedio que la enfermedad?

Al Congreso se le estigmatiza y la verdad es que los funcionarios no los puede nombrar o postular un arzobispo. Con el sistema anterior, en el que tenía gran responsabilidad el Congreso, no hubo procuradores y fiscales en la cárcel como los hay ahora. El tema es postular gente idónea. No todo lo que venga fuera del Congreso es bueno y ni todo lo que venga del Congreso es malo.

Está el tema del juzgamiento a altos funcionarios del Estado, en el que hay muchas fórmulas. ¿Cuál es la que le gusta al Gobierno?

De pronto la solución no sea eliminar la Comisión de Acusación, pues frente a los aforados tiene que haber un cedazo político. No puede ser que al presidente le dicte orden de captura un juez municipal. Hemos pensado en una especie de ‘súper tribunal’ que haga la investigación y que el Congreso haga la valoración política.

¿Cómo hacer para que en esas instancias de juzgamiento no resulte una componenda de favores como pasó con la anterior reforma?

Hay que partir del principio de la buena fe. La reforma Barco, que tenía los aspectos fundamentales que fueron incluidos en la Constitución de 1991, se cayó porque a alguien se le ocurrió plantear un referendo para que la gente decidiera si hay o no extradición. Por eso Barco la hundió y se dijo que el Congreso no podía reformar la Constitución. Se hizo la constituyente y fue más allá: prohibió la extradición. Por eso digo que no es tan absoluto que una constituyente siempre es buena y que lo que sale del Congreso siempre es malo.

Sin embargo, hay quienes creen que por la complejidad de los temas, el único camino es una constituyente...

Eso es una especie de manía de los colombianos, que creemos que la Constitución nos cambia todo. Alberto Lleras decía que era tal el culto a la palabra ‘constituyente’, que cada guerrillero cargaba un proyecto en su mochila. Tendremos que cabalgar sobre el lomo de los acontecimientos.

¿Hay que acabar con el Consejo Superior de la Judicatura?

Lo importante es preservar la autonomía en materia presupuestal de la Rama Judicial. No podemos volver atrás. Lo que hay que mirar es cuál es la fórmula, si una gran instancia de decisión o una junta directiva, porque los magistrados no pueden estar hablando de lo que hay que comprar. También tiene que haber una instancia de señalamiento de políticas, en donde deben estar las cabezas de las cortes, que funcione como un gran consejo rector.

¿Se tocaría la tutela en la reforma?

En principio no. Podría pensarse en una ley estatutaria, pero en lo esencial la tutela es intocable. Puede haber reglamentación para que no haya 1.000 sobre el mismo hecho. Cualquier reforma sería para evitar los abusos que se cometen y que la terminan desnaturalizando.

Usted ha hablado de que todo se quiere arreglar con cambios a la Constitución, pero la reforma es necesaria, ¿con ella se va a lograr ordenar el Estado?

Acá sufrimos de un fetichismo normativo. La reforma a la justicia pasa por la Constitución, por la ley, por los miembros de la Rama, por los ciudadanos que están en un estado de litigiosidad. Que tengamos una política criminal estable. Un día metemos a la cárcel, luego los queremos sacar.

Entramos al tema penitenciario, costoso y en crisis...

El Estado siempre miró para otro lado y ahora tenemos que tomar el toro por los cuernos. El problema se resuelve teniendo una política criminal clara que pase por lo preventivo, y desmontando esa tendencia a resolver todo con el Código Penal —puro populismo punitivo— para que la cárcel no sea la única sanción. Yo he hablado de eso con el presidente Santos y necesitamos una política criminal, clara, estable y ordenada. Esa es la forma de acabar con el hacinamiento. Acá expidieron la Ley de Pequeñas Causas, que se sabía que iba a disparar la población carcelaria, y no adecuaron el sistema. Con la misma estructura física inundaron las cárceles y eso que nos salvamos porque a punta de presión mediática querían llevar a los borrachitos a la cárcel.

¿Y qué medidas hay de fondo?

Hay que hacer cárceles, y cárceles buenas, no como las que han hecho con problemas de servicios públicos. Nosotros estamos solucionando con medidas de corto, mediano y largo plazo, pero eso cuesta plata.

No es doble moral pedir cárcel para todo y escandalizarse con los beneficios penitenciarios...

La gente dice: “más cárcel” y después se queja del hacinamiento. Cuando estábamos en la discusión del Código Penitenciario una de las cosas que planteamos fue que las personas mayores de 65 años pudieran cumplir sus penas en detención preventiva, pero buena parte estaban acusados de violación sexual. Y yo dije: no le jalo a eso, no me le mido a ese linchamiento, pero formalmente debería ser así.

¿Qué pasó con los directores de las cárceles a los que se les pidió la renuncia?

El director de prisiones, para reajustar su equipo, pidió unas renuncias porque quiso tener la libertad de mirar establecimiento por establecimiento y yo lo autoricé.

Dicen que hay nombramientos que se dan por interés político...

Yo no entiendo nada de política, yo entiendo de justicia.

Ustedes sacaron una encuesta en la que es evidente que estamos pasando de un país productor a uno consumidor. ¿Qué medidas se van a implementar al respecto?

Eso es verdad y no es nuevo. Tiene que ver con nuestras responsabilidades en materia de prevención, lo que creemos es que hay que mirar el consumo como un problema de salud público y de dignidad humana.

¿Pero cuándo se va a cambiar ese enfoque porque hasta ahora no hay sino anuncios?

Nosotros lo hemos planteado a nivel global y es clarísimo que el presidente sí está convencido de que hay que replantear la estrategia en materia de drogas en todas las expresiones.

¿Usted se queda o se va?

Después del 15 de junio, a las 5:30 de la tarde, sólo hay dos personas con puesto fijo en el nuevo gobierno: el presidente y el vicepresidente. Los demás estamos en interinidad. Estaré acá hasta que el presidente lo disponga.

Se la cambio, ¿está amañado?

Estuve contento de notificador de juzgado, cuando fui juez penal municipal, asesor jurídico de la Presidencia, como procurador y cuando fui fiscal. Pero no me eternicé en ninguno de esos cargos.

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