Superar la polarización política, piden integrantes de La Paz Querida

La organización que promueve un acuerdo mayor de paz de la que hacen parte reconocidas figuras del ámbito nacional, enviaron 10 puntos concretos para que sean tenidos en cuenta en el nuevo acuerdo de paz

El decálogo de La Paz Querida pide claridad en participación política de las FarcArchivo

Desde que perdió el plebiscito el pasado 2 de octubre en el que los colombianos le dijeron No al acuerdo de paz con las Farc, diferentes movimientos sociales, juveniles y de todo tipo, se han fortalecido para salir a defender el derecho a la paz como valor supremo de una nación. Y así lo ha ratificado uno de ellos. La Paz Querida, de la que hacen parte diferentes personalidades del ámbito nacional, entre ellas, el exministro Alfonso Gómez Méndez, el padre Francisco de Roux  y uno de los negociadores de paz con el Eln, el general (r) Eduardo Herrera Berbel, enviaron un documento en el que no solo hacen un llamado a la consolidación de un acuerdo que represente a una amplia mayoría sino que, además, contiene un decálogo sobre los puntos fundamentales que se deben garantizar para lograr un nuevo acuerdo de paz. (Especial: A CONSTRUIR LA PAZ)

“Los colombianos somos también capaces de reconstruirnos de nuevo”, señala el documento en el que invitan a la búsqueda de una paz ajena a provechos individuales o grupales y, bajo ese supuesto, piden: compromiso con la dignidad humana, consolidación unificada que permita una paz completa, la obligación de cambiar y la decisión de todos de decir la verdad y aceptar las responsabilidades.  “Pero este logro es frágil, pues seguimos al borde de precipitarnos otra vez en la locura de la guerra política. Por eso el grito de los jóvenes en las calles pidiéndonos que nos liberemos del país que quedó atrás (…) que establezcamos la paz ya”. (Lea: ¿En qué cederán gobierno y Farc?).

Así que los 10 puntos que, según afirman, deben tenerse en cuenta antes de negociar un nuevo acuerdo de paz, tienen relación con garantizar el cumplimiento del acuerdo sin necesidad de llevarlo a la constitución. Un punto que se ha convertido en tema de debate entre los del Sí y los del No, dado que estos últimos alegan que se está reformando la Carta Política en La Habana. Sobre eso, no obstante, aún no ha habido consensos y, en parte, a eso obedece la decisión del presidente Juan Manuel Santos de prolongar por un par de días más el encuentro entre las partes, antes de sus negociadores de paz regresen a Cuba. (Lea: Diálogos con los del No irán hasta el sábado).

Entre otros aspectos, los integrantes de La Paz Querida piden precisar las condiciones de participación política de los exguerrilleros y, a su vez, asegurar que las circunscripciones territoriales especiales transitorias no otorguen ventajas al movimiento o partido político que surja de las Farc. Ambos puntos, sin embargo, han sido objeto de la controversia desde que comenzó el llamado ‘cónclave por la paz’ el pasado sábado. Primero, porque varias voces del No se rehúsan a que los responsables de los crímenes más graves puedan participar en política. Voces más laxas estarían de acuerdo con que sí sean elegibles pero solo en el momento en el que hayan cumplido con la totalidad de la pena. Es decir, que los derechos políticos de los exguerrilleros se recuperen de forma progresiva. (Lea: Los caminos de Santos para implementar nuevo acuerdo de paz).

“Garantizar la autonomía e imparcialidad de la jurisdicción especial de paz sin que eso impida que se introduzcan precisiones sobre su funcionamiento y temporalidad”, señala el documento. Y esto podría ser así, pues el gobierno admitió estar dispuesto a rebatir el punto de justicia transicional en aras de darle mayor claridad ala cuerdo. Por ejemplo, fijar un tiempo límite para que el tribunal de paz funcione. “Precisar las condiciones como se desarrollarán las sanciones alternativas a fin de que haya garantía de que se trate de una sanción seria y significativa”, añaden los integrantes de La Paz Querida.

En el punto donde más ha habido consensos es en del de desarrollo rural integral, que es el primer punto de la agenda de negociaciones de paz. Los delegados del No, incluso, reconocieron que lo que hacía falta era mayor claridad y precisión, más allá de hacer cambios sustanciales. Este aspecto, precisamente, requiere de una explicación más amplia a nivel nacional, pues la preocupación sigue siendo la misma: proteger al campesinado de manera integral “pero que no se oponga a la economía de mercado ni a las diversas formas de inversión en el campo”.

Los cuatro puntos finales tienen que ver con el hecho de asegurar el control de las economías ilícitas; precisar que las Farc contribuyan al desmantelamiento del narcotráfico y poner a disposición de la sociedad colombiana todos los bienes derivados de esa actividad ilegal de guerra; asegurar que la participación plural de las autoridades y comunidades en las instancias de seguimiento e implementación de los Acuerdos no limite las competencias de las autoridades locales, ni permita el monopolio de exguerrilleros de las Farc en las mismas; y precisar que el enfoque protegerá a las mujeres y a la población LGBT, sin afectar la libertad religiosa, ni a otras familias o poblaciones victimizadas, como los grupos étnicos o los integrantes de distintas iglesias. (Lea: Santos quiere hacer conejo con el acuerdo).

Varias de estas preocupaciones están siendo recogidas por el gobierno nacional e, incluso, las Farc han mostrado apertura para recibir las propuestas que han surgido a lo largo de este mes para modificar el acuerdo pactado con esa guerrilla el pasado 26 de septiembre. Si son tenidas en cuenta, tal y como lo esperan las voces del Sí, del No y los abstencionistas, pronto se tendrá un nuevo acuerdo de paz cuya fecha, según el presidente Juan Manuel Santos, está fijada para finales de noviembre.

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