¿Qué tan viable es cumplir las peticiones que motivaron el paro nacional?

Son 15 los puntos del pliego que se le presentó al Gobierno, que van desde la revisión de los TLC hasta garantías de derechos humanos y a las libertades sindicales. Algunos implican esfuerzos fiscales difíciles de aceptar.

En Bogotá, además del rechazo a las políticas del Gobierno, hubo expresiones de respaldo al proceso de paz. / Gustavo Torrijos - El Espectador.

Son 15 los puntos que plantea el pliego de peticiones que el Comando Nacional Unitario —conformado por centrales obreras, confederaciones de pensionados y organizaciones sociales, gremiales y políticas— le presentó al presidente Juan Manuel Santos y que motivaron la jornada de paro que vivió el jueves el país y que se adelantó de manera pacífica por cerca de dos millones de personas, según reporte de la Central Unitaria de Trabajadores. Pero, ¿qué tan viables son en realidad esas peticiones? ¿Hay manera de cuantificar económicamente las reformas que se plantean?

El pliego incluye reclamos como la revisión de los Tratados de Libre Comercio (TLC), el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la campaña por la reelección sobre el restablecimiento del pago de los recargos nocturnos y de dominicales y festivos a los trabajadores, la reducción de los precios de la gasolina, la defensa de la tierra para la producción agropecuaria, la garantía de los derechos humanos, las libertades sindicales y la no criminalización de la protesta, medidas para superar la crisis en la salud y mejoras en la educación, entre otros puntos.

Algunos temas tienen que ver con políticas de Estado. Otros incluso con el desarrollo de los acuerdos de paz que se adelantan con las Farc en La Habana, como lo agrario. Bien es sabido que Colombia es uno de los países más desiguales de Latinoamérica en cuanto a la concentración de la propiedad de la tierra: el 52 % de ella está en manos del 1,1 % de la población. El acuerdo con la guerrilla habla de acceso y uso de la tierra, de una nueva jurisdicción agraria, de la formalización de la propiedad, de protección de zonas de reserva campesina y de programas de desarrollo con enfoque territorial.

Sin embargo, para el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, el Estado no está hoy en capacidad de implementar lo acordado. Por ejemplo, se estableció la creación de un Banco de Tierras para distribuir entre 250.000 familias campesinas, pero el Incoder, que es la entidad encargada de administrarlo, está en liquidación y las dos entidades que reemplazarán sus funciones aún no se han estructurado. Hay más de 18.000 procesos agrarios por tierras despojadas al Estado frenados y, encima de todo, los recursos para poner en marcha esos acuerdos no fueron incluidos en el presupuesto para 2016.

Sobre la promoción de empleo digno y el restablecimiento del pago de horas nocturnas, domingos y festivos  —punto siete del pliego— hubo un proyecto que se intentó tramitar en el Congreso, impulsado por el senador Alexánder López, del Polo, que el mismo Gobierno pidió hundir. “Es falta de voluntad política. Cuando se hizo esa reforma se estableció que si no daba los resultados en generación de empleo y reactivación económica, se les devolvían los derechos a los trabajadores, pero no fue así”, dice el congresista.

Parte de la solicitud es que se les devuelva a los trabajadores los derechos de recargo nocturno después de las 6:00 de la tarde y no desde las 10:00 de la noche, como quedó establecido en la reforma del gobierno de Álvaro Uribe. O sea que una persona que gane el salario mínimo después de esa hora obtendría el 35% más que lo que normalmente vale la hora trabajada. Es decir, pasaría de ganar $2.872 por hora a $3.877. Se estima que la clase obrera ha dejado de percibir entre $2 y $3 billones al año por este concepto.

Lo de los pensionados tiene que ver con la promesa que en junio de 2014 les hizo el presidente Santos de reducirles la contribución en salud (del 12 al 4%). Un año y medio después, ni siquiera se ha presentado un proyecto al respecto en el Congreso y aunque se ha dicho que la idea es implementar ese cambio gradualmente, en el Ministerio del Trabajo advierten que las actuales condiciones fiscales del país no lo permiten. La reforma aplicaría para 1’300.000 pensionados y con ella, por ejemplo, alguien que reciba el salario mínimo ($689.454) entraría a pagar ya no $82.734, sino $27.578 por salud.

Punto de honor en la protesta es el de los TLC. ¿Es posible su revisión? El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo, señala que las cifras demuestran claramente que Colombia se inundó de productos de otros países, mientras la industria nacional está cerrando puertas y dejando personas desempleadas. “Esa idea de que no se pueden modificar es falsa. Se puede hacer por acuerdos entre las partes, por ley de forma unilateral y, además, si la contraparte no está de acuerdo, se puede derogar. La cuestión es simple: si no han sido beneficiosos y es necesario modificarlos, ¿por qué no lo hacen?”, enfatizó Robledo.

La reducción de los precios de los combustibles es otro punto de reclamo, sobre todo de los gremios de camioneros. En el Congreso, el debate lo ha liderado el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien argumenta que no es consistente que mientras el precio del petróleo baje —materia prima con la que se hace el diésel y la gasolina—, el combustible mantenga precios altos.

“En Colombia cada vez que tanqueamos pagamos $1.100 por galón en sobre tasa que va a los municipios y $1.100 que va a la Nación. La salida estaría en eliminar el fondo parafiscal para que se afecte positivamente el precio de la gasolina y se favorezca al consumidor, pues el valor del galón quedaría en $6.500”, dice. Una postura que el Gobierno prefiere no escuchar.

Hablando de salud, Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá y exdirector de Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, considera que buscar cambios de fondo es algo muy complicado, pues la forma como está construida la Ley 100 funciona bien para las EPS, porque tiene garantizados los recursos e incluso son priorizados en los presupuestos del Gobierno, pero después de que se da el dinero no hay quién garantice la calidad en la prestación del servicio. Como quien dice, un enfermo sin remedio.

Y sobre el punto de derechos humanos y protección a las libertades sindicales hay denuncias graves. El tema no es menor y la situación ha llamado la atención incluso de los organismos internacionales. La Unión Europea, por ejemplo, manifestó este miércoles su preocupación por los recientes asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia. Las cifras hablan de 18 líderes sociales asesinados en las últimas dos semanas. Son sólo algunos de los puntos en discusión, algunos viables otros no tanto, aunque el Gobierno dice que la instrucción a los ministros es acelerar la toma de decisiones.