"Temas relativos al honor militar no son negociables": generales y almirantes de la reserva

El cuerpo de generales y almirantes de la reserva activa de las Fuerzas Militares le pidió al Gobierno no ceder ante las “absurdas pretensiones” de las Farc, consideradas desde el comienzo de las negociaciones que se adelantan en La Habana (Cuba) como “líneas rojas o inamovibles”, tales como “hacer política con armas, impunidad, delimitar el futuro de las Fuerzas Armadas y crear zonas de ubicación (concentración) en todo el territorio nacional y bajo condiciones inconvenientes para la seguridad nacional”.

En un comunicado público tras la realización de su primera asamblea general de 2016, los oficiales en retiro expresaron su apoyo a la paz, tal y como lo establece la Constitución, pero al mismo tiempo expresaron su preocupación por lo que consideran ha sido el incremento de las detenciones de militares, incluyendo el reciente caso del mayor general Henry William Torres Escalante, mientras se habla de excarcelación masiva de miembros de los grupos armados. “Los temas relativos al honor militar no son negociables y no se tolera el constante atropello contra la dignidad de los integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia”, dice el comunicado.

Como se sabe, Torres Escalante es el excomandante de la Brigada 16 del Ejército, a quien le Fiscalía le dictó recientemente medida de aseguramiento por dos casos de ejecuciones extrajudiciales. Según el ente acusador, debe responder por los asesinatos de Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, muertos en 2007 en una finca de Aguazul tras denunciar precisamente “falsos positivos”, y quienes fueron paradójicamente presentados como guerrilleros muertos en combate.

En el duro pronunciamiento, los generales y almirantes de la reserva señalan además que toda nueva figura institucional que se expida debe tener en la primera línea de las víctimas del conflicto a los miembros de la Fuerza Pública y a sus familias. “Es por eso que no puede haber dudas en el sentido de que los soldados son afectados principales, como lo es la ciudadanía, por parte de quienes generan la violencia mediante la impugnación armada e ilegal contra el Estado y la sociedad”.

Y subrayan: “Es justo y oportuno que se considere dentro del proceso de paz que se adelanta, el reconocimiento de víctimas reales a los miembros de la Fuerza Pública y a sus familiares directos. Este reconocimiento debe obedecer a una motivación solidaria de los colombianos, complementaria con las obligaciones laborales establecidas por el Estado con dichos servidores. Para ello es necesario aplicar las normas establecidas y aquellas que se reglamenten. En particular, la ley 975, de 2005, conocida como ley de Justicia y Paz. También la ley 1448 de 2011, de víctimas y restitución de tierras, de manera específica su artículo 3ro”.

Por último, enfatizan que todos aquellos integrantes de la Fuerza Pública que han sido golpeados por el conflicto, merecen ser considerados como víctimas, entre ellos, los heridos o mutilados en campos minados o en acciones terroristas de diversa índole, los secuestrados, los muertos en cautiverio, quienes fallecieron en desarrollo de operaciones, los afectados en lo psicológico por las acciones propias del servicio, los desaparecidos, así como también las familias que han perdido a sus hijos, padres y esposos de quienes cayeron en cumplimiento de su deber.