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En entrevista con Noticias Caracol, el fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló que el Estado cuenta por primera vez con el listado de los bienes y los testaferros de las Farc, una información que será utilizada para conciliar con la guerrilla en el momento en que entreguen el inventario de sus bienes.
“Estamos hablando de miles de inmuebles urbanos, rurales, automotores, ganado, dinero, establecimiento de comercio que tenemos identificados (…) Estamos hablando de billones de pesos”, señaló Martínez.
La información que está en poder del Estados, según explicó Martínez, fue obtenida luego del análisis de 5’500.000 archivos electrónicos por parte de un grupo de 300 personas organizado, específicamente, para reabrir archivos de operaciones militares y policiales.
Señaló que se cuentan con nombres y cédulas de quienes tienes los activos ilícitos y, aunque no reveló ninguna identidad, señaló que están involucradas grandes empresas con las que los colombianos tienen contacto diario.
“Las Farc tienen que entregar el próximo primer de agosto un inventario de sus activos. Ahora, el Estados tiene cómo conciliarlo. Lo importante es que ellos hagan su inventario”, dijo Martínez.
Añadió que el acuerdo de paz no limpió los bienes de las Farc y que los activos ilícitos siguen siendo ilícitos, y que quienes son testaferros de estos bienes tendrán que someterse a la justicia ordinaria y no a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Decreto 903 de mayo de 2017
El fiscal Martínez llamó la atención sobre el decreto 903, que expidió el Gobierno Nacional el pasado 29 de mayo, y que dicta las disposiciones de un inventario de bienes y activos de las Farc.
“Que con ese patrimonio se repare a las víctimas es un fin plausible, pero resulta que el decreto tendrá por objetivo reparar a las víctimas y financiar programas contemplados en el punto 3.2.2 del acuerdo final, que son programas económicos y sociales para la guerrilla”, señala Martínez.
Incluso, comenta sobre que ese punto establece la creación de un centro de pensamiento para el nuevo partido político que surja de las Farc.
“Si se lee el decreto crudamente, implicaría que con parte de esos activos se va a financiar la actividad política de las Farc (…) Eso generaría inequidad en el debate político. La esencia del acuerdo es que ellos están bienvenidos a hacer política, pero en igualdad de condiciones”, expresó Martínez.