Las tareas pendientes

El presidente Santos junto al ministro saliente, Germán Vargas Lleras. / Presidencia

Salud, en cuidados paliativos

No cabe duda de que el modelo de salud en Colombia colapsó. Desde que Santos llegó a la Presidencia, se dio a la tarea de tramitar una reforma que sacó adelante el ahora director de Planeación Nacional, Mauricio Santa María, pero que resultó un ‘pañito’ de agua tibia que mantuvo la integración vertical de las EPS, aun cuando ya se había comprobado la corrupción de estas entidades y la estrategia de negación de servicios para ahorrar costos. Hoy, el panorama no es nada halagüeño y la solución parece no estar cerca. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ya presentó la ley estatutaria de reforma a la salud, pero aún está pendiente la presentación del proyecto que cambiaría el modelo, que será radicado en la próxima legislatura.

Infraestructura y regalías

Uno de los aspectos que afectan la competitividad en Colombia es el atraso en materia de infraestructura. La promesa del presidente Santos es que gran parte de los recursos por concepto de regalías sean apropiados para este fin. Sin embargo, el cuello de botella que representan las condiciones de contratación hace que las obras no avancen como se espera.

De la mano de alcaldes, gobernadores y proyectos de nivel nacional, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación, el presidente espera elevar a Colombia a un nivel más competitivo, requisito necesario con la apertura del país hacia los tratados de libre comercio.

Los dilemas del campo

 El presidente Juan Manuel Santos puso en la agenda el campo y se ha movido en varios frentes, como la política de restitución y formalización de tierras, por la vía administrativa y a través de los fallos de los jueces agrarios (después de dos años se profirieron, hasta abril, sólo 46 sentencias de jueces de restitución). Un tema que se ha visto ensombrecido por los asesinatos de líderes de dicho proceso (han muerto al menos una veintena desde que empezó esta política). En cuanto a lo económico, hace pocos días se cumplió un año de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y aunque el Gobierno no ha dejado de manifestar que el balance es positivo (775 empresas colombianas exportaron por primera vez a este país), hay sectores cada vez más inconformes. Es el caso de los arroceros, los lecheros, los paperos y en general quienes se sienten amenazados por la importación masiva de productos y la revaluación. Por otro lado, aunque tanto las Farc como el Gobierno han hablado de un avance en la negociación del tema agrario en La Habana, aún no se conoce un acuerdo. En todo caso, por ahora, con el anuncio de la salida del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el interrogante más importante es si este reemplazo será la ficha que se necesita para conjurar la crisis del sector.

Justicia en vilo

Cifras del Banco Mundial ubican a Colombia en el poco honroso sexto lugar entre los aparatos de justicia más lentos del mundo, con las consecuencias que esto trae en materia de impunidad. Por eso, para el presidente Santos era una prioridad el trámite de la reforma a la justicia que tuvo que objetar porque, ante los ‘micos’ que contenía la iniciativa, resultaba más peligrosa la cura que la enfermedad. La ministra Ruth Stella Correa aseguró que presentaría una ley estatutaria para suplir los problemas y ésta no ha llegado al Congreso. Los tribunales siguen atiborrados de procesos pendientes de fallo, las cárceles con niveles de hacinamiento cercanos al 150%. Inquieta que con la apuesta que ha hecho Santos por la paz, una de las prioridades es garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Minería de riesgo

Hace poco, el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, anunció que el Gobierno planeaba abrir las puertas a nuevas titulaciones mineras a finales de mayo, pero una reciente investigación de la Contraloría advirtió que, más allá de la depuración de los títulos mineros otorgados hasta ahora (19.000, según el Ministerio de Minas), hay un reto inaplazable en el sector: “El modelo actual de minería es una apuesta económica arriesgada que está por encima de todas las reglamentaciones ambientales, étnicas, tributarias y de ordenamiento territorial. Necesita una fuerte reglamentación”.